Se les aplica y se les amenaza indistintamente con la justicia militar o la civil, con parte de una y parte de la otra según interés gubernamental y a golpe de opinión pública.
Más allá de la culpabilidad, que deberá ser dilucidada en los tribunales, por los hechos acontecidos el pasado viernes –y a menos que se busque venganza–, cabe recordar que la situación actual de los controladores es de extrema indefensión legal y judicial. Con los dos decretos, el de la noche del viernes y el de la mañana del sábado, estas más de dos mil personas han perdido sus derechos civiles fundamentales, puestos en suspenso por el Gobierno indefinidamente. Fruto de su nueva condición militarizada, tienen restricciones básicas en relación con las comunicaciones, movimientos, y actividades públicas, como el resto de uniformados. Que eso y no otra cosa es lo que significa militarizarlos a la fuerza.
Pero al mismo tiempo, los controladores no están amparados por las ordenanzas por las que se rigen los militares profesionales, que ni conocen ni tienen por qué conocer y que nadie ha tenido la molestia de explicarles. En otros términos: el Gobierno les está aplicando los deberes militares, pero obviando los derechos que como tales les corresponderían.
Zapatero, Rubalcaba y Chacón han procedido a una suerte de leva en masa obligatoria de civiles, eso sí, cualificados y muy odiados por sus salvajes andanzas. Enrolados obligatoriamente en el ejército, los controladores no conocen ahora ni cuáles son sus derechos ni cuáles son sus deberes. Nadie se lo ha explicado, entre otras cosas porque Zapatero los ha puesto bajo jurisdicción militar sin aplicársela con todas las consecuencias.
Porque además, que las autoridades militares ahora al mando no hayan actuado contra los controladores con el Código Penal Militar en la mano –a lo que están obligados– introduce un plus de arbitrariedad que pende sobre su cabeza. A día de hoy no saben a qué atenerse y los pone en la indefensión más absoluta ante Rubalcaba y Blanco.
No es sólo que los controladores sin ser militares sean tratados como tales y se les amenace con hacer uso de la justicia militar, que es lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, Blanco anuncia que los golpeará civil o penalmente desde el otro flanco, el civil y administrativo. Mientras se les persigue civilmente, a los controladores los mantiene Chacón sujetos manu militari impidiendo que organicen una defensa legal que les corresponde en un Estado democrático. Se encuentran en un limbo legal: se les aplica y se les amenaza indistintamente con la justicia militar o la civil, con parte de una y parte de la otra según interés gubernamental y a golpe de opinión pública, que es lo que se está haciendo y que es lo anticonstitucional e inadmisible en este asunto.
La situación legal es insostenible y no se debiera mantener por más tiempo. El Partido Popular deberá pensarse dos veces si aprueba mantener a dos mil quinientos ciudadanos españoles en un limbo legal, perdidos entre lo civil y lo militar y sujetos a los vaivenes propagandísticos del Gobierno. Y esto sí es incompatible con la Constitución.
