Muchos son los que se han apresurado a aplaudir y alabar con entusiasmo la publicación de los stress test (pruebas de solvencia) de la banca europea –incluida la española–, anunciada por las autoridades comunitarias la pasada semana. Sin duda, un ejercicio de transparencia de lo más loable y necesario en estos tiempos de incertidumbre y turbulencias financieras, ¿o no? Pues no.
En teoría, dichas pruebas servirán para reflejar con fidelidad la estimación de deterioro patrimonial, pérdidas y necesidades de capitalización de las 25 mayores entidades de la UE. Ahora bien, dicho esto, cabe preguntarse por qué la publicación de dichos test, realizados por la Comisión Europea el pasado año, no han salido antes a la luz si tan importante era transmitir una imagen realista de los grandes balances financieros para insuflar tranquilidad al mercado.
No se trata de un gesto voluntario. Bruselas se ha visto obligada por las circunstancias a realizar este anuncio ante la grave crisis de deuda –pública y privada– que sufre la zona euro tras la quiebra de Grecia y el riesgo de contagio a otros países miembros, como España, Portugal, Italia o Irlanda (los PIIGS). Así pues, el resultado (real) de dichas pruebas no ha de ser muy halagüeño para la banca europea si la Comisión ha esperado a que estalle la crisis soberana, y la consiguiente sequía en el mercado interbancario, para otorgar luz verde. Además, ¿por qué no publicarlos de inmediato?; ¿por qué esperar para ver los resultados si los test se realizaron en 2009?
Lo más grave, sin embargo, es la metodología empleada. En principio, los stress test no incluirán el riesgo derivado de la adquisición de deuda pública por parte de las grandes entidades. Los cientos de miles de millones en bonos públicos de alto riesgo que acumulan en sus balances no serán tenidos en cuenta a la hora de estimar su grado de solidez y solvencia. Es decir, si no hay cambios de última hora, las autoridades ocultarán a la opinión pública las enormes pérdidas que sufrirá la banca europea en caso de que algunos países miembros entren en default (suspensión de pagos). ¡Todo un ejercicio de transparencia, sí señor! Sobre todo si se tiene en cuenta que la exposición de la banca de la zona euro a la deuda –pública y privada– de Portugal, Irlanda, Grecia y España rozaba los 1,3 billones de euros a finales de 2009 (tan sólo España debe 600.000 millones).
Pero la situación aún preocupa mucho más si se atiende a las cifras extraoficiales que manejan los organismos comunitarios. Según un informe interno (y secreto) de la Comisión desvelado el pasado año por el diario británico Telegraph, los activos (créditos) tóxicos del sistema financiero europeo ascienden a 19 billones de euros, casi el 44% del total de sus carteras. Que sean tóxicos no significa que todos ellos sean incobrables sino que muchos arrojarán pérdidas y, por tanto, deberán ser provisionados, pero la cifra, desde luego, da una idea aproximada del tamaño del problema.
Por otro lado, a la vista de recientes experiencias pasadas, todo apunta a que dichos stress test serán maquillados haciendo uso de benévolas estimaciones económicas y financieras. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio similar el pasado año y sus resultados fueron decepcionantes. La Reserva Federal (FED) estimó entonces que la gran banca estadounidense precisaría un capital extra de 74.600 millones de euros hasta 2010, muy lejos de otros cálculos que situaban esta horquilla entre los 400.000 y 600.000 millones de dólares. Hasta la agencia Moody´s, que no se caracteriza precisamente por elaborar informes negativos, se tomó a broma la metodología empleada por la FED. De hecho, el propio Congreso recomendó a la FED repetir las pruebas de solvencia ante el descarado engaño perpetrado.
Muchos se preguntarán de dónde han salido esos centenares (que no decenas) de millones de dólares adicionales para salvar a la gran banca estadounidense tras la inyección de casi 800.000 millones (TARP, también conocido como Plan Paulson) aprobada por el Tesoro a finales de 2008. Pues bien, al tiempo que se publicaban los stress test, la FED daba luz verde a un nuevo programa de rescate (llamado TALF) para comprar más de 1 billón de dólares en títulos crediticios (incluidas hipotecas) a la banca, préstamos que en su mayoría no serán devueltos hasta dentro de 20 ó 30 años.
Y ello, sin tener en cuenta los graves problemas que atraviesan los bancos pequeños y medianos. Cerca de 600 aún no han podido devolver al Tesoro 130.000 millones de dólares concedidos por el TARP –dinero que procede directamente del bolsillo del contribuyente. Desde 2008 han quebrado casi 250 entidades en Estados Unidos, con un volumen de activos próximo a los 600.000 millones de dólares.
La lista de bancos en riesgo de quiebra asciende ya a 775, según datos oficiales del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC), organismo que también se ha visto obligado a acudir al Tesoro –crédito de 500.000 millones de dólares– para poder hacer frente a sus compromisos –garantizar los depósitos de los clientes. Esas cerca de 800 entidades en riesgo de quiebra representan casi el 10% del sistema financiero estadounidense (más de 8.000 bancos garantizados por el FDIC). Si bien es cierto que tan sólo cuatro grandes bancos (Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citibank) concentran el 55% de los activos del sistema financiero privado del país.
En resumen, la negativa a publicar en su momento los stress test europeos, la ocultación, en principio, del riesgo soberano que acumulan los grandes bancos y la engañosa experiencia de este tipo de pruebas en Estados Unidos, cuyas instituciones –salvo algunas excepciones– son más fiables que las europeas, llevan a concluir que las pruebas de solvencia serán una farsa o, como mínimo, aportarán a la opinión pública una imagen distorsionada e inflada acerca del verdadero grado de solidez de los grandes bancos europeos. La única cuestión pendiente es... ¿por cuánto tiempo?