El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, está cometiendo un gran error al inmiscuirse, y de la forma en que lo hace, en la pugna por la presidencia de Caja Madrid. Un error que al líder de los populares puede acabar por pasarle una factura más que onerosa.
La primera cuestión es qué hace Rajoy diciendo, o sugiriendo, quién tiene que estar al frente de Caja Madrid, por muy bueno que sea Rodrigo Rato, que yo no lo discuto. Todo lo contrario, estoy convencido de que Rato llevaría a la entidad crediticia madrileña a cotas nunca antes alcanzadas. Pero su nombramiento lo tiene que decidir quien tiene el mandato legal para ello, que no es otra institución que la Comunidad Autónoma. Eso es lo que establece la legislación española en materia de cajas de ahorros, de acuerdo con la estructura territorial del Estado que establece la Constitución. No querer aceptar eso, por las razones que pueda tener Rajoy, es poner en cuestión una parte del Ordenamiento Jurídico de nuestro país, demostrar que, en última instancia, la ley es papel mojado cuando entran en juego los intereses de los políticos y, de esta forma, asestar un nuevo golpe a una Constitución que, por obra y gracia de Zapatero, ya anda medio moribunda. Pues, por lo visto, entre todos la están matando y ella sola se está muriendo. Lo triste es que el PP, que hasta hace no mucho tiempo había sido un partido garante de la validez de la Carta Magna, esté entrando en este juego por motivos que sólo Rajoy conoce.
El PP, además, pretende ser alternativa al Gobierno de Zapatero pero con la intervención de Rajoy en todo el asunto de Zapatero está demostrando que su llegada al poder sería, al final, más de lo mismo. ¿O es que acaso el problema de las cajas de ahorros españolas no es la intervención política de las mismas? ¿O es que no recuerda que el caso de la Caja de Castilla-La Mancha es un verdadero escándalo? Con su forma de actuar, Rajoy, además de dar un espectáculo lamentable, acaba de perder cualquier legitimidad para criticar los desmanes que están cometiendo los socialistas con las cajas de ahorros, entre los cuales el de Castilla-La Mancha es especialmente emblemático porque su presidente ha sido secretario de Estado con un Gobierno socialista, ha llevado a la quiebra a la entidad manchega y, encima, ahí sigue sin responsabilizarse de nada y sin que nadie le pida cuentas por ello. Quien aspira a ser alternativa al Ejecutivo de Zapatero no puede cometer esos errores porque él mismo se anula su capacidad para desplegar el ahora más necesario que nunca ejercicio de oposición y construir una alternativa al zapaterismo.
Rajoy, asimismo, al tomar partido en la batalla por Caja Madrid está entrando en un conflicto institucional, para agravarlo, cuando lo que debería haber hecho desde el principio –que no es ahora sino cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid– es haber cortado por lo sano. ¿Por qué? Porque la pugna por la entidad crediticia madrileña no es un hecho aislado, sino un acontecimiento más dentro de la lucha que mantienen Aguirre y Gallardón por el control de Madrid región. Una lucha que desencadenó el alcalde de Madrid desde que, al llegar a la Casa de la Villa, quiso controlar toda la región, olvidándose deliberadamente de dos cosas fundamentales: que, orgánicamente, los ayuntamientos dependen de las autonomías, y que él, como presidente regional, había vaciado de competencias al consistorio madrileño para asumirlas el Gobierno autonómico que presidía. Y Aguirre lo que hace es defender las competencias que le son propias, sobre todo porque desde el primer momento Gallardón trató de avasallarla. Rajoy, por eso, debería haber cortado el conflicto por lo sano desde un primer momento, pero, al no hacerlo, ahora se encuentra con la que se encuentra. Y elige, además, el momento más inoportuno posible y la forma más inadecuada de todas para tratar de poner en su sitio a una Esperanza Aguirre que se mostró crítica con él después de su segunda derrota en unas elecciones generales.
Por último, Rajoy está poniendo en peligro algo muy importante para las perspectivas electorales del PP. Si hay alguien que está demostrando que hay alternativa a la desastrosa política económica del Gobierno Zapatero es Esperanza Aguirre, con sus decisiones de recortar impuestos o suprimir consejerías. No hay otra autonomía gobernada por lospopularesque haga lo mismo. Además, Madrid es la región más importante de España en términos políticos y todo lo que suceda en ella acaba por tener repercusión nacional, para bien y para mal. Por ello, Rajoy haría mucho mejor dejando en paz a Aguirre y procurando que los demás líderes regionales sigan su ejemplo, porque, ¿cómo puede el PP defender bajadas de impuestos y recortes del gasto público si Gallardón hace todo lo contrario? En todo este asunto, Rajoy se está equivocando de lleno.