Toda crisis económica abre la oportunidad de un cambio. La crisis económica en España, con su terrible efecto sobre el empleo, comienza a abrir una agenda de reformas indispensables que se hallaba cerrada desde hace mucho tiempo.
Dentro de esta agenda, el debate sobre las pensiones vuelve a estar encima de la mesa, y ya se han alzado las voces liberales del país en contra del sistema de reparto y a favor de un sistema de capitalización. En tal sentido podemos destacar los valiosos aportes de Pedro Schwartz, Juan Ramón Rallo, Gabriel Calzada y Carlos Rodríguez Braun. Incluso el ex presidente José María Aznar ha destacado que "el sistema de pensiones no puede aguantar". (Lástima que no aprovechara su gestión para implementar una reforma).
En este artículo sólo quiero hacer una reflexión sobre un punto que ha enfatizado mi colega María Blanco: "Pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización no es cosa fácil, las transiciones suelen ser siempre complicadas".
Observo una tendencia, tanto en los liberales argentinos como en los españoles, a caer en el simplismo de resumir los grandes logros del caso chileno en la reforma de las pensiones. Yo mismo lo he hecho en mi columna. Pero pocos, o quizás ninguno de nosotros, nos hemos arremangado y puesto a trabajar en lo que seguramente es la preocupación de los políticos (y con ello me refiero tanto al poder ejecutivo como el legislativo): como efectuar la transición a tal sistema.
Me refiero a que el sistema de capitalización resolverá el problema de las futuras generaciones, puesto que el ahorro de la actual población activa se invertirá y rendirá sus frutos para dentro de dos, tres o cuatro décadas, dejando además una importante generación de empleo y un positivo efecto sobre la actividad económica. Sin embargo, también dejará un agujero fiscal que obligará al Gobierno que lleve adelante la reforma a endeudarse o a incrementar los recursos tributarios para financiar a los actuales pensionistas.
Y en este sentido Argentina puede ofrecerles una lección. Argentina "resolvió" el problema de la transición obligando a las administraciones de pensiones a invertir un tercio del dinero recaudado en la compra de deuda pública. Las administradoras, por un lado, recibían así importantes ganancias fruto de adquirir los arriesgados títulos públicos. El Estado, por el otro, lograba resolver un problema de caja acuciante, y así financiar a los actuales pensionistas, con los cuantiosos recursos que recibía de las administradoras. Esto es lo que en otra columna denominé el mito de las pensiones privadas.
Si el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner decidió estatalizar el sistema, fue tanto por la voracidad fiscal que los caracteriza, como por la necesidad de interrumpir un proceso de endeudamiento público que hacía inviable la política fiscal de su Gobierno.
Los liberales españoles deben estudiar el exitoso caso chileno y también el fracaso argentino. El desafío es imaginar una transición que convenza a la clase política española de que un sistema de capitalización, además de superior, es posible.