A todos los que, como Zapatero, eligen como estrategia política la huida permanente hacia adelante en lugar de encarar los problemas, tarde o temprano se les acaba el espacio y, cuando llega ese momento, suelen encontrarse con una situación bastante peor que aquella otra que no quisieron atajar desde un principio. Por lo general, el final del camino viene marcado por algo así como la alternativa del diablo, esto es, la necesidad de escoger entre dos males, en nuestro caso, entre más recesión o la suspensión de pagos. Es lo que ahora le toca a ZP.
Esta semana el Gobierno se ha puesto de los nervios ante las dudas más que razonables de los mercados acerca de la capacidad de España para satisfacer sus compromisos con sus acreedores externos. Y en medio de paranoicas acusaciones de conspiración de los mercados contra ZP, el insigne justiciero que pretende reformarlos para que no se vuelva a repetir algo como la actual crisis financiera, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el secretario de estado de Economía, José Manuel Campa, tuvieron que irse apresuradamente a Londres, primero, y luego a París para tratar de convencer a los inversores internacionales y a la prensa económica más influyente del mundo de que el Ejecutivo socialista estaba firmemente comprometido a rebajar el déficit público hasta el 3% en 2007. Y para conseguir tranquilizar a los mercados, pusieron sobre la mesa un fuerte ajuste presupuestario y una promesa de verdadera reforma laboral. Ambas cosas están aún por verse.
Pero hete aquí que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el adelanto del PIB del cuarto trimestre, el cual, por supuesto, no sólo no es bueno, sino que demuestra una vez más hasta qué punto este Gobierno nos miente con las cifras. ¿Recuerdan a Zapatero diciéndonos hace una semana, hasta con tono poco menos que amenazador, que el crecimiento intertrimestral de la economía entre octubre y diciembre iba a ser ligeramente positivo? Pues toma nueva caída, de una décima, eso sí, más moderada que en trimestres precedentes. Claro que esa moderación tiene trampa, como explica el Banco de España, porque se debe a todos los miles de millones de euros que el Ejecutivo está tirando a espuertas con tal de mejorar las cifras de crecimiento, aunque sea de forma temporal, que es lo que está sucediendo verdaderamente. Porque sin esos estímulos de gasto público, la recesión sería más profunda de lo que ya está siendo. Y aquí viene la gran cuestión: si ahora el Gabinete retira las medidas de apoyo, la recesión volverá a ir a más, y no digamos ya los tan escandalosos como dramáticos niveles de paro, que están poniendo a la sociedad española al límite de su capacidad de resistencia. ¿Qué va a hacer entonces Zapatero? ¿Optar por más recesión, agravada y ampliada por la segunda oleada de morosidad del sector inmobiliario que se avecina? ¿Pasar olímpicamente de los mercados? Lo cierto es que ZP, en realidad, posiblemente no tiene capacidad de elección y serán otros quienes, al final, decidan por él, le guste o no. ¿Por qué?
Si el Gobierno ahora defrauda las expectativas de los mercados acerca del ajuste prometido, el poco crédito que ha conseguido desaparecerá por completo y por largo tiempo, y el castigo que van a aplicar a España será tal que el Tesoro no tendrá forma alguna de colocar los cientos de miles de millones de deuda pública que tiene que emitir este año. Sin ese dinero, o Zapatero corta de raíz los estímulos presupuestarios al crecimiento económico, por no hablar de la falta de capacidad para seguir financiando sus mal llamadas políticas sociales, y deja que la recesión empeore, o declara la suspensión de pagos del Reino de España. Esa es la cuestión. ¿Qué haría un político racional? Optar por el agravamiento de la recesión, porque de ella se acaba por salir, mientras pone en marcha las reformas y el ajuste que necesita este país y se dejan de ocultar como sea dos realidades que no quiere ver este Gobierno: que buena parte del sector inmobiliario está quebrado y que lo mismo ocurre con un buen número de entidades crediticias. Porque de lo que no se sale tan fácilmente es de las consecuencias de una suspensión de pagos, que implican largos años sin acceso a la financiación internacional y, por tanto, de depresión y altos niveles de paro y miseria. Pero claro, eso es lo que haría un político racional. Sin embargo, conociendo como conocemos ya a ZP, la racionalidad es algo que ya no se le puede suponer.