Cada día que pasa resulta más preocupante la actitud del Gobierno frente a la huelga general de la próxima semana. Y no lo digo porque el Ejecutivo no se esté preocupando por defender el derecho a trabajar a quien no quiera secundar el paro convocado por UGT y CCOO –que es un derecho teóricamente tan constitucional y sacrosanto como el derecho a la huelga–, que no lo está haciendo; sino porque la sensación que está transmitiendo es la de que, en el fondo, quiere que triunfe una huelga que, en última instancia, va contra él por mucho que los sindicatos quieran aparentar todo lo contrario. Porque una cosa es lo que digan Méndez y Toxo, que tienen que velar por que no se cierre el grifo de las ingentes subvenciones estatales que reciben sus respectivas centrales, y otra muy distinta el sentir de muchos delegados sindicales que, en cuanto pueden, despotrican de Zapatero y los suyos en público y en privado. Por no hablar ya del sentir mayoritario de la población, que tiene muy claro los nombres y apellidos de quiénes nos han metido de hoz y coz en la crisis y de quiénes no sólo no hacen nada para resolverla, sino que ponen todos los palos posibles en las ruedas de la recuperación por no hacer, o no dejar que se haga, lo que hay que hacer.
Los sindicatos andan envalentonados estos días diciendo que van a paralizar Madrid, Barcelona y las demás grandes ciudades españolas y todo lo que se les ponga de por medio. Sin embargo, el apoyo a la huelga entre los españoles es muy bajo y son muchos los que el próximo 29 de septiembre quieren acudir a su trabajo. ¿Cómo van a paralizar UGT y CCOO el país si no cuentan con el apoyo social necesario? Pues ya se sabe, haciendo que el transporte público no funcione y empleando masivamente los piquetes y sus consabidas tácticas liberticidas para que unos pocos se impongan a la voluntad de la mayoría y se salgan con las suyas. Ante esto, el Gobierno tiene dos instrumentos para combatir la que se puede avecinar: los servicios mínimos y la policía. De momento, sin embargo, el Ejecutivo ya ha renunciado a emplear uno de ellos al ceder ante la propuesta de servicios mínimos en los transportes presentada por los sindicatos, que es de un 25% en los trenes que deben llevar a los ciudadanos a su puesto de trabajo. Recordemos que cuando los sindicatos convocaron este verano la huelga salvaje del metro contra Esperanza Aguirre los servicios mínimos fueron del 50%, con el fin de defender la libertad de quienes no quieren sumarse al paro. Eso es lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Fomento quien, sin embargo, se ha rendido incondicionalmente a las centrales sindicales, dando así un paso importante para que una huelga general llamada a priori al fracaso pueda triunfar. Y muy posiblemente cabe esperar lo mismo en cuanto a que la policía reciba instrucciones del Ministerio del Interior para garantizar que quienes quieran abrir sus comercios y sus oficinas puedan hacerlo, con lo cual es muy probable que el 29-S los piquetes campen tranquilamente por sus respetos y tomen como rehén al conjunto de la ciudadanía.
¿Por qué el Gobierno deja hacer cuando un triunfo de la huelga puede suponer un desgaste aún mayor para él que la convocatoria del paro en sí misma y un nuevo descrédito ante los mercados? Pues muy sencillo, porque Zapatero ya no está pensando en solucionar la crisis sino en las elecciones y, por ello, quiere congraciarse con la izquierda más izquierdista de este país, empezando por unos sindicatos que se distanciarían de él si no les dejara hacer de las suyas el próximo miércoles. Y es que ZP cree que con guiños y más guiños hacia su izquierda puede salvar algo más que los muebles en las próximas convocatorias a las urnas. Así se explica que ahora venga con eso de subir los impuestos a las rentas superiores a 120.000 euros, una media que apenas tendrá efectos recaudatorios pero que sí promoverá la salida del ahorro y de las personas más cualificadas de España. Así se explica igualmente que a estas alturas haya presentado en el Parlamento la Ley de Economía Sostenible, que, en el mejor de los casos, no va a servir para nada pero que queda muy bien ante la progresía militante de nuestro país. Y así se explica ahora que el Gobierno esté haciendo dejación de sus funciones y allanando el camino para que la huelga del 29-S pueda triunfar, en contra del sentir y el deseo de la inmensa mayoría de los españoles.
Zapatero, sin embargo, puede estar cometiendo un importante error al dar rienda suelta a los sindicatos. Todo el mundo sabe, y los mercados los primeros, que un Gobierno que cede ante ellos es un gobierno maniatado a la hora de tomar las decisiones que hay que tomar para superar la grave crisis económica que padece nuestro país. Si, como parece, el Ejecutivo va a dejar hacer a las centrales sindicales y, al día siguiente de la huelga, va a tratar de recomponer sus relaciones con ellas en esa serie de guiños para atraerse el voto más izquierdista de nuestro país, los mercados empezarán a confirmar la idea que ya sacaron los principales inversores de Wall Street este martes tras su desayuno con Zapatero: que ZP no sólo es incapaz de hacer lo que hay que hacer para salir del profundo abismo en el que hemos caído, sino que además sus medidas y decisiones lo convierten en un agujero aún más profundo si cabe. Y, como es lógico, volverán a actuar en consecuencia, esto es, sacudiendo de lo lindo a los bonos españoles y cerrando el grifo a nuestros bancos y empresas. ¿Quién podrá salvarnos entonces? Un ZP al que le encantaría apoyar públicamente la huelga, desde luego que no; los sindicatos, tampoco.