El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, acaba de advertir que la economía española adolece de un déficit de credibilidad exterior debido a su elevado endeudamiento. Por ‘déficit de credibilidad’ entiende la capacidad de nuestro país de hacer frente a las deudas contraídas con el exterior, una capacidad que cada vez más analistas ponen en entredicho. Esta situación recuerda a la de la crisis de mediados de los 50, que dio lugar al Plan de Estabilización de 1959. Sin embargo, entre aquel momento y este, como entre las otras dos grandes crisis económicas que ha padecido nuestro país desde el final de la Guerra Civil –las dos crisis del petróleo– hay, al menos, una gran diferencia a tener en cuenta. En todos aquellos momentos siempre había alguien de fuera dispuesto a ayudar a España con la financiación que hiciera falta. En los 50 fue Estados Unidos para ganarse a nuestro país como aliado; en las dos crisis del petróleo, que coincidieron con la transición política, fueron los norteamericanos y la Unión Europea para ayudar a consolidar la democracia. Sin embargo, ahora no hay nadie que pueda sacarnos las castañas del fuego ni que tenga el menor interés en hacerlo. Alemania ya ha advertido de que cada palo tiene que aguantar su propia vela y de que no habrá ayudas de la UE para los países del euro con problemas. Y a los Estados Unidos de Obama, que bastante tienen con lo suyo, España les importa un pimiento, por mucho que Zapatero pretenda ir por la vida de amigo del alma del presidente norteamericano, lo cual no es más que una operación de marketing para tratar de evitar la sangría de votos socialistas hacia la abstención que anuncian las encuestas. En este contexto, por tanto, es lógico que a los financieros como Oliú, y a todo el mundo, les preocupe la cuestión de la credibilidad exterior de España.
¿Cómo se resuelve dicho asunto? Pues muy fácil: con un plan serio y creíble para reducir el déficit público. El problema es que las decisiones que hay que tomar al respecto no son sencillas y rebasan los límites de lo económico para entrar de lleno en el terreno político. Por ejemplo, de los más de cien mil millones de euros, aproximadamente el 12% del PIB, de déficit con que probablemente ha concluido 2009, 60.000 millones corresponden a lo que la OCDE denomina déficit estructural, esto es, que no es producto de la caída de ingresos ni del aumento de las prestaciones por desempleo y otros pagos relacionados con la crisis, sino gastos por encima de lo que España se puede permitir, que antes se financiaban con los ingresos tributarios vinculados con la burbuja inmobiliaria y que ahora han desaparecido por completo. Pero es que, además, el tijeretazo a los dispendios públicos hay que aplicarlo en todos los niveles de la Administración, no sólo en el Estado, sino también, y sobre todo, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, lo cual requiere una fortaleza y una voluntad políticas, así como una capacidad de liderazgo de la que, hoy por hoy, este Gobierno carece.
Para complicar más las cosas, el Gobierno de Zapatero, lejos de dar una imagen de solvencia, lo que está manifestando es que parece inmerso en un proceso de descomposición interna. Las peleas entre ministros, como la protagonizada recientemente por Salgado y Corbacho a cuenta del tamaño de la economía sumergida en España, empiezan a estar a la orden del día, mientras Zapatero desautoriza en Europa a quienes en España tratan de salvarle la cara después de que empiece a hacer gala en la UE de su política de gobernar a golpe de ocurrencias que tanto ha exhibido en nuestro país. Y por si no fuera bastante con esto, ya hay socialistas, cada vez más, que empiezan a cuestionar públicamente a ZP y su idoneidad para ser el cabeza de cartel del PSOE en las generales de 2012. Sin lugar a dudas, esto puede calificase como una crisis política en toda regla, que se extiende más allá del terreno de los socialistas para alcanzar también al PP en tanto en cuanto el principal partido de la oposición sigue sin querer presentar una verdadera alternativa de Gobierno, con medidas concretas que vayan más allá de las declaraciones genéricas acerca de la necesidad de reducir el déficit y llevar a cabo reformas estructurales, entre ellas la del mercado laboral. Y eso por no hablar del enorme poder sobre la acción política del Ejecutivo que detentan gratuitamente los sindicatos, sólo por el miedo cerval de Zapatero a que le convoquen una huelga general. Esta imagen de descomposición política es la que proyecta España en el exterior.
Así las cosas, ¿quién va a confiar en nuestro país? Lo que los mercados necesitan es tener claro que en España hay un Gobierno, sea del partido que sea, estable, que sabe lo que hace y que cuenta con capacidad y voluntad política para reconducir la situación. De esta forma, podrán conjurarse sus miedos y se cerrará ese déficit de credibilidad del que advierte Oliú y del que, sin duda, ya empieza a percibir las consecuencias. Pero como la política no está por ayudar a la economía, sino todo lo contrario, se entra así en un círculo vicioso en el que la crisis económica alimenta a la política y viceversa. Y lo peor es que Zapatero ni va a cambiar ni, por lo visto, se va a marchar de La Moncloa –si no lo echan los ciudadanos con sus votos– y como, además, dice que eso de alcanzar un pacto de Estado con el PP para solucionar la crisis va en contra de su ideología, él solito cierra la única puerta que le quedaba para tratar de poner orden en los maltrechos asuntos de la economía española, sin querer ver la que se nos va a venir encima como consecuencia de ello.