A estas alturas de la película ya sabemos muy bien que los políticos españoles viven encerrados en sus propias torres de marfil, completamente ajenos a la realidad de este país. Pero, en el caso de las pensiones, ya rizan el rizo y no sólo no quieren aceptar que el sistema público español es inviable, sino que, encima, se empeñan en pretender salvar la ‘utopía’ socialista, de izquierdas y de derechas, que lo ha condenado a muerte y que revela también los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país. Me explico.
Como todos ustedes saben, nuestro sistema de pensiones se basa en el modelo de reparto, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales. Ese sistema va bien mientras la pirámide de población tenga forma de pirámide, valga la redundancia, y fracasa en cuanto cae la natalidad y adquiere forma de rombo, que es lo que sucede en nuestro país. Vamos, que el sistema funciona si hay cada vez más gente pagando a quienes les llega el momento de recoger sus beneficios y quiebra en cuanto esto no es así. En el mundo financiero, a esto se le conoce como ‘esquema Ponzi’ y es lo que hacían Madoff, Gescartera, el Fórum Filatélico o Afinsa, con los resultados que todos ya conocen y con sus responsables en la cárcel o sentados en el banquillo. En el mundo de la previsión social se le llama sistema de reparto y aquí nadie paga por los platos rotos, sobre todo cuando se sabía desde hacía más de quince años que iba a ocurrir lo que ya está pasando, esto es, que el modelo es inviable y empobrece dramáticamente a los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que propone la comisión del Pacto de Toledo? Pues nada de liquidarlo, que sería lo lógico, y pedir cuentas a quienes nos han llevado a esta situación porque, al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que forman la susodicha comisión. Lo que propone es incrementar las cotizaciones sociales, ampliar el periodo de cómputo de la pensión e incentivar, porque no se atreven a recomendar, el retraso en la edad de jubilación. Es decir, trabajar más tiempo y pagar más para cobrar menos, todo con tal de mantener la ‘solidaridad’ del sistema.
La obsesión fundamental de las recomendaciones de la comisión es recaudar más y, para ello, entran en temas sociolaborales sin entender lo más mínimo acerca de los mismos y de cómo nuestra política socialista del mercado de trabajo explica los altos niveles de paro y, con ello, los problemas de la Seguridad Social. El documento, por ejemplo, critica las prejubilaciones, sin entrar en el problema de por qué las empresas optan por desprenderse de los trabajadores de más edad, en muchos casos para sustituirles por jóvenes, cuando tienen que abaratar sus costes laborales para poder sobrevivir. Y el problema sencillo de entender: estriba en esos pluses por antigüedad –trienios, sexenios y demás– que perciben los trabajadores de más edad debido al tiempo que llevan en la empresa y que, en muchos casos, su montante supera el salario base. Este es un sistema de retribución pernicioso por el cual se liga la misma no a la productividad, como sería lo lógico, sino al tiempo de permanencia en la empresa y al final se vuelve en contra de sus beneficiarios porque los manda a casa o los condena al paro. Si se quieren evitar las prejubilaciones, que tanto daño hacen al sistema de reparto, hay que acabar con este modelo de retribución salarial instaurado en los tiempos de Franco. La comisión del Pacto de Toledo no dice nada al respecto.
Lo mismo sucede en lo que se refiere a los jóvenes. La comisión insiste en la formación como vía para que puedan conseguir un empleo y, en cierto modo, tienen razón. Si aquí no nos empeñáramos en que todo el mundo tiene que ir a la universidad, con independencia de su valía, y limitáramos este derecho a quien de verdad tiene capacidad para ello, con independencia de sus circunstancias económicas, al tiempo que se dignifica y se potencia la formación profesional; si los planes de estudio se desideologizaran y se centraran en formar verdaderamente personas y en adecuarse a las necesidades de las empresas, además de promover las vocaciones empresariales, otro gallo nos cantaría. Pero también hay otra cuestión que explica que, en estos momentos, casi la mitad de los jóvenes españoles estén en paro y no es otra cosa que el salario de contratación que imponen los convenios colectivos sin tener en cuenta que una persona sin experiencia laboral y con una formación deficiente produce mucho menos que alguien con esa formación y experiencia que, dadas las actuales circunstancias, sólo puede aportar la empresa. Esto se arreglaría con contratos de aprendizaje, que impliquen salarios más bajos durante su vigencia, pero la comisión del Pacto de Toledo tampoco dice nada al respecto, porque aquí lo que importa es que todos seamos iguales, con independencia de lo que aporte cada cual al proceso productivo o de la retribución que obtenga por su participación en el mismo.
Para más inri, la comisión del Pacto de Toledo insiste en la promoción de la previsión social complementaria, esto es, que los trabajadores suscriban planes privados de pensiones para complementar la prestación pública cuando llegue el momento de la jubilación. Decir esto es decir que el sistema no da más de sí y que hay que ir hacia un modelo de capitalización –las cotizaciones individuales de hoy pagan la pensión individual de mañana– o, al menos, a uno mixto. O sea, reformar el sistema. Pues ya lo podían haber hecho hace quince años en vez de insistir en mantener el modelo de reparto a cualquier precio. Además, ¿de dónde van a salir esos recursos adicionales para contribuir a un plan privado de pensiones? Porque para una familia con, al menos, uno de sus miembros en paro eso es un lujo que no se puede permitir. Lo mismo que quien esté pagando una hipoteca a veinte, treinta o cuarenta años, que se les ve y se las desea para llegar a fin de mes. Y, encima, suben los impuestos, sube el recibo de la luz, sube el petróleo y, con él, subirán los alimentos y otros productos... pero los sueldos se quedan congelados o, peor aún, se recortan para que puedan sobrevivir las empresas y mantener los empleos que generan; o quien se ha ido al paro y tiene la suerte de encontrar un nuevo puesto de trabajo probablemente va a ganar menos que en su empleo anterior. ¿Cómo se puede ahorrar para un plan privado de pensiones en estas circunstancias? De ninguna manera. A esto es a lo que nos ha llevado la legislación de inspiración socialista que regula tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones, como la política antinuclear de ZP, como la política de intervención del suelo, como la política de gasto público de este país... Y la comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo, probablemente porque son diputados y a ellos ni los problemas salariales de los españoles ni los del futuro de su pensión les afectan.