Todas las entregas del ensayo La solvencia del sistema crediticio español: el futuro previsible, de Alberto Recarte, están disponibles aquí.
Todo este análisis tiene un interés no sólo forense, sino de futuro. Desde mediados de 2007 hasta hace escasamente unos meses, el sistema crediticio español ha tenido un gravísimo problema de liquidez, que ha obligado a muchas entidades a reducir el crédito a las empresas y a los hogares y a dedicar el grueso de su actividad a poner orden en su cartera de créditos y a sustituir la financiación que lograban, en conjunto, fuera de España, por otra local, pues sólo las líneas de crédito y de descuento del Banco Central Europeo paliaban la sequía externa durante ese periodo.
Si la crisis de la economía española se extiende, como parece inevitable, a 2010 y a partir de ese año se produce una estabilización y un crecimiento anémico, que puede durar un periodo de al menos cuatro o cinco años más, en los que difícilmente habrá creación neta de empleo, la pregunta que necesita respuesta es saber si el sistema crediticio español va a impulsar o a reducir la capacidad de expansión económica del país.
La importancia del FROB
Para responder a esa pregunta lo primero que habría que abordar es la situación de solvencia del sistema crediticio. En mi opinión, incluso en el caso de que en los próximos tres años el incremento de la mora y las pérdidas definitivas pudieran alcanzar los 210.000 millones de euros, la creación del FROB asegura que no faltarán fondos para recapitalizar a las entidades que lo necesiten, previa su integración, por venta o fusión, con otras más potentes. Pero incluso en esa situación, la rentabilidad del conjunto de entidades financieras es tan alta que en dos o tres años más podría compensarse, vía resultados por operación, antes de dotaciones para provisiones e impuestos, los fondos propios necesarios para mantener el tamaño actual del balance.
El problema que plantea esta forma lenta de recuperar fondos propios es que la actividad crediticia podría verse afectada durante unos años. Si, por el contrario, el FROB se utiliza con prontitud los problemas de solvencia podrían resolverse con mucha mayor rapidez y, al igual que está ocurriendo con otras entidades financieras fuera de España, los fondos públicos empleados podrían devolverse con igual prontitud.
La solvencia del sistema crediticio español no parece estar, pues, en riesgo en su conjunto. Lo que hay son situaciones, sobre todo cajas de ahorro, con problemas de esa naturaleza que están contaminando al conjunto. Ese efecto se produce porque, dada la dependencia de los residentes en España, incluido el sistema financiero y crediticio, del ahorro externo y su grado de endeudamiento, y conocido y asumido el papel determinante del Banco de España como regulador y controlador, cualquier dificultad en una entidad crediticia española se considera como debilidad del conjunto del Sistema crediticio.
Si no se afrontan con rapidez los caso de insolvencia, podríamos, en el peor de los casos, volver a tener un problema de liquidez, máxime si coinciden en el tiempo el estallido de esos problemas específicos de solvencia con la reducción de las líneas de liquidez y de descuento del Banco Central Europeo y con la inevitable explosión de la necesidad de financiación de los Tesoros nacionales de los países afectados por problemas en sus sistemas crediticios y financieros. El tiempo es esencial.
Pero si esas dificultades se abordaran inmediatamente, en los próximos meses nos ahorraríamos la sensación de que en el sistema crediticio español faltan solvencia y quizá liquidez. Y si la necesaria reestructuración del conjunto de cajas de ahorro se hace con criterios económicos y financieros, en lugar de con imposiciones políticas por parte de las respectivas autonomías, –con el consentimiento del Gobierno de la nación– el proceso podría ser mucho más rápido, menos costoso y, paradójicamente, con una menor pérdida de empleo.
Si se retrasan las soluciones, si no se aborda con rapidez el problema de la mora y las pérdidas, si no se recapitaliza rápidamente y no se reordena el conjunto de las cajas de ahorro, nos podríamos encontrar con la repetición del caso japonés, que dificultó la recuperación de su economía durante casi una década por no abordar con prontitud los problemas de su banca. Con una gran diferencia, el tamaño del problema es infinitamente menor en España de lo que lo fue en Japón. Y los fondos necesarios para resolverlo son igualmente infinitamente menores.
La otra paradoja de la situación del sistema crediticio español es que, desde hace ya unos meses, la principal dificultad con que se encuentra la mayoría de las entidades de crédito no son ni su liquidez ni su solvencia, sino la falta de peticiones de crédito, tanto por parte de las empresas como de los hogares. Y la falta de actividad crediticia, el objeto social de las entidades de crédito, les puede afectar más a sus resultados económicos que el reconocimiento de la necesidad de continuar constituyendo provisiones específicas para compensar las pérdidas por sus créditos de mala calidad.
