El ex ministro de Economía Pedro Solbes llegó a calificar en su día de auténtico "sudoku" el nuevo modelo de financiación autonómica que impondría la aprobación del Estatuto de Cataluña en 2006. Y no le faltaba razón ya que, en esencia, el texto catalán rompía de forma unilateral la metodología aplicada hasta el momento –consensuada entre comunidades autónomas y Gobierno central– para el reparto de fondos regionales, tal y como establece el principio de "solidaridad interterritorial" en la Constitución.
Cuatro años después, el Estatuto ha pasado, al fin, el filtro del Tribunal Constitucional (TC) con un rotundo éxito para las pretensiones nacionalistas. Como resultado, el "sudoku" autonómico es ya irresoluble. No obstante, el TC tan sólo ha eliminado parcialmente dos artículos en materia de financiación: por un lado, la obligación de que las autonomías "lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar" para poder acceder a los fondos de solidaridad interterritorial (art. 206), tumbando así posibles limitaciones al acceso de recursos; mientras que, por otro, elimina la capacidad legislativa de la Generalidad para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales" (art.218).
Es decir, apenas dos preceptos marginales de los 20 artículos que incluye el Estatuto sobre la "financiación de la Generalidad" (Título VI del texto). Y digo marginales porque el nuevo modelo de financiación que aprobó el Ejecutivo el pasado año castiga en el reparto de fondos a aquellas comunidades que apuesten por la bajada de impuestos -como es el caso de Madrid-, dando así cabida a las aspiraciones estatutarias.
Además, y esto es lo más grave, el Constitucional deja intacto, aunque pendiente de la interpretación que contenga la sentencia –aún no publicada–, el principio de bilateralidad que impone el Estatuto en las relaciones financieras con el Gobierno central. Así, el modelo de financiación autonómica, que se revisará cada cinco años, "deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad" (art. 208). Puesto que dicha bilateralidad es constitucional, y dado que las interpretaciones del TC suelen ser ignoradas por el poder público, resulta evidente que la vía del consenso para estimar el reparto regional ha saltado definitivamente por los aires.
Además, el Estatuto impone en su disposición adicional tercera que el Estado deberá invertir en las infraestructuras catalanas un volumen equivalente al peso de esta comunidad en el conjunto del PIB nacional (próximo al 18%) hasta 2013, con el fin de compensar un supuesto déficit histórico en esta materia. La inversión estatal en las distintas comunidades autónomas es una vía esencial de financiación paralela para los gobiernos regionales. Es decir, Cataluña establece una especie de sistema de cupo de obligado cumplimiento para el Gobierno central.
Por ello, el Ejecutivo aumentó casi un 26% la inversión presupuestaria en infraestructuras prevista en Cataluña para 2007, un año después de la aprobación del Estatuto. Y por ello esta misma autonomía fue la más beneficiada en el reparto del nuevo pastel regional aprobado en 2009 –unos 4.000 millones de euros extra hasta 2012. Asimismo, el Estatuto también blinda las competencias autonómicas de la Generalidad.
Ante este panorama es lógico que los nacionalistas estén satisfechos con la sentencia, pese al falso victimismo que muestran de cara a la opinión pública. Y es que sus exigencias financieras y competenciales permanecen prácticamente intactas. ¿Problema? Todas las reformas estatutarias iniciadas tras la catalana imitan al pie de la letra este modelo: bilateralidad, blindaje competencial y, sobre todo, sistemas de cupo basados en variables de lo más variopinto para incrementar la inversión del Estado en sus respectivas comunidades. Es decir, una especie de café para todos, pero a la carta, con lo que se agrava hasta el extremo la viabilidad de la financiación regional.
Tan sólo hay que observar las primeras reacciones a la sentencia. Mientras que Valencia ya ha anunciado que aplicará la denominada "cláusula Camps" para asumir los privilegios catalanes, Galicia avanza ya la reforma de su estatuto en esta legislatura... Y tras ellos, los demás. Ya en 2007, los nuevos procesos de reforma estatutaria (Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Aragón, Galicia, las dos Castillas...) reclamaban al Estado una inversión extra superior a los 30.000 millones de euros en un plazo de entre 5 y 10 años, en base a criterios "estructurales" como la insularidad, la densidad poblacional, la masa forestal, la deuda histórica o el déficit sanitario, entre muchos otros.
La extensión del modelo catalán que ha posibilitado el TC hará quebrar, simplemente, el sistema de financiación autonómica. Son reclamaciones incompatibles entre sí, además de financieramente impagables. Así, la quiebra de este modelo se acabará sumando, tarde o temprano, al ahora evidente colapso que vive el sistema de pensiones, sanitario, educativo, funcionarial o de prestaciones sociales. La única salida posible es la reforma de la Constitución para establecer un nuevo modelo territorial en el que gastos e ingresos estén o bien centralizados o descentralizados –que cada autonomía gaste lo que ingrese por vía fiscal sin necesidad de repartos arbitrarios– en base a una clara definición competencial. Lo que está claro es que este "sudoku" ya no tiene solución.