La polémica sobre el dinero negro y sus posibles estimaciones dio lugar a declaraciones más o menos rimbombantes y absurdas, y entretuvo al personal unos días. En ese sentido benefició al Gobierno, porque todo lo que contribuya a desviar la atención del paro resulta a la postre ventajoso para las autoridades. Pero además sirvió para ilustrar un aspecto interesante del socialismo de todos los partidos, que es la ignorancia de las limitaciones y contradicciones de la política contemporánea. Así, leí en El Mundo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había asegurado que el dinero negro tiene "los días contados".
Este disparate podría no serlo si el Gobierno se dispusiera a abrir todos los mercados y reducir el intervencionismo a su mínima expresión. Cabe razonablemente suponer que no es tal la intención de Smiley y su banda. Por lo tanto, podemos concluir que la señora vicepresidenta quiere acabar con el dinero negro con aún más intervencionismo. Esto ignora en primer lugar las limitaciones del Gobierno, que aunque pretenda cambiar el mundo a golpe de leyes, y a leyes de golpe, es claro que no puede hacerlo. Y en segundo lugar incurre en la clásica y pueril contradicción de pretender que la intervención que se presenta como solución no tiene nada que ver con el problema. Y esto también es falso, porque el dinero negro es en buena medida causado por la intervención política y legislativa.
Esto no es reconocido en la política actual, que nos brinda, por ejemplo, el triste espectáculo de unos políticos que presumen de "luchar contra el paro" cuando son sus principales responsables. En estas historias de bomberos pirómanos los momentos más bochornosos pasan precisamente por dicha elusión de responsabilidades políticas. Tomás Cuesta apuntó en ABC una variante ilustrativa de esta actitud al evocar el cuento del parricida que, como atenuante de su crimen, alegó ante el juez que, después de todo, él era un pobre huérfano.