Si en España hubiera una autoridad de defensa de la competencia real, y no simplemente nominal, debería vetar la fusión entre Cuatro y Telecinco, así como la que previsiblemente puede seguir entre Antena 3 y La Sexta, si dicha operación no conlleva la pérdida de una de las licencias de televisión en el proceso de fusión y su subasta en el mercado a quien ofrezca las mejores condiciones. ¿Por qué?
En primer lugar, porque las fusiones sin permitir la entrada de nuevos competidores reducen todavía más el ya de por sí escaso, por no decir nulo, pluralismo informativo reinante en las cadenas nacionales de televisión. Lo que necesita una democracia, lo que sustenta la libertad, es la existencia de un verdadero abanico de opiniones y puntos de vista diferentes, no la reducción del ya de por sí más que estrecho segmento de opciones de la actualidad. Las fusiones de las cadenas de televisión, tal y como se están pergeñando, acaban por completo con cualquier viso de pluralismo, que no es bueno ni para la democracia ni para la libertad. Por ello, y teniendo en cuenta que las licencias de televisión son concesiones administrativas, las de Cuatro y la de La Sexta, si también acaba fusionándose con Antena 3, deberían salir a subasta.
El problema es que detrás de todo esto subyacen operaciones políticas para salvar a las cadenas más ‘amigas’ de los socialistas, arruinadas no por la competencia, ni por la crisis, sino porque los grupos que están detrás de ellas desplegaron en su momento estrategias demasiado costosas para arrinconar y acabar con sus rivales que ahora se les vuelven en contra. Prisa tiene que embarcarse en la operación con Telecinco porque necesita vender activos e ingresar dinero como sea para evitar la quiebra, una situación a la que le ha llevado su disparatada política de pagar dinerales y más dinerales por los derechos del fútbol y por las películas de las grandes productoras de Hollywood cuando obtuvo de Felipe González el monopolio de la televisión de pago. La Sexta, por su parte, ya no tiene la financiación privilegiada de antaño porque las entidades crediticias que la financiaban están en crisis y se han visto obligadas a cerrar el grifo y así no hay forma de afrontar los elevadísimos pagos de los contratos del fútbol y la Fórmula 1.
Esto, sin embargo, son problemas empresariales, fruto de decisiones equivocadas y estrategias erróneas y quienes se encuentran detrás de ellos deberían de apechugar con las consecuencias. Pero, claro, se trata de grupos afines a los socialistas y éstos no los van a dejar caer, aunque sea a costa de reducir aún más los estrechos márgenes de libertad y pluralismo que imperan en las televisiones.
Por otra parte, también hay razones de índole económica para oponerse a estas operaciones. La concentración implica aumentar el control del mercado y de la publicidad y reducir la competencia, de forma que, de materializarse las fusiones, las empresas resultantes podrían fijar precios y desplazar a otros competidores, como las TDT o las televisiones autonómicas y locales. De igual forma, pueden establecer un monopolio de facto sobre el fútbol y el cine y dejar fuera de juego a todo el mundo.
Por todo ello, hay que decir no, claro y alto, a estas operaciones si no vienen acompañadas de la salida al mercado de dos licencias, que perderían las cadenas fusionadas. Y es que si tanto Cuatro como La Sexta tienen problemas económicos, éstos se pueden resolver vendiendo las respectivas cadenas a quien esté dispuesto a pagar por ellas, que seguro que más de un grupo internacional y más de dos, o incluso algunos inversores nacionales, estarían dispuestos a quedarse con ellas. Lo que no es de recibo es que, con tal de mantener el control de las televisiones en manos próximas a los socialistas, se permitan esas fusiones que reducen todavía más la competencia y el pluralismo informativo, lo que va en detrimento de algo tan valioso y preciado como es la libertad.