Gürtel y el caso Matas en la cúpula del PP; la operación Malaya y Ballena Blanca en la Costa del Sol; las ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa Matsa en la que, casualmente, trabaja la hija del ex presidente autonómico Manuel Chaves; el piso de lujo que se ha comprado el hijo de Bono; la vergonzosa ocultación de bienes patrimoniales por parte de toda la clase política, sin excepción; la financiación ilegal del PSOE en la negra etapa de Filesa; la condonación de créditos multimillonarios a partidos políticos; el fichaje de políticos por parte de grandes empresas; la opacidad de las cajas de ahorros; los cientos de cargos municipales imputados y condenados por casos de corrupción urbanística... ¿Seguimos?
Es evidente que casi todo huele a podrido en las instituciones públicas que nos gobiernan, sancionan, multan y regulan hasta la saciedad. Y mientras el sector privado es vigilado con lupa para limitar su actividad en aras de un falso "bien común", todo un ejército de cargos públicos se llena los bolsillos, amasando auténticas fortunas, mediante el regular desarrollo de delitos económicos.
La corrupción política de alto rango, en la que están implicados senadores, diputados y cargos autonómicos, ha llenado las portadas de los periódicos en los últimos tiempos y todo indica que lo seguirá haciendo en los meses venideros. No obstante, y no por casualidad, la clase política se ha convertido en el segundo mayor problema del país por detrás de la crisis, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Y ante la obviedad, la tradicional hipocresía de los afectados. Lemas del estilo "no se puede generalizar", "la mayoría somos honrados" o "actuaremos con contundencia reformando nuestros códigos internos" han sido, una y otra vez, los mensajes reiterados a la opinión pública con la malvada esperanza de quitar hierro al asunto.
Pues no, señores. La corrupción nace con la política. Es un mal intrínseco de la actividad pública, algo natural y propio en el ejercicio del poder. Desde la antigua Roma y la mítica Atenas los cargos se vendían al mejor postor realizando toda clase de servicios ilegales a cambio de unas monedas. Nada ha cambiado.
Todos los casos citados anteriormente tienen un denominador común: el pago de dinero por parte de empresas o particulares a cambio de determinados favores cuya otorgación depende, única y exclusivamente, del sector público como, por ejemplo, la concesión de licencias urbanísticas, la apertura de negocios, la evasión de multas y sanciones o la firma de contratos por obras y servicios de toda índole, entre otros muchos.
¿Cómo combatirla? ¿Es posible erradicarla? Por extraño que parezca, la resolución de esta lacra, lejos de ser un tema político, pertenece por entero al ámbito económico. La respuesta positiva a tales preguntas tiene su explicación y origen en el grado de libertad económica de la que disfruta un país. Si a mayor Estado menor libertad, también se corrobora que a mayor Estado mayor corrupción política.
Según el Barómetro de Corrupción Global 2009, elaborado por Transparencia Internacional, "casi dos de cada cinco ejecutivos de empresas encuestados afirmaron que se les había solicitado pagar sobornos al realizar gestiones con instituciones públicas. La mitad estimó que la corrupción aumentaba en al menos un 10% el costo de los proyectos. Uno de cada cinco señaló haber perdido oportunidades comerciales como resultado del pago de sobornos por un competidor. Más de un tercio percibía que la corrupción se está agravando" a nivel mundial.
Se estima que tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale a aproximadamente entre el 20% y el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo.
Ahora bien, dicho esto, cabe diferenciar entre unos países y otros. Y hete aquí cuando el cruce de datos confirma lo dicho: 15 de los 20 países menos corruptos del mundo en 2009 son, precisamente, los que gozan de una mayor libertad económica, según el índice que elaboran Heritage Foundation y Wall Street Journal. Nueva Zelanda, Dinamarca y Singapur cuentan con los políticos menos corruptos del planeta, al tiempo que se enmarcan entre las diez economías más libres. Por el contrario, los países más corruptos son también los menos libres económicamente. Sobre todo, países del Tercer Mundo y en vías de desarrollo.
España pasa del puesto 28 que ocupaba en 2008 al 32 en el ránking de corrupción, que incluye un total de 180 países, mientras que en el Índice de Libertad Económica pierde siete y desciende hasta el 36.
La corrupción tiene muy poco que ver con la bondad u honradez de las personas que ocupan cargos públicos, y casi todo con el grado de intervención económica que sufren los individuos y las empresas. Si los rusos y cubanos han sobrevivido durante décadas al puño comunista es gracias al mercado negro (ilegal) y al pago estructural de sobornos para evitar la cárcel. Es un mal endémico del sistema intervencionista.
La corrupción brilla por su ausencia en los mercado libres, con marcos regulatorios simples y favorables a la libertad, ya que, simplemente, no es necesario corromper al político de turno para desarrollar cualquier actividad legítima y acorde al derecho natural del ser humano. Así pues, ni se engañen ni se dejen engañar. Para combatir eficazmente la corrupción hay que liberalizar al máximo los mercados.