El dogma de fe que justifica los cientos de miles de sueldos de economistas keynesianos es estudiar mecanismos o políticas que "estabilicen" el ciclo económico; es decir, contener el crecimiento en tiempos de bonanza e impulsarlo en momentos de recesión. Para ello, supuestamente debían adoptarse políticas "anticíclicas": cuando todo el mundo está consumiendo e invirtiendo (boom económico), el Estado aumentaría los impuestos y reduciría el gasto público (contrayendo el gasto y el crecimiento) y cuando todo el mundo deja de consumir y de gastar, el Estado reduciría impuestos y aumentaría el gasto público (expandiendo el gasto y el crecimiento).
Aunque estas prescripciones puedan parecer de bastante sentido común, en realidad no lo son. Los sistemas económicos son demasiado complejos como para que esta desgracia de políticas mecanicistas (presiono esta palanca y aprieto aquel botón) surtan el efecto esperado. La constatación empírica la tenemos en España: superávit en tiempos de bonanza, déficit durante la crisis y desastre sin paliativos en nuestra situación económica.
Lo contrario de las políticas anticíclicas son las políticas procíclicas; en lugar de suavizar el ciclo, dicen los keynesianos, lo acentúan: en tiempos de bonanza la economía se recaliente demasiado el gasto y en tiempos de depresión, la hundimos todavía más.
Si quieren mi opinión personal, todas las políticas de estabilización son un fraude, tanto las procíclicas como las anticíclicas. La labor del Estado no es compensar las fluctuaciones de la actividad económica, sino –en todo caso– crear un marco que incentive en todo momento la prosperidad: impuestos muy bajos, escasas regulaciones y servicios públicos que funcionen lo menos mal posibles. Por eso hay que reducir ahora el tamaño del Estado: porque eso siempre es beneficioso.
Ahora bien, mi negativa visión de las políticas de estabilización no me impide juzgar como absolutamente disparatadas algunas políticas sectoriales concretas que más bien cabría tildar de desestabilización.
Tomemos el caso de la vivienda en España: durante la fase de auge en los precios de la vivienda, el Estado, lejos de tratar de contrarrestar la euforia burbujista, se encargó de potenciarla con deducciones fiscales a la compra de vivienda que no tenían su contrapartida en deducciones fiscales al alquiler de vivienda. Es decir, se buscaba de manera deliberada abaratar relativamente la compra de vivienda frente a su alquiler para que la gente siguiera adquiriendo inmuebles en lugar de arrendarlos (lo que todavía encarecía más la vivienda en propiedad frente a su alquiler).
En 2007, una vez iniciado el declinar del precio de la vivienda en propiedad, Zapatero y la entonces ministra de Vivienda Carmen Chacón anunciaron la aprobación de ayudas al alquiler de vivienda (la renta de emancipación) y de deducciones fiscales al alquiler. Es decir, justo en el momento en que la gente estaba dejando de comprar viviendas y pasaba a alquilarlas, se intentó reforzar esta tendencia volviendo el alquiler aún más atractivo frente a la vivienda en propiedad. Apenas dos años después, ya metidos en un mercado inmobiliario congelado, Zapatero anunció la supresión de facto de la deducción fiscal por la compra de vivienda, lo que alimentará un mayor rechazo del público a adquirir inmuebles y provocará caídas todavía mayores en sus precios. Y ahora, Corredor anuncia (por fin) la supresión de las ayudas directas a la compra de vivienda (pero no, como también debería, al alquiler).
En otras palabras, la política pública de vivienda acentuó la inflación del ladrillo durante el auge y su deflación durante la crisis. Promovió la compra cuando todo el mundo quería comprar y ha incentivado la no compra cuando nadie quiere hacerlo.
Todo lo cual me lleva a la sencilla conclusión de antes: la mejor política de vivienda es la que no existe. Reduzcamos tanto los impuestos como para que no ejerzan ninguna influencia significativa en nuestras decisiones económicas y como para que no puedan sufragarse absurdas partidas de gasto como las ayudas a la compra de vivienda. En caso contrario, nos encontraremos con despropósitos como éste que sólo contribuyen a reforzar los peores excesos de cada período del ciclo. La acción del Estado no debería dirigirse a lograr que no nos equivoquemos (entre otras cosas porque no puede conseguirlo); pero sí debería preocuparse al menos de que no nos equivoquemos por culpa suya. Para lo malo y para lo peor, la legitimación de que el Estado estabilice la actividad económica general y sectorial es otro de los nefastos legados de Lord Keynes.