Ya lo decíamos, incluso machaconamente. Es lo que ocurre cuando, sin sentido alguno, se presume de lo que más se carece. Hace apenas cinco días, el secretario de Estado de la Seguridad Social presumía entre propios y extraños del superávit que arrojaban las cuentas de tan social órgano de la Administración. Tres días después, se advertía de la precaria situación en la que se encuentra el sistema de pensiones públicas, hasta el punto de que el mismísimo ministro de Trabajo, el Sr. Corbacho, con su estilo apocalíptico anunciaba (pues hasta este momento no se lo habíamos oído) que el sistema de pensiones de la Seguridad Social, tal como está diseñado en el momento actual, no es sostenible. Es más, que vayan haciéndose el ánimo los cotizantes menores de cincuenta años, de que sus pensiones no están garantizadas.
¡Bravo señor Ministro, si es que cuando se pone hablar, para bien o para mal –más bien para lo segundo– no repara en gastos! Ahí queda pues la cosa. La seguridad en la que se refugiaban la práctica totalidad de los españoles, bajo ese paraguas que con gran optimismo se bautizara hace ya mucho tiempo como Seguridad Social, ha invertido su propio sentido, contradiciendo el apelativo que no merece, para ostentar el de Inseguridad Social. Lo menos que se puede pedir es que no se engañe a los que ya tienen que vivir en la inseguridad.
Hubiera podido decir el ministro que nos ha tocado, porque algo mal habremos hecho, que, dado que no puede garantizar la seguridad que se pretende por los cotizantes, éstos deberán buscarse la vida por otros sitios, quedando por ello eximidos de su afiliación a un sistema que nada garantiza. Pero no, nada de esto ha dicho el ministro. Y la verdad es que no podía decirlo, porque si dejan de contribuir los trabajadores de hoy, dejan también de percibir la pensión los pensionistas de hoy. Es el maldito juego del sistema de reparto que se sigue en España, frente al de capitalización de otros países.
En este último, la contribución al sistema de un trabajador genera un fondo atribuible a él, que se va acumulando para poder satisfacer la pensión al momento de la jubilación y hasta el resto de sus días. Tan es así que, en muchos de ellos, en los más perfectos financieramente hablando, ese fondo puede transferirse en cualquier momento a otro sistema diferente, en el que se ingresa con los derechos reconocidos por el fondo acumulado con anterioridad; lo que se conoce como portabilidad del sistema o del plan.
En el sistema español, basado en el reparto, la aportación del trabajador de hoy se dedica a pagar la pensión a la que el sistema está obligado hoy, generando un derecho para el cotizante que, según lo dicho por el señor ministro, debe considerarse de carácter etéreo, pues su eficacia está más que en duda, o mejor, utilizando las palabras del señor Corbacho, no está garantizada. ¿Y para eso tanto mensaje poniendo de relieve el superávit de la Seguridad Social? Diga además, señor ministro, que con frecuencia más de la debida, ustedes meten la mano en la caja de las pensiones para atender obligaciones que no corresponden a las propias de las pensiones reconocidas en función de los períodos cotizados. Así, el escaso remanente que podía haber en esta caja, va adelgazando hasta no ser capaz de garantizar la seguridad que se había contratado. ¿Qué diría usted, si esta misma situación se produjese en el aseguramiento privado?
No desvíe la atención, que en eso sí que son maestros. La cotización a la Seguridad Social no es un impuesto sobre nóminas, sino que es el precio que se paga por un seguro que se contrata, bien sea la atención médica o farmacéutica, bien el accidente laboral, bien la pensión de jubilación, etc. Si el asegurador (el Estado, o si quiere la Seguridad Social como caja independiente) no puede hacer frente a los derechos que se han adquirido, estamos flagrantemente ante un incumplimiento de contrato, que debería ser objeto de penalización.
Además, su advertencia respecto a los asegurados y a los no garantizados me resulta torticera en ese espíritu tan generalizado en la izquierda de quitar importancia a las cosas que la tienen. ¿Qué significa eso de que a los actualmente pensionistas no les afectará medida alguna que restrinja sus derechos, pero que la cosa será distinta para los que aún están en período activo? ¿Olvida usted que los que están en activo, desde el momento de la primera cotización, ya están adquiriendo un derecho que tendrá que ser efectivo llegado el término de su actividad? ¿O es que este derecho es de segunda clase y por ello puede desconocerse sin descargo alguno?
Si el problema es que la sociedad española está envejecida y que por ello el conjunto de activos es muy pequeño para hacer frente a las obligaciones contraídas con los pasivos, ¿no sienten ustedes responsabilidad alguna en el desarrollo de la política antinatalista que llevan a cabo? Además, ¿no tendrían algo que decir el presidente del Gobierno desde su cúpula y usted desde su atalaya, ante la incapacidad manifiesta de fomentar la creación de puestos de trabajo en la economía española?
La solución brillante, ya me la imagino: restringir derechos a quienes los tienen –bien es verdad que no a los pensionistas actuales, según su manifestación– o alterar las condiciones contractuales del aseguramiento –posponiendo la edad de jubilación, ampliar los años para el cálculo de la base, etc.– que en definitiva es restringir los derechos adquiridos. Todo ello, además, perdonando la vida a los sufridores de sus desmanes, que tienen que soportar el discurso de que su gestión ha sido tan buena que existe superávit en las cuentas de la Seguridad Social. No explica, sin embargo, que este superávit histórico (que no es mérito suyo), entre enero y octubre de este año, se ha reducido más de un 27%, lo cual sí que es mérito de usted.
Sigan, sigan todos ustedes mirando para otro lado, enzarzándose en encajes que a nada conducen, y verán cómo en unos años no habrá pensiones de jubilación ni para los actuales pensionistas a quienes ustedes aseguran que están garantizadas.