El presidente andaluz, José Antonio Griñán, declaró a El País: "Acabo de subir un punto a transmisiones patrimoniales cuando se compran viviendas de lujo, coches de lujo y embarcaciones de recreo. Eso supone que he gravado más a las rentas más altas". Por suponer, el gruñón Griñán supone tres cosas. La primera es que es bueno subir los impuestos, en vez de bajarlos. Lo segundo es que es bueno subir los impuestos a los ricos. Y lo tercero es que quien se compra una lancha es un rico. Ninguna de las tres cosas es evidente, pero don José Antonio lo da por sentado.
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, escribió en Expansión: "es falaz comparar el coste de un kilowatio/hora eólico, que se queda íntegramente en España, con un kilowatio/hora de energías fósiles cuyo coste se paga a países terceros". Este disparate, literalmente milenario, puede ser refutado sin necesidad de aludir cómodamente a los intereses particulares de quien lo ha proferido. No es ninguna falacia comparar los costes, al contrario, es lo que se debe hacer. En caso contrario incurriríamos en el absurdo de sostener que cualquier precio que el Gobierno obligue a los ciudadanos a pagar por lo que se produce en España será siempre mejor que la libertad de esos ciudadanos de comprar lo mismo más barato en el extranjero.
Dirá usted: no se puede ser severo con políticos y empresarios, que después de todo no tienen como misión razonar de modo sistemático y solvente. Vale. Pues entonces preste atención a Miren Etxezarreta, que es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y escribió en Público que a partir de 1982 se inició en España una política "neoliberal, uno de cuyos principales componentes lo constituía el rechazo a la participación del Estado en la economía". La participación del Estado en la economía creció espectacularmente desde entonces.