Celestino Corbacho va a pasar a la historia como uno de los peores ministros de Trabajo de la España moderna, sólo superado, por ahora, por José Antonio Girón de Velasco. Claro que siendo miembro del Gobierno Zapatero tampoco es de extrañar, porque ya se sabe que ZP no se rodea de los mejores en el Consejo de Ministros, sino de quienes no le hacen sombra y/o le jalean en sus locuras ideológico-infantiles. Pues bien, Corbacho, que se enfrenta al gran desafío de acabar con una sangría en el mercado de trabajo que ha dejado legiones de parados, va a proponer una reforma laboral para tratar de enderezar el curso de los acontecimientos pensada nada más que para dar satisfacción a los sindicatos y no para acabar con esa plaga del desempleo que está dejando ya a cientos de miles de personas en la más absoluta pobreza. Y cuando los sindicatos andan de por medio, nada bueno se puede esperar. Es lo que ocurre con los planes de Trabajo, con un marcado enfoque ideológico y populista que sólo va a conseguir agravar todavía más los problemas de la economía española.
Lo único bueno que tienen los planes de Corbacho, por lo que hasta ahora se conoce de ellos, es que se va a potenciar el papel de las agencias privadas de empleo con el fin de aprovechar su eficiencia para reducir el desempleo, ya que el Servicio Nacional de Empleo se ha demostrado incapaz de hacerlo. Pero claro, luego habrá que leer con lupa el texto que regule dicha medida porque cuesta creer que este Gobierno, con Cándido Méndez de vicepresidente in pectore, vaya a arrebatarle a los sindicatos el control de los contratos de trabajo gestionados en nuestro país. Mucho me temo que ya se las arreglará el Ejecutivo para hacer intervenir a las centrales sindicales de una u otra manera en el proceso de mediación entre las ofertas de empleo de las empresas y las demandas de los parados. Esperemos y lo verán.
Por lo demás, todo son despropósitos. Corbacho, de entrada, quiere introducir el reparto del trabajo subvencionado, esto es, que en las empresas, los empleados reduzcan su jornada laboral para que no haya que despedir a nadie mientras el Estado complementa sus ingresos con ayudas, siempre y cuando sus beneficiarios se apunten a cursos de formación que, cómo no, serán gestionados por los sindicatos. Algo parecido se hizo en Alemania con el fin de permitir que Ángela Merkel ganara las últimas elecciones, palabra mágica que tiene en mente todo el tiempo nuestro Gobierno. Allí fue de ayuda para contener parcialmente la fuerte hemorragia del mercado laboral, pero aquello es Alemania y esto es España. Allí hay muchas grandes empresas industriales donde tenía cierto sentido aplicar semejante política; aquí, el tejido empresarial está constituido por pymes en un 95% y en las cuales ni mucho menos es posible implantar tal medida; allí, el presupuesto público tenía cierta capacidad para financiar una medida como esta, de clara vocación temporal; aquí, después de tantos miles y miles de millones de euros como han derrochado a manos llenas por Zapatero por un lado y por las autonomías por otro, no hay margen presupuestario alguno para acometer semejante política, excepto a costa de un mayor déficit, y más prolongado en el tiempo, que agravaría todavía más si cabe los más que serios problemas financieros de la economía española, con lo que ello implica de más destrucción de empleo y una incapacidad todavía mayor para generarlo.
Por supuesto, el Ejecutivo, o al menos los técnicos de los ministerios de Economía y Trabajo, conocen perfectamente cuáles van a ser las consecuencias de semejante disparate pero, ¡ay amigo, esto no es una cuestión de técnica económica, sino de populismo electoral e ideología política! Vamos, de socialismo en estado puro con eso de que los trabajadores no paguen las consecuencias de la crisis, creada precisamente por un Gobierno socialista, y que los sacrificios se repartan entre todos, sobre todo entre los que más tienen, a través del presupuesto y, si es preciso, de nuevas subidas de impuestos. Esto suena a peronismo puro y duro.
La otra gran perla de la reforma que planea Trabajo es, ni más ni menos, que la desaparición de las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos, que implica encarecer el empleo estable y mandar a engrosar las filas del paro a otro número importante de personas. Corbacho quiere emplear esos recursos en combatir el desempleo juvenil, que afecta ya al 42% de los menores de 25 años en nuestro país. Sin embargo, Corbacho podría conseguir eso de forma mucho más efectiva y barata. Bastaría simplemente con acabar con el salario mínimo y crear la figura del contrato de aprendizaje, con sueldos bajos que se irían incrementando con el tiempo y a medida que quienes estuvieran afectados por él fueran adquiriendo la necesaria capacitación profesional. Pero como eso los sindicatos lo entiende como competencia desleal e injusticia social, no quieren ni oír hablar de ello, cuando pocas injusticias sociales hay mayores que sacrificar a toda una generación de jóvenes en aras de la mala gestión y del socialismo trasnochado de Zapatero.
En cambio, de los parados mayores de 45 años no se dice nada de nada. Son ellos los que ven como están cerradas a cal y canto las puertas de reentrada al mercado de trabajo, son ellos los que, con el tiempo, pierden el derecho a la prestación por desempleo y se quedan sumidos en la más absoluta pobreza, teniendo en muchos casos familias a su cargo y una casa por pagar. En definitiva, son ellos los que si no se quedan en la calle es porque, a fin de cuentas, en España la institución familiar sigue funcionando, por mucho que la ataquen los socialistas. Pues bien, ¿qué hay para los parados mayores de 45 años? Por ahora, nada de nada, excepto esa tontería de la formación, como si muchas de estas personas no tuvieran ya experiencia laboral más que de sobra y hubieran sido expulsados de sus trabajos por una revolución tecnológica. Si han perdido el empleo es, simple y llanamente, porque este Gobierno ha conseguido destruir millones de empresas y eso no se arregla con formación, excepto en lo que a exaltar el importante papel del empresario se refiere en lugar de demonizarlo, sino con una política económica adecuada, que incluya bonificaciones para la reinserción laboral de esas personas, que supone, además, sacar de la pobreza a cientos de miles de familias.
Asistía recientemente a una conferencia sobre el plan de estabilización del 59, organizada por la Fundación Rafael del Pino y el Círculo de Empresarios, con Juan Velarde, Manuel Varela y mi buen amigo el catedrático Manuel Jesús González. Éste último recordó que en 1956, con el fin de impedir una nueva oleada de protestas sociales como consecuencia de la grave situación económica, se aprobó una subida salarial del 60% para los trabajadores, en un gesto a lo Perón que dio la puntilla a la economía española de la misma forma que el peronismo acabó para siempre con la de Argentina, hasta entonces uno de los países más ricos del mundo. Pues bien, lo que está haciendo Corbacho es algo parecido, algo que podríamos llamar neoperonismo sin temor a equivocarnos porque, a fin de cuentas, y por desgracia, su reforma laboral encaja perfectamente en el proceso de argentinización de la economía española al que nos está llevando Zapatero.