Europa entera vive desde hace seis meses inmersa en un importante debate presupuestario. Lejos de solucionar la crisis, las políticas manirrotas de gasto público y déficit presupuestario han agravado los problemas. En apenas dos años y medio Keynes ha resucitado y ha vuelto a morir. Ahora la mayoría de los países se afanan en convencer a los mercados de que están decididos a equilibrar el presupuesto en unos pocos años y de que dejarán a un lado los planes de despilfarro.
Hasta ahora la Unión Europea parecía inmune a este debate y tanto la Comisión como el Parlamento estaban empeñados en incrementar en un 6,19% el presupuesto europeo del año próximo. Y si no es por la victoria de David Cameron en el Reino Unido posiblemente el europresupuesto hubiese crecido en ese monto sin apenas oposición. Sin embargo, desde finales de septiembre el ministro de negocios e innovación del Reino Unido, Vince Cable, ha estado criticando que la Unión quede al margen de los recortes.
La Comisión Europea, con Barroso a la cabeza, reaccionó a las críticas del Gobierno británico proponiéndole a los Ejecutivos de los Estados miembros una propuesta que pensaban que jamás rechazarían: reducir su aportación al presupuesto comunitario a cambio de permitir que la UE pueda, a partir de 2014, imponer tributos directamente a los ciudadanos europeos. En la actualidad casi el 90% de los fondos de la Unión provienen de aportaciones de los Estados miembros y tanto la Comisión como el Parlamento Europeo creyeron ver en la crisis presupuestaria de muchos países una oportunidad para "independizarse". Por eso Barroso se apresuró a emitir una propuesta en la que explica el tipo de impuestos que podría establecer a escala europea después de 2013, todos ellos muy de moda. Destacan en ese creativo documento la implantación de un impuesto sobre el transporte aéreo, una cuota sobre un nuevo impuesto energético europeo, la recolección de beneficios de la subasta de derechos de emisión de CO2, la implantación de un impuesto sobre las actividades financieras, el establecimiento de un IVA europeo o la introducción de un impuesto sobre la renta a nivel de toda Europa.
Afortunadamente, y contra todo pronóstico, las críticas de Cameron y sus ministros encontraron eco en Angela Merkel, quien a comienzos de este mes rechazó de plano el establecimiento de un impuesto europeo. Cameron aprovechó la posición de la canciller alemana y su enfrentamiento con las instituciones europeas para proponer en la pasada cumbre europea que en vez de crecer un 6,19%, el presupuesto de la Unión aumentara un 2,91%. El primer ministro británico recibió inmediatamente el apoyo de los gobiernos de Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Francia, Austria, Eslovenia y Estonia. Los cinco primero países están además claramente en contra del establecimiento de los nuevos impuestos europeos.
Estas dos disputas sobre el incremento del presupuesto europeo y sobre el establecimiento de impuestos paneuropeos han provocado que por ahora el presupuesto de la UE para 2011, que por primera vez se negocia de acuerdo con las reglas del Tratado de Lisboa (que establece el acuerdo en igualdad de condiciones entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo), quede bloqueado. En el fondo lo que está en juego no es tanto si las instituciones de la Unión Europea deben gastar 126.000 millones o 268.000 millones más (que también), sino si el proyecto europeo sigue siendo controlado a través de su financiación por los Estados miembros o no. Bruselas ya ha demostrado que incluso con presupuestos moderados es capaz de dañar enormemente la competitividad y la libertad de mercado a través de una gigantesca maraña de directivas intervencionistas. Si además se le otorga la capacidad de crecer a su antojo gracias a estos nuevos impuestos europeos, el estatismo europeo se expandirá aún más rápido y de manera imparable.