El Ministerio de Trabajo está considerando ampliar el periodo de cálculo de la pensión de quince a veinte años, lo que implica un recorte de la prestación por jubilación del 5% con respecto al nivel actual. Este no es más que el primer paso de un proceso de rebaja de las pensiones que se irá materializando a medida que se vaya avanzando en la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, lo cual supondrá una reducción de la pensión del 35% con respecto a los niveles actuales. Dicho sencilla y claramente, cuando nos retiremos, vamos a ser la tercera parte más pobres que los jubilados actuales, gracias a que la nefasta clase política de este país siempre se ha negado a afrontar la reforma de la Seguridad Social.
Quienes no quieren ni oír hablar de semejante reforma siempre argumentarán que la ampliación del periodo de cómputo es algo que ya figura en el Pacto de Toledo y que de lo que se trata, en última instancia, es de salvar el sistema público de pensiones. Y dicen bien, porque lo que pretenden es que las pensiones sigan siendo públicas y, por tanto, controladas por el Gobierno –que siempre puede estar tentado de obtener réditos electorales con su manejo– y por los sindicatos –a los que les encanta todo lo que huela a Estado porque, a través de él, siempre encuentran forma de beneficiarse de ello. Lo que importa, por tanto, no es el sustantivo pensiones, que se pueden y se podrían salvar mediante la reforma del sistema, sino el adjetivo público, es decir, que sigan en el ámbito del poder político y sindical, aunque ello implique el condenar a quienes hoy trabajan para ganarse el pan a una pensión de miseria mañana. Todo sea por el Estado.
La cosa, además, se agrava porque la estructura del sistema público se viene abajo en cuanto suben las cifras del paro. La Seguridad Social paga las pensiones actuales con las cotizaciones de hoy de los trabajadores y empresarios. Así es que, en tiempos de crisis, cuando desaparecen empresas y puestos de trabajo, como sucede en España, el sistema se viene abajo porque fallan los ingresos. Todo esto se agrava aún más en un contexto como el español en el que el número de jubilados crece más rápidamente que el de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población. Por supuesto, esto no es nuevo. Hace ya bastantes años que se sabía perfectamente lo que iba a pasar pero cuando llegó el momento de que los políticos hablaran del sistema de pensiones, todos se pusieron de acuerdo en mantener el modelo dentro del ámbito público a toda costa, condenando con ello a generaciones de trabajadores a ver recortada drásticamente su pensión cuando lleguara el momento de la jubilación.
Todo esto se podía haber evitado si, en su momento, se hubieran asumido los compromisos pertinentes con los trabajadores de más edad y se hubiera dado al resto la oportunidad de pasar a un sistema privado de capitalización, es decir, aquel por el cual la pensión de cada uno depende de sus aportaciones a planes de pensiones a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, esto significaba que los políticos y los sindicatos perdieran el control del sistema y se negaron en rotundo a ello, todos sin excepción, porque, como digo, lo importante es que el sistema sea público, no que funcione mejor o peor.
Pues bien, puestos a que el sistema tenga que ser público por narices, lo que tendrían que hacer ahora los políticos y los sindicatos es sentarse a hablar de cómo recortar miles y miles de millones de euros de gasto público inútil, en todos los niveles de la Administración e incluyendo las subvenciones a los sindicatos, para poder dotar de más recursos a la Seguridad Social de forma que no haya que tocar a la baja las pensiones futuras. Es lo que cabría esperar de ese compromiso con lo público que unos y otros han manifestado tan vehementemente. Pero como eso significa recortarles drásticamente otras partidas de poder, no están dispuestos a ello. Este es el drama de la política y el sindicalismo español: que empobrecen a los ciudadanos para satisfacer sus intereses, que es lo único que les importa. Así, no sólo hacen recaer sobre las espaldas de los jubilados futuros el coste de su falta de compromiso real con el ciudadano, sino que, con estas actitudes, cierran de par en par las puertas a cualquier posibilidad de reforma porque como no están dispuestos a renunciar a gastar, no van a tener recursos para financiar la Seguridad Social y, al tiempo, permitir que los trabajadores actuales busquen en planes privados esa prestación por jubilación decente que unos y otros les niegan. Y quien piense que todo se puede arreglar con estimular que los trabajadores, además de cotizar a la Seguridad Social, suscriban planes privados, se equivoca, porque con el nivel de endeudamiento actual de las familias a cuenta de las hipotecas, con unos tipos hipotecarios que empiezan a crecer, con sueldos que comienzan a apuntar a la baja y con cifras de paro de escándalas, es imposible que nadie con unos ingresos que no sean muy altos pueda permitirse el lujo de cotizar al sistema público y, además, al privado. O sea, que lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.