Pasar de un sistema insostenible, injusto e ineficiente a uno viable, voluntario y próspero tiene sus costes. Nadie debería dudarlo. Cuando el Leviatán mete sus patitas en el mercado, resulta muy difícil y muy caro conseguir que deje de embrollar. En el caso de las pensiones públicas, imagínese: las cotizaciones a la Seguridad Social apenas dan para cubrir un gasto total que a día de hoy asciende a unos 100.000 millones de euros anuales (el 10% de nuestro PIB). ¿Cómo lograr, pues, que los cotizantes actuales se financien su propio fondo de pensiones privado sin que dejen de sufragarse las pensiones de los jubilados españoles? Propuestas las hay, pero todas pasan a corto plazo por incrementos importantes en el gasto público o por reducciones en las prestaciones.
En eso está un tercio de la UE: en un momento de crisis de deuda, tratan de convencer a Bruselas para que se les permita trampear sus cuentas ocultando toda la deuda implicada en la transición. En esta época en la que prima más la mentira que el cumplimiento honrado de las promesas contraídas, no es de extrañar que algunos Estados confundan interesadamente la manipulación contable con la amortización de sus obligaciones.
Así las cosas, podría parecer que aun siendo el sistema de pensiones privado una excelente alternativa al público, no podremos permitirnos su transición durante unas cuantas décadas; será mucho mejor para nuestras debilitadas cuentas públicas que nos quedemos como estamos, por precaria que sea nuestra situación.
Sin embargo, la opción de no hacer nada no existe. Es cierto que nueve países de la UE quieren ocultar a partir de ahora el coste explícito de la privatización, pero no es menos cierto que los otros 18 llevan años ocultando el coste implícito de la socialización. Y no, no me refiero al coste de oportunidad que supone encadenarnos a un pauperizador sistema público, sino a la deuda implícita que aquí y ahora están soportando los Estados europeos como consecuencia de sus insostenibles sistemas públicos de pensiones.
Al fin y al cabo, nuestros gobiernos tendrán que sufragar puntualmente durante las próximas décadas un enorme gasto anual en pensiones. ¿No se parece esa obligación mucho a haber contraído una deuda con los pensionistas presentes y futuros? Así deberíamos observarlo y entenderlo. Pero esa deuda implícita no aparece en las estadísticas oficiales, probablemente porque es difícil de computar, porque está en parte sujeta a la discrecionalidad política y, sobre todo, porque emponzoña los ya de por sí inquietantes niveles de deuda pública explícitos.
De este modo, la Comisión Europea estimaba que en 2005 la deuda implícita de la zona del euro era del 174% de su PIB. La de España, por aquel entonces, se situaba en el 147% del PIB, aunque habida cuenta de las populistas revalorizaciones de las pensiones que llevó a cabo Zapatero durante los años siguientes, hoy por fuerza ha de ser muy superior. ¿Cómo se les queda el cuerpo al saber que el Estado español no deberá hacer frente durante los próximos años a pagos equivalentes al 58% de su PIB (o, mejor dicho, del 75%), sino a desembolsos superiores al 200%?
Por ese motivo la "reforma" del sistema de pensiones es inaplazable, en una dirección o en otra: o privatizamos hoy asumiendo a corto plazo un mayor gasto para a cambio conseguir pensiones futuras más cuantiosas y asequibles o no privatizamos y vamos desmantelando poco a poco las ya de por sí exiguas pensiones públicas con tal de sobrevivir a nuestro Himalaya de deuda implícita.
Esta última, que es la vía elegida por Zapatero –y, a menos que diga lo contrario, por Rajoy–, equivale a una suspensión de pagos de la deuda contraída con los pensionistas y los cotizantes actuales. A muchos políticos, ya se ve, les parece más correcto defraudar a sus súbditos que ampliarles sus parcelas de libertad y de bienestar. Luego hablarán de Lehman Brothers, de Lehman Sisters y demás gaitas. Eso sí, su jubilación dorada nadie se la quitará.