Grecia es un ejemplo de lo que le puede pasar a España como el Gobierno siga engañando con las estadísticas económicas –véase su intento de maquillar los datos de la EPA que acaba de publicar el INE– y, sobre todo, cómo el Ejecutivo continúe de brazos cruzados frente a la crisis, a la espera de que se produzca una casi imposible recuperación económica de la UE que, como un milagro, nos saque de ésta. Pero lo que no es el país heleno es el ejemplo de las medidas que hay que tomar para resolver los graves problemas financiero-presupuestarios que atraviesa España.
Los griegos han optado por elevar drásticamente los impuestos y recortar el sueldo de los funcionarios. Lo primero tiene toda su lógica en un país en el que el fraude y la evasión fiscal han sido una constante a lo largo de las últimas décadas. Es un caso muy parecido al de los países latinoamericanos con peor comportamiento presupuestario, en especial Argentina, en los que el Estado gasta sin tener recursos para ello porque todo el que puede evita el pago de impuestos como sea. Claro que, todo sea dicho, esto ocurre en naciones en las que los líderes políticos merecen poca o ninguna confianza al contribuyente que, como es lógico, trata de evitar que le metan la mano en la cartera para que su dinero termine en la cuenta corriente en Suiza, Bahamas o las Islas Caimán de cualquier miembro del Gobierno o de la Administración. Que también ha pasado en Grecia, dicho sea de paso, con lo cual el país heleno tiene que tirar por el camino de incrementar los ingresos, aunque la verdad es que la mejor forma de hacerlo sería perseguir el fraude fiscal y la corrupción y no tanto el aumento de la presión fiscal. En cuanto al sueldo de los funcionarios, probablemente los griegos no tengan mucho más margen para recortar el gasto público, tal y como les ha recomendado el FMI.
Con España, sin embargo, la cosa es distinta. Yo, desde luego, en una agenda de recorte del gasto público no daría prioridad al sueldo de los funcionarios, al menos de los del Estado, por varias razones. En primer término, porque aquí hay donde aplicar la tijera con fruición, por ejemplo, acabando con todos esos derroches que suponen el Plan E, el Plan Renove y demás ocurrencias salidas de esa caldera hirviente donde se cocinan las ideas económicas de Moncloa y sus aledaños. Por ejemplo, también, en el dineral que Zapatero está dedicando a promocionarse por el mundo como gran líder internacional, dando ayudas para construir el metro de Hanoi, repoblar de árboles zonas de Afganistan, ayudar a las asociaciones homosexuales de Zimbawe, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, la segunda prioridad sería embridar a las autonomías, auténticas fuentes de derroche de los dineros públicos, empezando por reducirles drásticamente las transferencias de recursos desde el Estado para obligarlas a apretarse el cinturón, o a subir los impuestos si quieren seguir gastando como lo vienen haciendo hasta ahora y hacerlas responsables directos ante los ciudadanos de sus políticas de derroche. Y, por último, pero no menos importante, acabaría de un plumazo no solo con los miles de asesores que pueblan el Estado y las administraciones territoriales, cuya finalidad es, sobre todo, la de proporcionar puestos de trabajo bien remunerados a los amigos del partido y afines, sino también con aquellos departamentos inútiles, como los ministerios de Igualdad y Vivienda o la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, ya saben, la de Chaves.
Lo que desde luego trataría de evitar por todos los medios es tocar el sueldo de los funcionarios y ello por varios motivos. En primer término, porque muchos de ellos, sobre todo los del Estado, tienen retribuciones más bien escuetas. Es verdad que disfrutan de un empleo garantizado de por vida y que también tienen que asumir su parte en los sacrificios que tenemos que hacer los españoles para salir de la grave situación en que nos ha metido el Gobierno. Pero también resulta igualmente cierto que muchos de ellos apenas sobrepasan los mil euros mensuales. En segundo lugar, una de las cosas que necesita España para salir de la crisis es aumentar el consumo. Si alguien puede hacerlo en estos momentos son los funcionarios, que no se enfrentan a las incertidumbres laborales del resto de los trabajadores y, por tanto, no necesitan incrementar su nivel de ahorro por lo que pueda venir en el futuro, ya que para ellos el futuro económico está asegurado. En consecuencia, yo no tocaría esta partida salvo que fuera estrictamente necesario.
En cuanto a los impuestos, el problema en España es que en los años de la burbuja las Administraciones Públicas han contado con fuertes ingresos extraordinarios, relacionados con la tributación de la vivienda, que han desaparecido de un plumazo en cuanto la situación ha estallado. Dichos ingresos se han utilizado para expandir el gasto sin razón. Pues lo lógico es que la estrategia sea ahora la contraria, es decir, la de acabar con todos esos pagos innecesarios, empezando por los coches oficiales y demás gastos de representación, con el fin de ajustarlos a los verdaderos flujos de entrada de dinero en las arcas públicas y permitir, además, rebajas fiscales que ayuden a las empresas y autónomos a sobrevivir y, posteriormente, crear empleo. En este sentido, resulta del todo punto contraproducente, como ya hemos escrito en repetidas ocasiones los columnistas de Libertad Digital, la subida del IVA que entrará en vigor en julio porque segará de raíz los incipientes brotes verdes que empiezan a asomar en algunas comunidades autónomas bien gestionadas, como la de Madrid, para devolvernos de hoz y coz a la recesión.
En resumen, lo que tenemos que aprender de lo que está sucediendo en Grecia es lo que nos puede ocurrir a nosotros si no hacemos nuestros deberes, pero de lo que tenemos que olvidarnos es de seguir su estrategia de saneamiento porque las cosas son muy distintas y las causas de la crisis muy diferentes. Lo malo es que a más de uno de los que se mueven por el Gobierno y sus aledaños no hay forma de que le entre en la cabeza que la estrategia de más gasto nos está conduciendo al desastre socioeconómico que refleja la última encuesta de población activa y a la catástrofe financiera que temen los mercados y que las subidas de impuestos agravan aún más si cabe nuestros males, de la misma forma que siguen sin entender que como aquí no haya una reforma laboral de verdad, no sólo vamos a tener crisis para largo, sino que nos vamos a cargar definitivamente el ya de por sí endeble sistema público de pensiones. Avisados estamos.