Las crisis no sólo comprometen el bienestar del pueblo sino también su libertad. En la actual, como en las anteriores, se vuelve a hablar desde todos los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, de la conveniencia e incluso la necesidad de aumentar la presión fiscal: la tasa Tobin, los gravámenes sobre billetes de avión, teléfonos móviles y hasta los anuncios de Google. Se extiende incluso la consigna de una deuda pública mundial. Por supuesto, como siempre, por buenas causas más o menos ficticias: el cambio climático, el empleo, la superación de la recesión. Pero además resurge la fantástica teoría de que el mayor intervencionismo económico es lo que necesita el capitalismo para sobrevivir.
Es un antiguo camelo propiciado por los socialistas de todos los partidos. La expansión del Estado a lo largo del siglo XX fue amparada a izquierdas y derechas con la idea de que, a falta de dicha expansión, sobrevendría la revolución y toda clase de desórdenes violentos. Vamos, que el capitalismo estaba clamando por menos libertad como garantía de su supervivencia.
Keynes fue gran campeón de esta filfa, asegurando ser amigo fiel de burgueses y empresarios, a los que en realidad despreciaba. Con el paso de los años los empresarios se han ajustado al bulo: con alguien que maneja directamente la mitad del PIB, e indirectamente casi todo, no sólo conviene no llevarse mal sino que llevarse bien puede comportar pingües ganancias, como ya denunció Adam Smith. Pero pocos recuerdan la reacción de los empresarios al principio del proceso: muchos se resistieron, alegando que estas medidas no garantizaban la supervivencia del capitalismo sino la imposición del socialismo. Y nadie piensa nunca que igual la intervención del Estado no apunta a la supervivencia ajena sino a la propia.