Comentaban mis colegas Jaime de Piniés y Emilio J. González que la reforma de las cajas de ahorro presentada por el Gobierno es insuficiente, pues sólo abre la puerta a la privatización, pero no la remata. La decisión final, en medio de muchas restricciones, queda en manos de los actuales consejos de administración y, por tanto, de los políticos, de los que nos han abocado al actual desastre; de modo que las cosas bien podrían quedarse más o menos como están.
El problema de esta hipótesis es que las cosas no pueden quedarse como están, lo quieran o no los políticos. Y esto, que la extrema izquierda tilda tan apesadumbradamente de "dictadura del mercado", es lo que nos garantiza que el final del proceso, con todas las corruptelas y atracos que podamos anticipar, será el de la privatización de estas entidades.
Por resumirlo: el sistema de cajas español, con alguna dudosa excepción, está quebrado. El Estado carece de músculo financiero para recapitalizarlas, pues suficientes problemas tiene ya para refinanciar su propia deuda. Así, estos chiringuitos copados por el PPOE podrán optar por dos alternativas para enfrentarse a su particular Juicio Final: o tratar de captar capital en el sector privado –en cuyo caso no les quedará otra que ceder el control del negocio financiero a los potenciales inversores mediante su transformación en fundaciones– o ser intervenidas por el Banco de España –en cuyo caso se procederá ope lege a su transformación en fundaciones.
De la premisa se sigue la inexorable conclusión: la banca pública española tiene sus días contados. No es que los políticos lo vayan a lamentar demasiado, pues para algo se reservan esas fundaciones millonarias desde las que seguir manejando el cotarro regional y traficando con votos y voluntades. Pero dentro de diez años es improbable que alguna caja siga en manos de los políticos: están quebradas, necesitan el dinero y no lo tienen (¡qué perfido es el mercado!).
Si acaso, nuestros políticos tratarán de salvar alguna caja concreta para no perder totalmente su influencia, de ahí que se solicite la prórroga del FROB y, sobre todo, que se autorice la compra pública de acciones y cuotas participativas de "entidades solventes". Serán selectivos a la hora de rescatar entidades porque no pueden con todas. Pero habrá que ver cuántos miles de millones obtiene el muy solvente Reino de España para seguir mangoneando en el sector financiero a través del FROB. Por mi parte, cuantos menos millones capten, mejor, pues menores serán las distorsiones que Zapatero, Rajoy y sus virreyes regionales introduzcan en el mercado y en las cuentas corrientes de algunos pocos.
En definitiva, la ley podrá enredar y obstaculizar todo lo que se quiera las fórmulas para privatizar las cajas, pero la situación es insostenible. Una vez agrietados los muros de contención, todo el estiércol retenido los echará abajo, lo quieran nuestros manirrotos dirigentes, o no.