Este Gobierno no dice una verdad en materia de economía ni aunque se equivoque. No es ya que siga, erre que erre, negando la gravedad de la crisis e insistiendo en que, por arte de magia, vamos a salir de ella el año que viene. No es tampoco que se las ingenie una y otra vez para manipular las estadísticas del paro, escondiendo a medio millón de desempleados, para evitar que las cifras verídicas sean tan escandalosas como la realidad que sufre la sociedad en sus carnes. Ni es que manipule las cifras de déficit presupuestario y deuda pública para ocultar lo cerca que puede estar nuestro país de la suspensión de pagos a partir de 2010. Es que, además, en su permanente huida hacia adelante para salvar a un sistema financiero al que el propio Ejecutivo ha colocado al borde del abismo, no hace más que autorizar trampas y más trampas con tal de ocultar el verdadero estado del balance de las entidades crediticias, en especial de las cajas de ahorros, evitando que más de una y más de dos se declaren en quiebra y echen por tierra el discurso oficial de que aquí no pasa nada, cuando pasa, y mucho.
El último ejemplo es la autorización que acaba de dar a las entidades crediticias para adaptar el valor contable del suelo urbanizable que han adquirido a lo largo de los dos últimos años a través de los embargos al sector inmobiliario, en un plazo de seis años, tres más de los previstos inicialmente, con el fin de que las pérdidas reales por la caída del precio del suelo no afloren en seguida y pongan a más de uno contra las cuerdas. Una medida que se suma a otra anterior del mismo tipo: el permitir a estas entidades que no actualicen en sus balances el valor real de los activos inmobiliarios que poseen. ¿Qué pretende con ello? Evitar que los balances de muchas de ellas arrojen números rojos y, con ello, ir retrasando el necesario ajuste del sector.
Algún ingenuo podría pensar que si dicho ajuste se hace de forma suave, será mucho menos traumático para todos. Nada más lejos de la realidad. La intención que mueve al Gobierno es muy distinta. Si ahora las entidades crediticias tuvieran que actualizar sus balances conforme al valor de mercado de sus activos inmobiliarios, tendrían que dedicar tanto dinero a provisiones por depreciación de los mismos que no podrían seguir comprando las ingentes cantidades de deuda pública que está emitiendo el Gobierno. De hecho, en lo que va de año, más de la mitad de los títulos que ha puesto en circulación el Estado han sido adquiridos por entidades nacionales, sin cuyo concurso hubiera tenido difícil el colocarlos y, desde luego, se habría visto obligado a ofrecer tipos de interés muy superiores a los actuales. Esta, y no otra, es la auténtica realidad de la política de los socialistas respecto al sector financiero, al que se añade un segundo elemento.
La crisis por la que está atravesando el sector financiero es, en buena medida, consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el impacto que está teniendo sobre las entidades crediticias hubiera sido mucho menor si el Ejecutivo hubiera permitido al Banco de España seguir desempeñando la eficaz labor de supervisión que estuvo llevando a cabo hasta que los socialistas llegaron al poder, a partir de cuyo momento incluso dejó de emitir circulares. ¿Por qué? Porque Zapatero quería seguir disfrutando de las maravillosas cifras de crecimiento económico y empleo que se derivaban del boom inmobiliario y, como en materia de supervisión el Banco de España está sometido a las directrices del Gobierno, no tuvo más remedio que acatar las órdenes que se le dieron. Es, por tanto, el Ejecutivo de ZP, y no la avaricia de algunos, como dice José Blanco, el verdadero gran responsable de la situación actual, y eso es lo que se trata también de ocultar para intentar eludir las responsabilidades políticas pertinentes.
Lo malo es que con todas las trampas que están autorizando al sector financiero están creando un problema mucho más grave que aquel que tratan de solventar, porque están cargando a las entidades crediticias de unos activos, la deuda pública española, que el año que viene puede que sufran un importante deterioro en su valor, sobre todo en cuanto el BCE cierre el grifo de la financiación fácil al sector crediticio. Si ahora se forzara el saneamiento de las entidades financieras, éstas se encontrarían mañana en una mejor situación para afrontar la previsible crisis de la deuda española. Pero como lo que se está haciendo es impedir el ajuste, los bancos y cajas que no lo estén haciendo motu proprio se van a encontrar con que, junto al deterioro de los activos inmobiliarios, van a tener que afrontar el de la deuda que están suscribiendo.
¿Quién paga todo esto? Como siempre, la economía española, porque esta bomba de relojería que está colocando el Gobierno en el sector financiero, cuando estalle va a provocar todavía más escasez de crédito y durante mucho más tiempo. Y así no hay economía que se recupere. Además, con tanta trampa, se está impidiendo de forma artificial que caigan los precios del suelo y las viviendas todo lo que deben caer. Mientras esto no se produzca, ese sector de la construcción al que tanto desprecia ZP, pero cuyo concurso es tan importante de cara a la recuperación, no recobrará el pulso y quienes puedan permitirse el adquirir una vivienda van a tener que pagarla mucho más cara sin más razón que el deseo del Ejecutivo de esconder la realidad de su desastrosa gestión. Lo cual, dicho sea de paso, dista mucho de ser "social", esa palabra con la que tanto y tan pronto se llenan los socialistas la boca.
Vivimos, por tanto, en la economía de la mentira y eso lo vamos a pagar muy caro, no sólo porque aquí no vamos a superar la crisis mientras no salga a la luz toda la verdad de nuestro sistema económico y financiero, sino porque a base de ocultar la realidad se está alimentando un posible agravamiento, si cabe, de una situación ya de por sí muy grave.