Año 2008. La crisis financiera internacional hunde a las principales potencias del planeta en una profunda recesión económica. Ante los primeros síntomas de contracción del Producto Interior Bruto, políticos y economistas gritan al unísono la necesidad inmediata de acudir en ayuda de empresas, familias y sectores en quiebra con el fin de frenar un paro en ascenso. Comienza la orgía de dispendios públicos.
Año 2009. Pese a los constantes mensajes de "calma", "solidez" y "solvencia financiera" que proclaman los gobernantes, los grandes bancos internacionales caen como fichas de dominó. La recesión se agrava. "El capitalismo ha muerto", proclaman muchos, es la hora del "Estado". Bancos centrales y gobiernos ponen en marcha sus particulares "medidas extraordinarias". Los denominados "planes de estímulo" (Planes E) y fondos de rescate bancario (TARP en Estados Unidos, FROB en España...) centran la acción política y la atención mediática.
Año 2010. Tras dos intensos años de intervención pública, la mayor desde la Gran Depresión de los años 30, el pago de la factura comienza a llegar a los contribuyentes. "Disculpe, ¿cuánto es?". El Gobierno responde: unos 13 billones de dólares, gracias. Más del 21% del PIB mundial o, lo que es lo mismo, una quinta parte de la riqueza que generan los individuos de todo el planeta en un año. Para ser más concretos, 1.900 dólares adicionales por cada niño, mujer y hombre que habita la Tierra.
Poca cosa. ¿Y en España? Unos 150.000 millones de euros, que es el resultado de sumar el déficit de 2008 (4,1% del PIB) y el de 2009 (11,4%), según cifras oficiales de Economía. Es decir, 3.260 euros más por cada españolito de a pie. Y ello, sin contar el rescate bancario, puesto que éste aún está en pañales.
De hecho, por el momento, el peso del gasto público se ha incrementado en España desde el 39,2% del PIB en 2007 al 46,1% en 2009, cerca de 70.000 millones de euros adicionales en apenas dos años. En la actualidad, el Estado absorbe casi la mitad de la riqueza nacional.
Todo esto se traduce en más impuestos para los trabajadores (unos 17,5 millones hoy en día) y las empresas que sobrevivan a la crisis. Y es que la factura extra de los rescates públicos se reflejará, de una u otra forma, en menores ingresos para las familias y recorte de beneficios para las empresas.
Y llegados a este punto, una mera observación. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto le quita el Estado? Calcúlelo usted mismo. Tan sólo el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y la Seguridad Social resta a los mileuristas unos 2.500 euros al año (casi 180 euros al mes tomando como referencia 14 pagas). ¿Y los que cobran 1.500 euros netos? Unos 5.600 euros (400 euros al mes) si no tiene hipoteca ni hijos a su cargo, ya que Hacienda los computa como gastos deducibles. La cifra asciende a 7.700 euros anuales en caso de que perciban un sueldo de 1.800 –el Gobierno se queda con 550 euros mensuales de su trabajo–, y así sucesivamente.
Ahora sumen a estas facturas individuales los "rescates" y "estímulos" públicos orquestados por el Gobierno socialista –los 150.000 millones anteriormente citados–, y añadan el futuro coste del FROB, dotado inicialmente con 100.000 millones de euros.
Por último, pregúntense, ¿para qué ha servido y servirá tanto sacrificio? España sigue en recesión, el paro roza el 20%, el sector inmobiliario sigue en quiebra y la crisis financiera está empezando a aflorar. Además, el aumento de impuestos y el incremento de la deuda pública retrasarán aún más la recuperación, con la amenaza en el horizonte de posible estancamiento económico. Tan sólo deben darle la vuelta a todo este razonamiento y descubrirán que el camino a seguir para salvar la crisis (causada por la intervención pública) es justo el contrario al aplicado por los políticos.