En cualquier país del mundo, cuando una cosa no funciona, se cambia y listo. Y si para ello es necesario modificar la Constitución, se enmienda y ya está, porque el fin último del Estado es, y debe ser, servir al ciudadano en lugar de poner al contribuyente al servicio del poder político, que es lo que ocurre en España. Han pasado ya más de treinta años desde que en nuestro país se aprobó la actual Carta Magna y, sin embargo, aquí parece que pocos quieren tocar su articulado cuando, a estas alturas de la película, es claro y manifiesto que el modelo autonómico no funciona porque las autonomías se han convertido en verdaderos reinos de taifas caros, ineficientes, corruptos, que no sirven al ciudadano y que impiden el desarrollo de las políticas y proyectos nacionales que necesita el país. Por eso, Mariano Rajoy se equivoca cuando se niega a que el Estado recupere competencias. ¿Por qué no ha de hacerlo si esto no funciona?
No hay que olvidar que el Estado de las autonomías no es un fin en sí mismo sino una fórmula de descentralización administrativa de la que nos dotamos los españoles en parte para resolver los problemas vasco y catalán, en parte para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a los contribuyentes debido a la mayor proximidad a los mismos de los niveles inferiores de la Administración Pública. Sin embargo, esas buenas intenciones con las que nació el Título VIII de la Constitución no se han cumplido. El problema vasco se está resolviendo una vez que se ha desalojado al PNV del poder y con la policía arrinconando a ETA siempre y cuando se la deje actuar y no sucedan cosas como el ‘caso Faisán’. El problema catalán, en cambio, va a peor porque entre las concesiones que unos gobiernos y otros han tenido que hacer a los nacionalistas y el desmembramiento de España que ha llevado a cabo Zapatero respaldando el Estatut catalán, en esa parte del país difícilmente se puede decir que impera la Constitución, sobre todo cuando la propia Generalitat dice que no acatará una sentencia contraria al Estatut por parte del Tribunal Constitucional. Y también cuando el Gobierno central responde no sólo cruzándose de brazos sino, incluso, presionando a la Alta Magistratura para obtener un dictamen favorable o, cuando menos, para retrasar su publicación en función del calendario electoral y de las conveniencias políticas de los socialistas.
Económicamente, el Estado de las autonomías también es un completo desastre. Los gobiernos regionales no hacen más que gastar y gastar en cosas que no sirven para nada excepto para tratar de perpetuar al reyezuelo de cada taifa en su trono. Las autonomías no están al servicio del ciudadano, sino que han puesto a éste al servicio de los políticos. Es el contribuyente el que paga todos estos desmanes presupuestarios sin obtener nada a cambio. Además, y lo que es peor, las autonomías son entes voraces ávidos de dinero, que exigen más y más recursos al Estado, hasta agotarle, porque no quieren subir los impuestos para financiar sus injustificables políticas de gasto ya que eso es impopular y prefieren que sea otro el que se apriete el cinturón o asuma el coste político de elevar la presión fiscal. Porque de recortarla, con la excepción de Madrid, nada de nada. Mientras en cada taifa se dedican a tirar el dinero en embajadas o en programas de inmersión lingüística, por no hablar de cargos públicos inútiles, o de la multiplicidad de coches oficiales y visas oro para gastos de representación, la calidad de servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, se recorta a pasos agigantados, al tiempo que la corrupción campa tranquilamente por sus respetos en muchas regiones de España. Y eso por no hablar de lo que está sucediendo con las cajas de ahorros, donde los poderes regionales impiden una racionalización del mapa de cajas a través de fusiones interregionales, si fuere necesario, porque estas entidades financieras son un importante resorte de poder en sus manos y no quieren perder el control asfixiante que ejercen sobre las mismas (control que ha llevado a muchas de ellas al borde de la quiebra).
Además, a los reyezuelos de nuestras taifas les encanta legislar todo lo habido y por haber en materia de economía y así hemos llegado a la situación absurda de que mientras en la Unión Europea se trabaja por que haya un verdadero mercado europeo integrado, con una normativa única para todos los países miembros, aquí se desintegra el mercado nacional a base de la multiplicidad de leyes autonómicas que, para un mismo hecho, establecen regulaciones diferentes, con todo lo que ello implica de ineficiencias y costes para las empresas.
La gota que colma el vaso la pone la actitud de las autonomías en lo que se refiere a las medias para superar la actual crisis económica. La salida consiste en recortar impuestos, pero aquí solo lo hace Esperanza Aguirre, porque las demás autonomías pasan de ello mientras el Gobierno de Zapatero los sube. Consiste también en liberalizar muchos sectores, como el del comercio, pero aquí sólo lo hace Madrid, que por eso ya empieza a presentar los primeros síntomas de repunte en la actividad económica mientras que las regiones más intervencionistas, como Cataluña, siguen hundiéndose en el abismo. Consiste asimismo en una rebaja del gasto público que permita reducir tanto el déficit presupuestario como los impuestos, pero aquí la única que ha cogido la tijera de podar y se aplica con denuedo a ello es Esperanza Aguirre, como si todo esto no fuera con las demás autonomías. Pues va con ellas porque son parte de la administración pública, porque se han pasado años viviendo por encima de sus posibilidades financieras y porque a ellas también les toca ahora adaptarse a la realidad post burbuja inmobiliaria. Sin embargo, se niegan a ello y dicen que se apriete el cinturón el Estado.
Todo lo anterior impide que desde el Gobierno central se puedan desplegar las necesarias políticas económicas de alcance nacional, porque todo, o casi todo, se tiene que pactar con unas autonomías que no miran por el bien común, sino por el particular de cada reyezuelo de taifa y del partido o partidos que lo mantienen en el poder. Aquí no prima el interés del ciudadano, ni siquiera el público, sino el más particular de todos ellos que, por lo general, suele entrelazarse con la corrupción, y si alguien lo duda, que mire hacia lo que está sucediendo en Baleares en estas semanas, sin ir más lejos.
Es evidente, por tanto, que la necesidad de proceder a una reforma del modelo autonómico resulta más que perentoria. El problema es que, hoy por hoy, los políticos que podrían llevarla a cabo dependen de los respectivos barones territoriales de su partido para mantenerse en el poder, lo que les convierte en líderes débiles para hacer lo que hay que hacer. Si a eso le unimos el carácter de Rajoy, no es de extrañar que el presidente del PP no esté por la labor, lo cual es un error, se mire como se mire.