Es de lo más sencillo. Las cuentas no cuadran. Los balances se desmoronan. El déficit crece, como las deudas. ¿De dónde sacará el dinero este Gobierno? De un oscuro impuesto indirecto del que apenas sabemos algo y que se aplica universalmente sobre todos los españoles. Estamos hablando del impuesto sobre los carburantes, especialmente, sobre la gasolina y el diesel. Es un impuesto oscuro porque pocos saben bien cómo se instrumenta, por qué sube, por qué baja y cuánto se lleva el estado de cada litro. Es un impuesto letal porque no tenemos más remedio que pagarlo si no queremos volver a la Edad de Piedra en el troncomóvil. Paga o muere, vamos. Es un injusto impuesto, como todos los indirectos, porque afecta lo mismo a Emilio Botín, por poner un ejemplo, que a un autónomo que recorre las calles de una gran ciudad en busca de su cliente. O de un asalariado que tiene que recorrer decenas de kilómetros para llegar a una capital sin derecho a plus de transporte, que los hay a miles. O de cualquiera de nosotros.
La gasolina y el diesel están a punto de batir la subida récord de precios del año 2008. La gasolina cuesta este fin de semana nada menos que 1,230 euros/litro, sólo 0,046 euros menos que el máximo histórico que marcó hace dos años y medio en 1,276 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea comparados por Efe. Por su parte, el gasóleo de automoción, el gasoil de coches, ha subido hasta marcar una media de 1,149 euros, su precio máximo desde octubre de 2008. En este caso, el récord está un poco más lejos por cuanto la subida máxima de entonces llegó a los 1,329 euros por litro.
Pero, ¿cómo es que suben estos productos de primera necesidad cuando el precio del barril de crudo tipo Brent está situado en torno a los 91 dólares, casi 60 dólares más bajo que el máximo histórico de 147,5 dólares ocurrido en 2008? Algún Rififí está metiendo la mano en nuestros bolsillos y se está quedando con el poco dinero que nos queda. Esto es una subida de impuestos en toda regla sin que ningún aparato democrático del Estado quiera hacer nada ni decir nada.
Tenemos más de 22 millones de coches, un coche por cada dos habitantes, sin contar motos, ni camiones ni tractores. Y la mitad de lo que paga cada uno de ellos en llenar el depósito va al Estado en su conjunto en calidad de impuestos. Es natural que si el precio de crudo sube, se repercuta tal circunstancia en el litro de combustible. Pero si baja, igualmente debería hacerse y por ley. Pero no. Cuando el Estado debe hasta callarse, como se dice en el Sur, los precios no bajan sino que se mantienen e incluso se suben. ¿Para qué? Para aliviar las penas de Zapatero y su Gobierno ineficaz y arruinante. Esto es, un señor llega y quiebra un país o casi. Y para salvarse, nos exprime la cartera sin que podamos decir ni pío. Y todo el mundo político calla. Ni hay posibilidades de quitarse a un inepto de encima ni hay posibilidades de enjuiciarle por el daño causado ni es posible detener su inevitable batacazo ni hay quién proteste por este atraco perfecto que se perpetra día tras día sobre el ciudadano indefenso.
La democracia española está enferma. El ciudadano no cuenta más que para pagar y callar. Te multan con la gasolina cuando les da la gana y no pasa nada. Cuando se la va la luz y nos destroza un trabajo en el ordenador; cuando se va internet y te deja dos días sin poder trabajar ni cobrar; cuando se cierra un aeropuerto... Aquí nadie debe ni paga nada a quien ha sufrido los desperfectos de un mal servicio o una mala gestión. Esto tiene que cambiar radicalmente. El tiempo de los súbditos ha pasado aunque nuevos señores feudales quieran ocupar el espacio de los que están por encima de la ley y de la gente.
