Por estas fechas, año tras año, miles de hectáreas de monte son pasto de las llamas. En los últimos días, la gravedad de los incendios ha alcanzado tintes dramáticos en Galicia y Portugal. La pregunta lógica que surge ante tal situación es la siguiente: ¿son los pirómanos capaces de provocar tal desastre? La respuesta es no. La mayoría de los incendios que sufre España son intencionados, pero este tipo de perturbados tan sólo es responsable de una porción mínima. Así pues, ¿qué hay detrás del fuego?
Según la Fiscalía de Medio Ambiente, el 60% de los incendios registrados en 2009 fueron provocados, frente a un 28% de imprudencias y un 12% en los que no se pudo determinar la causa. El origen intencionado de la chispa responde, a su vez, a "prácticas tradicionales inadecuadas" (26%) como, por ejemplo, la quema de pastos y rastrojos, a la obtención de beneficios económicos de algún tipo (9%) o bien para causar daños a terceros (6%). Los afamados pirómanos tan sólo fueron responsables del 5% de los fuegos.
De hecho, el grado de intencionalidad real parece ser muy superior a la vista de la investigación elaborada por la Guardia Civil sobre la oleada de incendios que arrasó Galicia en el verano de 2006, con más de 77.000 hectáreas de monte quemado. El informe concluyó que el 84,7% fueron provocados. En concreto, el 38% se debió a "prácticas tradicionales inadecuadas", y aunque en la mayoría de los casos (casi la mitad) no se pudo determinar la causa concreta del incendio, la Guardia Civil apunta otros motivos de diversa índole como, por ejemplo, el desplazamiento de las zonas de caza, la obtención de salarios para su extinción, la generación de empleo temporal en los municipios afectados, el cobro de indemnizaciones públicas o la modificación de los usos del suelo.
Las autoridades públicas tratan de luchar contra esta lacra aumentando el intervencionismo forestal con el iluso objetivo de frenar a estos "sinvergüenzas", tal y como son calificados por el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher. Sin embargo, la Administración parece no entender que el origen último de estas prácticas radica en la gestión pública de los montes. Y es que la masa forestal sufre la típica tragedia de los bienes públicos. El debilitamiento o ausencia misma de la propiedad privada en este ámbito refuerza la existencia de incentivos perversos en quienes pretenden beneficiarse mediante la destrucción de lo ajeno.
La pregunta en ese caso no es tanto quién provoca el incendio sino por qué. La titularidad pública de los montes, los rígidos límites existentes a la explotación de los recursos naturales, las suculentas subvenciones públicas que reciben los municipios afectados, las ayudas agrícolas y ganaderas a las víctimas del incendio, la generación y creación de empleo público enfocado a la vigilancia y extinción de fuegos (sólo Galicia cuenta con cerca de 6.000 retenes), la nefasta regulación urbanística o la prohibición ecológica de eliminar matorrales y malas hierbas para limpiar los montes constituyen algunos de los factores estructurales de los incendios provocados. No son los autores sino sus motivos la clave de la cuestión.
Las políticas de prevención de incendios no atacan, en ningún caso, la raíz del problema: la gestión pública de la masa forestal. El único medio capaz de combatir con eficacia los grandes incendios pasa inevitablemente por la privatización total de los montes y bosques de España o, al menos, por la gestión privada en su vigilancia. Tan sólo los dueños pueden responsabilizarse de forma eficiente del cuidado y preservación de estos terrenos. Los cotos de caza, por poner tan sólo un ejemplo, no suelen verse afectados por este tipo de tragedias, al tiempo que ostentan un hábitat natural idóneo y envidiable para la preservación de animales y árboles. Y es que, el mercado también tiene las respuestas y soluciones adecuadas en el intervenido ámbito del medio ambiente.