La mala imagen del sistema crediticio
Es verdad que no es ésa la percepción de la población española en estos momentos, que piensa que bancos y cajas siguen estando reticentes y temerosos ante cualquier petición de crédito. Y también ha cambiado la percepción que tienen las empresas respecto a la financiación bancaria, pues la tremenda reducción del crédito que han tenido que aguantar durante casi dos años y la desaparición de las entidades aseguradoras de papel comercial, –la forma de financiar el capital circulante más tradicional en España–, ha modificado los hábitos de las empresas, que hoy trabajan con menores existencias y menos crédito que nunca. La práctica desaparición de esas entidades aseguradoras ha creado, por otra parte, una gran inseguridad en el conjunto del sistema crediticio, que no cuenta con intermediarios que le aseguren la calidad de los pagarés y de los otros tipos de instrumentos de aplazamiento de los pagos de las empresas. El nerviosismo y el temor a conceder créditos por parte de la banca está motivado también por la incertidumbre que existe sobre la crisis de la economía española; sobre cuánto va a durar, sobre a quién va a afectar, sobre si el consumo privado va a seguir reduciéndose y afectando a las empresas que venden esos bienes y servicios y sobre si las empresas exportadoras, también afectadas por la crisis, –como las de la mayoría de los países–, van a ser capaces de superar la reducción de sus ventas. Los banqueros y los responsables financieros de las entidades de crédito tienen las mismas incertidumbres respecto al futuro que el conjunto de la población y eso afecta a su oferta de crédito, por más que en este momento los problemas no sean mayoritariamente de falta de capacidad crediticia del sistema, sino de falta de "demanda solvente de crédito".
Esa expresión, "demanda solvente de crédito", despierta todo tipo de reacciones negativas por parte de políticos, empresarios y familias. Muchos de ellos consideran que las entidades de crédito se están equivocando a la hora de juzgar a sus demandantes de crédito. O que la banca está obligada a conceder créditos de la misma manera que ella ha recibido ayudas públicas, financiadas con el dinero de los contribuyentes. Ayudas que hemos visto han sido limitadas, y dirigidas –al margen de las declaraciones del Gobierno– a asegurar liquidez al sistema crediticio.
En relación a ese tema es necesario hacer dos series de consideraciones:
Los demandantes de crédito
- Los hogares españoles están muy endeudados. España es el tercer país entre los desarrollados en los que la deuda de las familias es más elevada en relación a su renta disponible. Sólo nos superan las familias norteamericanas y británicas. Con una gran diferencia, que ese endeudamiento se ha producido para invertir –en vivienda básicamente– mientras en esos otros países el endeudamiento tiene su origen en un consumo excesivo. Desde este punto de vista, las posibilidades de recuperar el equilibrio financiero por parte de las familias españolas es mayor que en las de Estados Unidos y en las del Reino Unido. Pero no cabe duda de que el endeudamiento está influyendo significativamente en el consumo privado. Y es lógico que las familias se sientan presionadas por la banca y que la banca sienta desconfianza respecto a la capacidad de pago de muchas familias que tienen inversiones inmobiliarias pero un gran endeudamiento. Quizá la incertidumbre se atenúe una vez termine el ajuste a la baja del empleo y se estabilice el consumo privado.
- Las entidades de crédito desconfían de la capacidad de pago de inmobiliarias, constructoras e industrias y servicios ligadas a la construcción, porque conocen de primera mano las dificultades por las que atraviesan esos sectores. Sobre todo, son conscientes de que las ventas de esos sectores siguen reduciéndose, por lo que sólo las empresas más capitalizadas o las que puedan recapitalizarse sobrevivirán a la actual crisis. Pero también es verdad que su política de riesgo cero con estos sectores está haciendo pagar a justos por pecadores y provocando la desaparición de empresas que podrían haberse mantenido si hubieran contado con la financiación necesaria para reducirse al tamaño que requiere el actual mercado.
Los que no demandan crédito
Quien, sin embargo, no está demandando crédito son las familias y las empresas que no tienen un endeudamiento significativo. Y no lo van a hacer en el futuro, por lo que será difícil que la demanda de crédito del sector privado crezca en España en los próximos años. Hay razones para que esa falta de demanda se mantenga en el tiempo:
- El parque de viviendas de España es enorme. Es igualmente abundante la oferta de otros inmuebles de oficinas y de naves industriales.
- La capacidad de suministro de bienes y servicios de las empresas de los otros sectores económicos, distintos del de la construcción, es claramente excedentaria. Ese exceso de capacidad es mayor en los sectores más importantes y dinámicos de la economía española, el del turismo y el del automóvil.
- La enorme inversión en bienes de equipo de todo tipo que se ha producido en los años de expansión de la economía española explican que, a pesar del aumento de los costes laborales unitarios, el sector exportador español y el suministrador de muchos de los bienes y servicios consumidos en España está resistiendo la crisis, pero explica también que la demanda de crédito para nuevas inversiones sea muy reducida.
Un sector sobredimensionado
Con este panorama, el problema para el sector crediticio español será el cómo adaptarse a una demanda de crédito reducida.
El sector, como tal, puede recuperar con rapidez su solvencia, pero tendrá que adaptarse a las consecuencias de una economía con escaso crecimiento. El invento político del euro, que provocó un crecimiento desmesurado del crédito, muy por encima del que registraban el conjunto de países miembros de la Unión Monetaria, se manifestará en esta fase del ciclo, durante un largo periodo, en una escasa demanda de crédito, que será inferior a la del conjunto de esos países. Habrá disponibilidad de crédito, pero no habrá demanda suficiente para mantener un sector crediticio claramente sobredimensionado.