Por mucho que Zapatero, con el objetivo de tranquilizar a nuestros alarmados socios europeos, haya hecho referencia últimamente a la necesidad de contención del gasto público, está visto que la única fórmula que tiene de sacarnos de la crisis –más bien de perpetuarnos en ella– es la de recurrir al bolsillo del sufrido contribuyente, presente y futuro. Tal es el caso del Plan Extraordinario de Infraestructuras, anunciado a bombo y platillo este miércoles por el propio Zapatero, que supondrá en los próximos dos años una inversión de 17.000 millones de euros, fundamentalmente para líneas de AVE y carreteras.
Aunque haya que reconocer que el destino de este dinero sea menos criticable que otros en los que se ha dilapidado la mayor parte del Plan E, denota que Zapatero persiste en el error de pensar que debe ser el Estado el que estimule, a través del dinero del contribuyente, nuestra deteriorada economía.
Lo que necesitamos, sin embargo, para salir cuanto antes de la crisis no son carreteras ni vías ferroviarias, sino una generalizada y profunda liberalización que permita a la sociedad civil dirigir libremente los recursos humanos y materiales disponibles hacia lo que los ciudadanos demandan, y no hacia lo que se le ocurre al ministro de Fomento.
En todo caso, lo más llamativo de este Plan de Infraestructuras, y de lo que les quería hablar, es la "imaginativa formula" con la que el Gobierno de Zapatero pretende financiarla: a saber, que sean las propias constructoras las que se hagan cargo del coste –con el respaldo nuclear del ICO y las entidades financieras– y, sólo pasadas las elecciones, el Gobierno empezará a pagárselas en un periodo que va desde 2014 hasta 2044. De esta forma, tal y como Zapatero ha querido remarcar, no se generará, a corto plazo, un aumento del déficit público que perjudique la estabilidad presupuestaria.
Para mí lo único que de "imaginativa" tiene esta fórmula es la forma que tiene de distorsionar nuestra contabilidad nacional, de engañar mediante una argucia a nuestros socios europeos –y a los propios ciudadanos españoles– respecto al compromiso de austeridad, y, sobre todo, de hacer visibles en esta misma legislatura los beneficios de este plan mientras se transfieren todos sus costes a legislaturas venideras.
En un artículo anterior ya denuncié el "déficit público como déficit democrático", precisamente porque al gastar más dinero que el que se recauda se vulneraban esos límites temporales que establece la democracia al poder de todo Gobierno. Con la fórmula de financiación del Plan de Infraestructuras, aunque no genere déficit, este fenómeno se produce aun de forma más descarada. Y esto es así porque la legitima capacidad recaudatoria que hasta 2012 tiene el Gobierno de Zapatero no va a financiar ni siquiera parte de este plan cuyos efectos positivos sí van a ser, por el contrario, visibles en esta legislatura.
Al margen de los riesgos de corrupción que pueda contener este Plan de Infraestructuras a la hora de adjudicar obras, y sin olvidar tampoco la reducción del crédito que, a corto plazo, van a sufrir muchos sectores en beneficio del de la construcción, resulta delirante que pretendamos salir, a través del endeudamiento, de una crisis que precisamente se ha originado por pretender vivir por encima de nuestras posibilidades. Es una ficción que ha generado y que pretende seguir manteniendo el Estado. Una ficción, sin embargo, que a Zapatero no le importa si su factura la puede posponer para después de las elecciones y que, para colmo, respaldan las persistentes falacias keynesianas favorables a ese "motor de crecimiento" que dicen que es la obra pública.
Y es que si la irresponsable despreocupación de Keynes por el futuro quedó en evidencia con su afirmación de que "a la largo plazo, todos muertos", está visto que Zapatero quiere hacer suyo el dicho ese de que "el que venga detrás que arree"