Standard & Poor’s acaba de rebajar la calificación de la deuda pública griega al nivel de bono basura. ¿Cuánto tardarán las agencias de calificación en revisar a la baja la de España? Si atendemos a la opinión de los mercados, expresada en el desplome de la Bolsa este martes o en la constante ampliación del diferencial de tipos de interés con Alemania, que ya se sitúa en 1,1 puntos, desde luego no mucho tiempo. Los inversores temen que a la solicitud de ayuda de Grecia y a la negativa alemana a aportar recursos para el rescate de la economía helena le siga el estallido definitivo del problema de la deuda española. El Gobierno trata de tranquilizar a los mercados diciendo que hay muchas diferencias entre nuestro país y los griegos, lo cual es cierto, aunque no siempre ni necesariamente para bien y, mientras tanto, el Ejecutivo, en lugar de poner en marcha medidas reales para empezar a enderezar la situación, sigue de brazos cruzados pese a que ya se percibe que el borde del abismo esta cerca.
¿Qué nos diferencia de los griegos? Pues, según el Gobierno, que aquí no se ha ocultado déficit alguno. Pero también nos diferencia que la economía española es cinco veces más grande que la griega y su rescate, por tanto, es casi imposible; que en España la situación se ha deteriorado mucho más deprisa; que tenemos un endeudamiento externo muy superior al del país heleno; que la tasa de paro, que ya supera el 20%, es la más alta de toda la Unión Europea y que aquí la causa real de nuestros problemas no es la crisis financiera internacional, sino el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y todo esto no se arregla así como así.
Para complicar más las cosas, el deterioro de nuestra situación presupuestaria y de endeudamiento público no tendría por qué haber sido tan rápido ni de tanta magnitud. Pero como Zapatero, en lugar de actuar con racionalidad reconociendo la crisis en su momento y conteniendo el gasto público, se dedicó a hacer todo lo contrario, ahora estamos en las que estamos y vamos a ver cómo salimos de ella. De entrada, a corto plazo, el próximo mes de julio vencen 25.000 millones de deuda y el Gobierno no tiene dinero para amortizarla. ¿Qué hará entonces? Hay quien piensa que, en ese momento, será cuando estalle la crisis en España. Pero también puede ocurrir que, utilizando las mismas argucias que Solchaga en su tiempo, el Gobierno decida retrasar la devolución del Impuesto sobre la Renta a todos aquellos que tengan derecho a ella, que son muchos contribuyentes. Con ello, sin embargo, lo único que conseguiría sería ganar un poco de tiempo a costa de agravar más las cosas, porque ese dinero que esperan con ansiedad muchos españoles tapa muchos agujeros, reduce muchas deudas y permite a más de uno, y de dos, marcharse de vacaciones. Sin esos recursos, la situación económica de muchas familias no se aliviará y, encima, el consumo, que se verá castigado con la subida del IVA, se frenará todavía más.
Ante esta situación, ¿qué es lo que debería hacer el Gobierno? Lo primero de todo, elaborar y presentar con urgencia un plan de saneamiento de las cuentas públicas mediante un drástico recorte de los gastos. Sin embargo, el Ejecutivo parece que, de momento, no está por la labor. Lo único que hace es lanzar globos sonda, como que va a quitar ayudas públicas por 5.000 millones de euros, o que va a reducir las primas a las renovables, y con carácter retroactivo, lo cual no hace más que incrementar la desconfianza sobre España tanto por lo que implica de reconocimiento de lo mal que están las cosas en la Hacienda Pública como por lo que representa de inseguridad jurídica. En cualquier caso, los recortes que está barajando el Ejecutivo no servirán de mucho si no vienen acompañados de, al menos, dos cosas. La primera de ellas es un plan de acción integral de reducción del déficit y la deuda que implique y obligue a todas las Administraciones Públicas, empezando por las comunidades autónomas, puesto que el Estado no tiene capacidad para acometer por sí solo todo el esfuerzo.
La segunda es una reforma laboral de amplio calado que permita detener la sangría del paro y crear nuevos puestos de trabajo. Sólo así retornará poco a poco un crecimiento económico generador de ingresos tributarios. Pero también sólo así se podrá evitar la hecatombe social que se le avecina a España si las familias no cuentan con un puesto de trabajo que les proporcione los ingresos necesarios para poder afrontar sus deudas porque, de seguir así las cosas, en cuanto el Banco Central Europeo cierre el grifo de la financiación fácil, aquí va a venir un encadenamiento de quiebras de promotores inmobiliarios y de entidades financieras que se va a traducir en el impago de buena parte de nuestra deuda externa, y entonces nos van a dar palos a mansalva en los mercados. Aunque lo peor no es eso, sino las consecuencias sociales que conllevaría el precipitarnos por el abismo.
El Gobierno no puede demorar estas decisiones porque el tiempo corre en su contra. Una vez que los mercados ya no creen en Zapatero ni en las promesas de su Gobierno, han puesto en marcha la maquinaria penalizadora. Es decir, vamos contrarreloj mientras el Ejecutivo espera que se produzca un milagro en forma de recuperación económica que no va a llegar. Pero las arenas del tiempo siguen su curso inexorable y los mercados, avisados como están ya más que de sobra de lo que puede ocurrir aquí no van a esperar a que caiga el último grano para actuar. Entonces no van a perdonar. Y ZP sigue de brazos cruzados, pretendiendo distraer la atención de la opinión pública a base de dividir a la sociedad con su versión parcial y sectaria de la memoria histórica y actuaciones similares, mientras el Armagedón de la economía española que, en gran medida, ha provocado él, puede estar ya muy cerca.