El gran drama de la izquierda es que no hay salida a la crisis por ese lado. La mejor prueba de ello es que en la Unión Europea apenas queda algún gobierno socialista y que los que sobreviven estén condenando a sus países a ser los últimos en salir de la recesión e incluso a llevarlos a la quiebra. Al inicio de la crisis financiera internacional el presidente del Gobierno español creyó ver en ella el fracaso de la economía de mercado y se apuntó con entusiasmo a la refundación del capitalismo. Cuando al fin cayó en la cuenta de que la crisis afectaba de lleno a nuestro país, tras meses de negar la evidencia, la recesión española era consecuencia de una conspiración de especuladores externos que pretendían hundir nuestra economía. Para hacer frente a la crisis aplicó entonces las teorías keynesianas de estímulos a la demanda cuyo ejemplo más disparatado fue el famoso Plan E de los carteles gigantes. La respuesta a la crisis debía ser más inversión pública, más regulación, más impuestos e incluso se planteó la nacionalización de algunos sectores. En definitiva, más socialismo. Tras el estrepitoso fracaso de esa vía ahora las grandes empresas son llamadas con un SOS para que acudan a La Moncloa.
De toda aquella teoría anticapitalista al socialismo español apenas le queda una retórica gastada para culpar a Bush y Aznar de la crisis. Resulta alucinante que quién ha generado en España cerca de cinco millones de parados culpe de sus desgracias a quién creó en este mismo país cinco millones de empleos unos años antes, pero los socialistas nunca dejan que la verdad les estropee un buen eslogan. La realidad, sin embargo, es que la política económica del Gobierno ha tenido que amoldarse, por imperativo de los mercados y de sus socios europeos, a una mínima ortodoxia: control del desbocado déficit público, recortes sociales e incluso plantearse algunas privatizaciones.
El problema de fondo es que Zapatero está practicando a la fuerza una política no sólo en la que no cree, sino que traiciona todas y cada una de sus promesas electorales y atenta contra sus principios más elementales, como el mismo ha reconocido. Eso significa que su acción política va siempre a remolque de las circunstancias, que el Gobierno ha perdido la iniciativa y que no tiene capacidad alguna de anticipación para hacer frente a los sucesivos envites de la crisis. Su política, además, adolece de una falta absoluta de confianza porque carece de la convicción, la determinación y el coraje para ejecutarla con un mínimo de credibilidad. La sensación en los mercados, en sus socios europeos y entre los propios ciudadanos es que Zapatero ha adoptado las decisiones que se le exigen bajo presión, pero no hay ninguna fe en que quiera y pueda sostener esa política en el tiempo o que no busque cualquier resquicio para escabullirse si tiene la mínima oportunidad.
La foto de Zapatero con los grandes empresarios españoles genera sentimientos contradictorios. Muchos socialistas de base le reprochan porque un Gobierno socialista invierte miles de millones de euros en salvar bancos o empresas mientras recorta el sueldo de los funcionarios o congela las pensiones. Muchos pequeños y medianos empresarios o trabajadores autónomos se cuestionan porque a ellos no les llama el presidente del Gobierno a pesar de que su situación es aún más desesperada que la de las grandes multinacionales españolas. Los sindicatos, que tanto hicieron por aupar y mantener a Zapatero en el poder, observan atónitos como la sintonía del Gobierno con los grandes empresarios es mucho mayor que con ellos mismos.
España tiene empresas líderes en varios sectores a escala mundial que merecen y deben ser escuchadas. Ni siquiera voy a criticar que el presidente del Gobierno les llame un día antes de unas elecciones para intentar rentabilizar esa foto. Tampoco confío en que la reunión tenga en realidad utilidad alguna, porque considero a Zapatero un líder absolutamente amortizado. Sólo espero que alguno de los hoy convocados tenga el coraje de decirle lo que piensa una mayoría de españoles: que él y sus contradicciones son el principal factor de desconfianza e incertidumbre para la economía española. A quiénes Zapatero debería convocar cuanto antes es a cuarenta y siete millones de españoles para pedirles su opinión en las urnas.