La pasada semana el equipo formado por los ministros del Gobierno Salgado, Blanco y Sebastián presentaron un amago de Pacto de Estado cuyo contenido fundamental son medidas de segundo orden que no sirven para sacar a España de la crisis. Los distintos partidos políticos lo han dejado bien claro: si vamos a discutir, hagámoslo en el Congreso sin tanto bombo y platillo en el Palacio Zurbano y sin crear falsas expectativas. Francamente, no puede más que asombrar que un Gobierno que ha puesto contra las cuerdas la credibilidad de España se aventure a presentar un Pacto de Estado tan ralo y magro. ¿Será posible que el Gobierno no se entere de que se está cavando su propia tumba, minando su escasa credibilidad con soluciones que no son más que parches inútiles? O, por el contrario, ¿es una simple huida hacia delante?
En recesión, con un desempleo del 19% y con una propuesta de subida del IVA cuyo impacto es unánime tanto para analistas nacionales como internacionales –agravará la crisis–, las reformas estructurales de calado que nuestro país necesita no se abordan en el documento presentado por el Gobierno. Simplemente quedan excluidos los temas fundamentales. No se trata ni la reforma del mercado de trabajo, ni la reforma del sistema de pensiones, ni la reforma del sistema financiero (sobre todo las cajas de ahorro), ni la reforma del sistema educativo, ni la reforma de los mecanismos de coordinación y control entre Administraciones Públicas.
Sin entrar a analizar la oportunidad del momento para presentar, o no, las medidas de segundo orden adelantadas por el Gobierno, lo que sí se puede censurar es la falta de rigor con que se ha hecho. Los economistas, por defecto, cuantificamos las cosas. ¿Qué coste tiene esto? ¿Y qué sacrificio implícito lleva hacer aquello? Nada de este discurso viene realizado en el "pacto-amago". Pongamos por caso: el Gobierno pretende crear 350.000 puestos de trabajo, nada menos, mediante la rehabilitación de viviendas en los próximos dos años. Sin embargo, no se dice absolutamente nada sobre el coste que conlleva esta medida. Una estimación por lo alto aproxima el gasto de crear dicho número de puestos de trabajo por encima de los 11.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 1% del PIB. Entonces, ¿cómo se puede gastar dicha cifra y, a la vez, alcanzar la indispensable contención del gasto público? Es decir, no hay lógica en la propuesta, ¿de qué estamos hablando?
Lo mismo ocurre al analizar la propuesta mediante la cual se pone en marcha la línea de crédito ICO de hasta 200.000 euros para todas aquellas pymes que lo soliciten. El número de pymes en España es aproximadamente 3.000.000; de las cuales algo más de la mitad son empresas sin asalariados. Excluyamos éstas, y contabilicemos aquellas con asalariados. Más aún, reduzcamos en un tercio el total de empresas que puedan concurrir a la solicitud de préstamos de la línea ICO; todavía, el número rondaría cerca de un millón de empresas. Si a este número le adjudicamos las cantidades propuestas por el Gobierno en la presente medida, potencialmente, el ICO tendría que afrontar prestar algo más 200.000 millones de euros o bien dos veces el FROB (o el 20% del PIB). Lógicamente, tamaño derroche no puede ser. Pero, atención, es que el Gobierno ha lanzado la idea y no la ha cuantificado. Sólo advierte que el ICO correrá con el 100% del riesgo aunque sea una entidad privada quien administre el programa. De prosperar la medida, que Dios nos pille confesados porque con la poca experiencia y capacidad del ICO para evaluar préstamos sería lógico esperar una explosión de créditos fallidos.
En cuanto a la energía, capitulo fundamental para apoyar la maltrecha competitividad de la economía española; si ésta fuera barata y segura, ayudaría a industrializar el país sin necesidad de ir escogiendo sectores ganadores como propone Miguel Sebastián. En el documento del Gobierno, se apuesta por todas las renovables, aún incluso habiendo probado y demostrado su alto coste. Y, sin embargo, se olvida la energía nuclear, la más barata y limpia de todas las fuentes nacionales. Esta renuncia es un absoluto sacrificio para varias generaciones de trabajadores españoles, dado que es más que probable que para la fecha dada por el Gobierno, 2020, los reactores nucleares de última generación reutilizarán los residuos radioactivos, dando una vida útil mucho más larga a los mismos y abaratando todavía más la producción de energía.
Y para que no decaiga el ánimo, a la vez que tenía lugar la negociación de este referido "pacto-amago", empresas afines a nuestro Gobierno nos han obsequiado con un anuncio en varios medios de comunicación mediante el cual nos indica que "esto lo arreglamos entre todos". Por supuesto que sí, pero con un doble esfuerzo para salir del agujero en el que con mayor ahínco nos mete el Gobierno día a día.