Comisiones Obreras acaba de proponer que las empresas puedan crear fondos de despido para sus empleados, a los que aportarían dinero todos los meses. Esta fórmula se conoce como modelo austriaco de despido y permite reducir el impacto sobre las compañías de los costes de tener que prescindir de trabajadores ya que, en lugar de tener que afrontarlos justo en el momento en que se produzca la extinción de la relación laboral, lo que crea muchos problemas a muchas empresas, se reparten a lo largo del tiempo. No cabe duda de que esta iniciativa es mucho mejor que no hacer nada y que introduce ciertas dosis de flexibilidad en el mercado de trabajo. Pero, en el mejor de los casos, no es más que un sucedáneo de la reforma laboral que necesita España que no resuelve los verdaderos problemas de fondo relacionados con el coste del despido.
No cabe duda de que, con su propuesta, Comisiones Obreras empieza a admitir lo que es obvio para muchos analistas y para la práctica totalidad de las empresas españolas: que los elevados costes del despido en nuestro país son un serio obstáculo a la creación de empleo y a la contratación indefinida de trabajadores. Pero un fondo como el que propone el sindicato de Toxo dista mucho de ser la solución al problema del paro.
En primer lugar, la aplicación del modelo austriaco supondría incrementar los costes laborales de las empresas en unos momentos en los que necesitan reducirlos con el fin de recuperar la competitividad perdida. Esta necesidad es aún más acuciante si se tiene en cuenta que las empresas españolas, en lugar pagar menos por la energía que consumen, van a ver como ésta crece y crece gracias a la mal llamada política energética de Zapatero, que en lugar de apostar por las centrales nucleares lo hace por las más que caras energías renovables, incrementando de esta forma el coste energético (y haciendo que los ajustes empresariales tengan que recaer, necesariamente, sobre los costes laborales). Y estos no son momentos de incrementarlos, sino todo lo contrario. Una posible solución parcial a este problema sería que las aportaciones empresariales al fondo de despido fueran deducibles en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, teniendo en cuenta los graves problemas presupuestarios de nuestro país y el deseo de Zapatero de seguir derrochando el dinero de todos con el desenfreno con que lo viene haciendo desde que estalló la crisis, dudo mucho de que el Gobierno esté por la labor de proporcionar a las empresas semejante alivio fiscal, suponiendo, claro está, que acepte la idea de CCOO, lo cual aún está por ver.
Además, hay que tener en cuenta una segunda cuestión y es la de qué o cuántas empresas pueden permitirse el lujo de crear un fondo de despido. Las grandes, por supuesto, se lo podrían permitir. Pero España es un país de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales tienen sus márgenes muy ajustados y a las que no les resulta tan fácil meterse en nuevos gastos como los que supondría la propuesta de CCOO. De hecho, es en las pymes, que suponen más del 90% del tejido empresarial español, donde se padece realmente el problema de los altos costes de despido y, por ello, son quienes se resisten a incrementar sus plantillas o a firmar contratos indefinidos, porque si luego tienen que prescindir de trabajadores, el pago de las indemnizaciones por despido pueden darles definitivamente la puntilla. Por tanto, a estas empresas tampoco se las puede cargar con costes adicionales, como el fondo de despido.
Por otra parte, el modelo austriaco parte de un error conceptual, que es el hecho de que la indemnización por despido es un derecho adquirido por los trabajadores a percibir una buena cantidad de dinero cuando abandonan la empresa, lo cual, para los empleados con cierta antigüedad se convierte en un incentivo para no cambiar de trabajo con el fin de no perder ese derecho y tener que empezar desde cero en cuanto al cómputo de esa indemnización. La indemnización por despido no es, o no debe ser, un capital que se va acumulando con el tiempo que uno permanece en la empresa, sino una ayuda económica en caso de despido hasta que se encuentre un nuevo trabajo. Por tanto, si el problema para el cambio de empresa es la resistencia a perder ese supuesto derecho adquirido, la solución no es la del modelo austriaco, esto es, que el trabajador se pueda llevar a otra compañía ese dinero, o ese derecho, sino reducir el importe de la indemnización por despido con el fin de eliminar, o al menos reducir, ese desincentivo para el cambio de trabajo. Y, desde luego, lo que no se puede plantear es que, al final de su vida activa, el trabajador se pueda llevar ese fondo a su casa porque entonces ya no estamos hablando de indemnización, sino de otra cosa que supone mayores costes empresariales. Si se pretende que el fondo, al final, sea una suerte de compensación por toda la vida laboral de una persona, entonces lo que hay que hacer es ir hacia fórmulas propias de los planes privados de pensiones, como los planes de empresas, por supuesto deducibles fiscalmente, o el salario diferido –parte del salario del trabajador se retiene para pagarse ese capital, con sus rendimientos, al final de su vida laboral. Sin embargo, dudo de que los sindicatos vayan a aceptar semejante cuestión.
En consecuencia, aunque la propuesta de CCOO supone una cierta flexibilización del despido, que siempre es mejor que nada, dista mucho de ser la solución que se necesita, que es su abaratamiento y, como de lo que se trata es de resolver el gravísimo problema de paro que tiene nuestro país, lo mejor sería olvidarse de ella y no distraerse de la verdadera esencia del debate sobre la reforma laboral.