"España es demasiado grande para ser rescatada". Esta advertencia recorre el mercado desde hace meses. En el trasfondo del debate subyace la supervivencia misma del actual euro. La visión de la mayoría de analistas se resume del siguiente modo: el Fondo de rescate de 750.000 millones de euros, aprobado por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), puede soportar la caída de Grecia, Irlanda y Portugal, pero si la crisis de deuda aterriza en España no habrá suficiente dinero para salvarla, entre otros motivos, porque el Fondo tan sólo puede asistir a tres países al mismo tiempo para mantener su máximo rating (calidad crediticia).
Así pues, llegado el caso, se abriría un escenario completamente nuevo y desconocido dentro de la zona euro, cuyos efectos podrían ser dramáticos: ¿préstamos bilaterales?; ¿intervención directa del FMI?; ¿quitas y reestructuración de deuda dentro del euro?; ¿abandono o expulsión del euro?; ¿desintegración de la Eurozona en dos o más áreas? En esencia, incertidumbre y riesgo, términos que arengan la ya elevada desconfianza, por no decir pánico, de los inversores, tal y como se está observando en los últimos días.
Lo único cierto es que, tal y como advertimos hace tiempo, los Estados también quiebran. Y, aunque resulta imposible predecir con exactitud la sucesión de los hechos en una situación de tal calibre, existen ejemplos cercanos sobre los efectos devastadores que implica un default (suspensión de pagos) soberano. ¿Se acuerdan de Islandia? Fue el primer país en quebrar oficialmente tras el estallido de la crisis financiera internacional.
Sus problemas fueron similares a los que padece hoy Irlanda: sus tres grandes bancos –que representaban el 85% de sus sistema financiero– quebraron como resultado de un brutal descalce de plazos (origen de la crisis), ya que se endeudaron a muy corto plazo en el exterior (euros) e invirtieron a largo plazo (hipotecas); el Gobierno nacionalizó la banca para evitar su caída, pero su enorme peso (casi 10 veces el PIB nacional) acabó tumbando al propio Estado islandés, declarándose oficialmente en quiebra y solicitando asistencia al FMI.
Desde entonces, finales de 2008, la economía islandesa sigue en cuidados intensivos: su PIB se hundió casi un 7% en 2009 y un 3% en 2010; el PIB per capita (riqueza media de cada habitante) ha pasado de 53.100 dólares en 2008 a apenas 39.500 en 2010, un 25% menos, según datos oficiales del FMI; su tasa de paro ha escalado desde un inexistente 1,6% en 2008 hasta el 8,6% actual; su deuda pública desde el 71% del PIB hasta el 115% en los dos últimos años; la inflación acumula un aumento próximo al 40% desde enero de 2007; la renta disponible se desplomó un 20,3% sólo en 2009; el salario medio real (descontada la inflación) ha caído un 10,1% desde 2007; el 63% de los hipotecados poseen una vivienda cuyo valor de mercado es inferior a la deuda contraída con el banco; el 40% de los propietarios del país son "técnicamente insolventes" y, por tanto, no podrán devolver la hipoteca; su moneda (la corona) se ha devaluado un 60% desde julio de 2006...
¿Seguimos? Y eso, teniendo en cuenta que ha recibido ayuda exterior y su Gobierno sigue monotorizado por el FMI. De hecho, el pasado 14 de noviembre, una delegación de dicho organismo visitó la isla para supervisar la situación económica de Islandia. Según el comunicado oficial, el país aún tiene que acelerar la reestructuración de su abultada deuda (pública y privada) para salir de la crisis, con lo que aún queda recorrido para proclamar la ansiada recuperación.
Así pues, Islandia, uno de los países más ricos y con uno de los mayores niveles de calidad de vida del mundo hace apenas tres años, está aún inmersa en una profunda agonía económica y un acelerado empobrecimiento de su población, que apenas supera los 300.000 habitantes. Imagínense por un momento este mismo proceso en un país de más de 40 millones de personas. Otro ejemplo reciente sería, cómo no, el de Argentina, de todos conocido. La cuestión es que, independientemente de los derroteros que podría suponer la quiebra o rescate de España, así como su permanencia o no en el euro, escenarios todos ellos trágicos, la clave del asunto es que el Gobierno aún puede evitar la catástrofe si asume su responsabilidad haciendo las profundas reformas de liberalización económica que precisa el país, así como un histórico plan de recortes de gasto público e, incluso, impuestos, para reducir el déficit y evitar el precipicio. España se enfrenta a un punto de inflexión que bien podría determinar el futuro de toda una generación de españoles. Zapatero está cada vez más cerca de ver cumplida su gran aspiración política: la de pasar a los anales de la historia.