Si uno escucha lo que dicen los sindicatos y no tiene en cuenta otras cosas, o simplemente no se para treinta segundos a pensar en lo que se dice, pensaría que los huelguistas del metro de Madrid y los sindicatos que les han arrastrado a una huelga tan salvaje como política son unas hermanitas de la caridad. Nada más lejos de la realidad. Quienes convocaron el paro, quienes decidieron incumplir los servicios mínimos, sabían muy bien lo que hacían y lo que pretendían, que no era otra cosa que desgastar al Gobierno de Esperanza Aguirre. No merecen ninguna disculpa por ello.
Lo primero que han hecho estos angelitos ha sido tachar a Aguirre de "hitleriana" y "fascista", unos adjetivos injustos para con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo visto, solo la izquierda española está legitimada para utilizar, porque cuando los ha empleado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en referencia al presidente de la Generalitat, José Montilla, por su actitud dictatorial en relación con el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, estos ‘paladines’ de la libertad se le han echado encima cargados de ira. Valiente ejercicio de cinismo.
El ‘pecado’ de Aguirre ha consistido, ni más ni menos, que en aplicar en la Comunidad de Madrid lo que el Gobierno de Zapatero ha aprobado para toda España, que no es otra cosa que la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, frente a la cual nuestros sindicatos subvencionados han preferido mirar hacia otra parte en lugar de convocarle a ZP la huelga que le han preparado a Aguirre. Dicen los sindicatos que el presidente del Gobierno ha dejado fuera del recorte salarial a los empleados de las empresas públicas. Eso es simplemente porque teme la reacción de los sindicatos, pero si hay que reducir el déficit público, hay que hacerlo con todas las consecuencias, sin andarse con chiquitas y sin excepciones de naturaleza política. Esta ha sido la forma de actuar de Aguirre, que tiene lo que a ZP y a muchos otros políticos españoles les falta, por la cual se ha ganado las iras de unos sindicatos que no representan a los parias de la Tierra, a los desposeídos, sino a las castas privilegiadas.
De casta privilegiada es, precisamente, como se puede definir a los conductores del metro de Madrid, los que decidieron incumplir los servicios mínimos decretados por la Comunidad y tomar como rehenes para sus intereses políticos a los ciudadanos. Porque mientras la mitad de los españoles no llega a los 12.000 euros al año, según los datos de la Agencia Tributaria, y el 75% no pasa de los 30.000 euros, ellos superan este nivel con holgura y, encima, tienen garantizado el puesto de trabajo de por vida. Por defender a estos ‘señoritos’ es por lo que los sindicatos han montado la que han montado, mientras millones y millones de españoles no tienen ni trabajo ni empleo. Ante ese drama social, CCOO y UGT callan. Vaya cinismo.
Dicen los de CCOO que la Comunidad de Madrid dictó unos servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son. ¿Ilegales? Si no me falla la memoria, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que unos servicios mínimos del 50% en el transporte público se ajustaban a la legalidad. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues de lo de siempre, de querer imponer a todo el mundo su santa voluntad, digan lo que digan los demás, sin importarles ni un pimiento los derechos de las personas, entre ellos el de no querer hacer huelga, derecho que vulneran una y otra vez esos mal llamados piquetes informativos. Quien no respeta los servicios mínimos, por tanto, incumple la ley, y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos. Por este mismo motivo, no se debe readmitir a aquellos trabajadores que incumplieron o forzaron el incumplimiento de los servicios mínimos. Es más, el Gobierno de Esperanza Aguirre, y todo el Partido Popular, deben mantenerse firmes en esa postura porque, de no hacerlo, en el futuro tendrán que soportar más huelgas políticas que sólo buscan alejarles del poder porque quienes las convoquen sabrán perfectamente que, hagan lo que hagan, no tendrán después responsabilidad alguna ni se verán obligados a asumir las consecuencias de sus actos. Donde impera la libertad, conductas como las que están manifestando los sindicatos estos días en Madrid son inadmisibles. Aquí también deberían serlo.