Hace unos días, los Grupos de Economía y de Administración Pública de Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentaron un estudio acerca del sobrecoste de las Entidades Locales. Son varios los artículos y referencias de esta presentación y recomendamos por completo, el resumen escrito por Carmelo Jordá en Libertad Digital.
Por nuestra parte, vamos a centrarnos en esta ocasión en la segunda parte del estudio presentado: la presencia de economías de escala en la provisión de servicios a los residentes de los 8.112 municipios de España, y en concreto, señalaremos algunas precisiones sobre el tamaño municipal y la eficiencia local.
Los gráficos en los estudios económicos son reveladores, porque resumen con precisión las conclusiones de multitud de datos. Tal es el caso presente. Por un lado se ha medido el porcentaje de la población total de los municipios y, por otro lado, se ha contrapuesto el correspondiente del gasto municipal para la suma de municipios ordenados desde el mayor (Madrid) al más pequeño. La principal conclusión que se desprende de este gráfico es que la escala más eficiente en España es la de municipios con 20.000 habitantes, donde los mismos ingresos pueden brindar servicios a un mayor número de residentes. A partir de ese tamaño municipal, cuesta progresivamente más dar los servicios mínimos a la población. En ciudades con más de 20.000 habitantes existen economías de escala, con contadas excepciones, aunque no son tan eficientes como los municipios de 20.000 debido a problemas de gestión y de congestión. En municipios con menos de 20.000 habitantes, las economías de escala desaparecen rápidamente, lo que lleva a los autores del informe a presentar una simulación del ahorro potencial que resultaría de concentrar los municipios en agrupaciones de 20.000 habitantes: 16.142 millones de euros al año.
A pesar de todas las simplificaciones y premisas del estudio de la UPyD, este es el primer análisis sobre las consecuencias económicas de no haber afrontado en España una reforma municipal acorde a las nuevas necesidades, tal y como lo ha llevado a cabo toda Europa durante las últimas décadas, a excepción de Italia.
Podríamos preguntarnos el porqué no ha tenido lugar dicha reforma en nuestro país. Y son varias las posibles respuestas. En primer lugar, el hecho de que la democracia en España naciera con el principio de descentralización como eje fundamental del nuevo sistema. Todo lo local se veía como un valor al alza e hizo que se omitieran a conciencia los límites de la descentralización ante la presencia de economías de escala.
Un segundo factor de peso en el inmovilismo municipal tendría connotaciones de carácter crematístico: el peso de todos los intereses creados por la existencia de un muy considerable número de cargos públicos bien remunerados. A las 7.727 alcaldías en municipios de menos de 20.000 habitantes en España hay que sumar otros 62.158 concejales, seguido de multitud de empleados públicos, empresas colaterales, coches oficiales, dietas, representaciones en la capital de provincia, etc... Es decir, hay toda una casta de cargos públicos con intereses creados que se resisten a ver peligrar lo "suyo". Para ello, el Estado y las comunidades autónomas tendrían que actuar en concierto para ir incentivando una progresiva concentración municipal que provocara la reducción de todo este sobrecoste, pero asegurando la efectividad de los servicios a los ciudadanos.
Ante la idea de concentración municipal es cierto que provoca una cierta alarma sobre las consecuencias que pueden sufrir las pequeñas poblaciones, sobresaliendo la posible despoblación del campo. Los autores del informe de la UPyD no lo creen, pero este temor debe ser tratado en la nueva reorganización, teniendo en cuenta las realidades y acudiendo a fórmulas que permitan a las pequeñas poblaciones mantener su carácter. Es decir, el estudio de la UPyD no aboca por la eliminación de pueblos en España. Lo que ha intentado es poner de relieve, por primera vez, que el sistema administrativo local, tal y como está configurado, admite excesos evidentes de cargos, gestores, entornos y dádivas que sumando sus cifras alcanzan un coste superfluo de 16.000 millones de euros cada año. Este sobrecoste debe tratarse con seriedad, y para ello no cabe más que proceder a una concentración administrativa que elimine aquellos gastos redundantes, sin menospreciar los servicios a los ciudadanos y consiguiendo que dichos servicios sean eficientes, racionales y que alcancen a todas las personas que componen la totalidad del municipio.
En definitiva, hay muchas maneras de emprender una reforma municipal que ayude a alcanzar una modernización de la Administración en España sin incurrir en efectos no deseados. Pero para iniciar este proceso es imprescindible concienciarse y cuantificar ese posible ahorro potencial, un primer paso que acaba de dar la UPyD con su estudio sobre las entidades locales.