Si somos realistas, observaremos que en la centenaria pugna entre liberales y socialistas, a día de hoy ambos tienen motivos para ver la botella medio llena o medio vacía. Las economías occidentales están lo suficientemente intervenidas como para que los liberales, con razón, pongan el grito en el cielo. Pero al mismo tiempo, el papel del libre mercado es lo suficientemente amplio en nuestra sociedad como para que los socialistas repitan la tradicional letanía sobre la tiranía de los mercados y los especuladores. Con cierto éxito de propaganda, además.
Así que sobre el papel, unos y otros están muy seguros de que la culpa la tiene el otro. Lo cual nos parece un debate bastante estéril. No nos malinterpreten: nosotros estamos absolutamente convencidos de que el problema español procede de un Estado –central, autonómico, local– voraz e hipertrofiado, que ha construido a su alrededor toda una red de instituciones públicas, empresas públicas o semipúblicas, fundaciones y todo tipo de tinglados que lastran el normal desarrollo de nuestra sociedad y la hacen incapaz de progresar. Pero no por repetir que la culpa es de la izquierda vamos a solucionar las cosas. Ella manda, y ella está haciendo las cosas a su manera. Y aquí el verbo importante es "hacer".
Porque la reflexión política tiene su referente en la acción política. Es en el poder y desde el poder donde se resuelve cualquier discusión, y sólo el poder tiene en sus manos dirigir el país hacia un lugar u otro. Para un Gobierno, los periodos de crisis son la gran ocasión para hacer Política, con mayúsculas. Que un gobierno sea o parezca incapaz no significa que las decisiones que tome no sean de una enorme trascendencia histórica, porque lo son. De hecho, la falta de formación gubernamental hace que su acción sea más imprudente, más peligrosa. Pero en situaciones como ésta, se trata de actuar. Y el Gobierno lo está haciendo.
Dos rumbos posibles podría tomar España en la actual tesitura. El primero consiste en dejar sustancialmente las cosas tal y como están, lo que puede hacerse de dos maneras: tal y como lo está haciendo el PSOE, aumentando la presión estatal sobre los ciudadanos, aumentando los impuestos, perseguir el crecimiento, el ahorro, la iniciativa privada –es decir, un giro violento hacia el socialismo real–; o tal y como lo promete la derecha, con simples reformas económicas y algunos recortes públicos sin repercusiones institucionales serias. En lo fundamental, ambos coinciden en el mantenimiento del estado autonómico, del peso muerto de "lo político", de las cargas que a nivel estatal, autonómico y local atenazan a la economía y la política española. Un partido apuesta por hacer crecer el monstruo estatalista español; otro apuesta simplemente por podarlo y adecentarlo. Ninguno se plantea afrontar una crisis que va más allá de lo financiero, de las exigencias europeas o del número actual de parados.
El segundo, reducir drásticamente el peso muerto del Estado, adelgazar las instituciones, taponar la hemorragia autonómica, acabar con los privilegios de lo estatal sobre lo ciudadano. Una solución liberal-conservadora a la crisis pasa por una reforma estructural del entramado institucional público español, de aliviar al ciudadano de la carga estatal que soporta, y que se manifiesta tanto en la crisis económica como en la cívica o moral. Lo cual desgraciadamente no está en las intenciones de ninguno de los partidos.
La encrucijada histórica real es bastante clara: poner a las instituciones españolas al servicio del ciudadano, o poner al ciudadano al servicio de las instituciones públicas. Mientras discutimos, el poder decide, y el Gobierno ha elegido lo último, que si se dan ustedes cuenta es la via incruenta hacia el colectivismo. A este se llega con las armas o con el BOE, pero en su forma bolivariana o zapaterista se define por convertir al ciudadano en súbdito de las instituciones. Y hoy, los españoles son más súbditos que hace unos días. Y lo serán más en el futuro.
Con la derecha política siendo partícipe de los problemas estructurales de nuestras instituciones, la vista se vuelve hacia la sociedad civil, que ahora discute, pero que tendrá que actuar pronto si no quiere que sea demasiado tarde. El giro hacia el socialismo real del Gobierno ha venido seguido del efecto anestésico de los sindicatos y de la pasividad del gran partido de la derecha. ¿Será ésta capaz de movilizarse, tal y como lo está haciendo la sociedad civil conservadora en Estados Unidos contra una política que nos acerca al socialismo real? El experimento de 2006 con la negociación con ETA resultó exitoso, y se obligó al Gobierno a no dar lo que la banda le exigía. Ahora se trata de algo más difícil, pero igualmente importante: obligar al Gobierno a ceder en la colectivización progresiva de la economía española y obligar a la clase política a ponerse al servicio de los ciudadanos.
Que España necesita recetas liberales ante el fracaso de los socialistas de todos los partidos es un hecho: ahora hay que hacérselo saber.