Sí, como lo oyen. El Gobierno europeo lleva meses orquestando un golpe de estado y, por el momento, a la vista de los resultados obtenidos, la jugada le está saliendo bien. Lo preocupante es que, por desgracia, muchos ciudadanos ni siquiera se hayan percatado ligeramente de este cambio trascendental que está aconteciendo en el seno de la Unión.
Algunos, eso sí, recordarán el sonado fracaso que obtuvo el otrora famoso proyecto de Constitución Europea, tras ser tumbado en las urnas –vía referéndum– en Francia y Holanda en 2005. Pero el rechazo ciudadano no impediría que el proyecto siguiera adelante. Y así fue. Poco después, en 2007, los líderes de la UE dieron luz verde con su firma, y sin necesidad de referéndum de ninguna clase, al denominado Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. Un Tratado que, en esencia, recoge casi punto por punto la fallida Constitución, cuyo objetivo último era crear un superestado europeo.
Y en esas estamos, y en esas seguimos. Las profundas crisis económicas suelen ser aprovechadas por la clase política para incrementar su esfera de poder y su intervencionismo a casi todos los niveles, al tiempo que ofrecen un escenario ideal para poner en marcha grandes transformaciones institucionales. Esta crisis no iba a ser menos. La Unión está cambiando a marchas forzadas, hasta el punto de que en uno o dos años el nuevo Estado comunitario poco o nada tendrá que ver ya con el vigente hasta 2009.
Y la clave de esta transformación, como casi todas, reside una vez más en el ámbito económico. No obstante, ¿qué caracteriza a un Estado fundamentalmente? En esencia, el monopolio exclusivo para recaudar impuestos (la sangre del poder gubernamental), un Tesoro para emitir deuda empleando como colateral dichos ingresos fiscales y un banco central como brazo financiero. Esta última figura ya existe (BCE) y, de hecho, sus competencias han sido ampliadas durante la actual crisis –sirva como ejemplo la compra de deuda pública a países de la zona euro–; las otras dos están a punto de ser aprobadas.
En primer lugar, y sin necesidad de modificar los tratados en vigor, Bruselas ha aprobado en las últimas semanas un paquete de medidas para endurecer la política fiscal en el seno de la Unión. A partir de ahora, todos los presupuestos generales tendrán que contar con el visto bueno del Gobierno comunitario. Además, Eurostat, la oficina estadística de la UE, podrá auditar y revisar las cuentas nacionales. También se ha decidido endurecer las sanciones para aquellos gobiernos que no cumplan los criterios de austeridad fiscal, pudiendo así cortar la inyección de fondos europeos e, incluso, suspender temporalmente el derecho a voto de dichos países en las instituciones.
Por otro lado, el mega plan para rescatar a países miembros, dotado hasta el momento con 750.000 millones de euros, ha originado, en la práctica, el nacimiento de una especie de Tesoro comunitario, cuyo instrumento último será la emisión de bonos europeos. Así pues, ya disponemos de los elementos clave para asistir a la creación del denominado gobierno económico -paso previo para el surgimiento de un Estado Único Europeo o, si prefieren, los Estados Unidos de Europa-.
En este sentido, los cuatro principales grupos políticos del Parlamento Europeo reclamaron al unísono este mismo martes un gobierno económico de la UE liderado desde Bruselas por la Comisión Europea (CE) y no por los Estados miembros. Dichas fuerzas, que representan a la amplia mayoría del hemiciclo, defendieron la necesidad de apostar por un enfoque "comunitario" y no "intergubernamental". "Es la hora de la verdad para Europa".
No es el momento de analizar sus efectos, basta con decir que asistimos a la construcción de un superestado real, no basado, como hasta ahora, en las relaciones intergubernamentales: negociación, formación de mayorías y logro de consensos entre gobiernos representativos. Bienvenidos, pues, a una nueva era. Eso sí, una era en la que la opinión de los ciudadanos no ha sido tenida en cuenta, ni siquiera consultada, por lo que se ha vulnerado la supuesta soberanía popular.
Bruselas está materializando su golpe de estado. Cosa distinta es que llegue a buen puerto, puesto que existe una segunda opción aún plausible: la desintegración de la zona euro, ya sea por la expulsión o abandono de países, Alemania inclusive. Esta crisis traerá como resultado o bien un nuevo Estado europeo sin legitimidad democrática o bien la división y destrucción del actual marco comunitario.