Tal vez sea suicida, con la que está cayendo, siquiera sugerir una subida salarial para nuestros gobernantes. Pero a veces surge un valor inexplicable para meterse en jardines prohibidos. Pasa como con los alpinistas, que el riesgo se transforma en incentivo suficiente para hacer cosas que en apariencia son irracionales. Y es que, dada la creciente mediocridad de nuestra clase política, plantear un debate sobre si deberían cobrar más es nadar a contracorriente. Pero cuando uno, en la montaña o en la política, sale vivo de una cumbre, lo que antes eran riesgos se transforman en hazañas para la posteridad.
La idea en cuestión me surgió al conocer el estado patrimonial de los integrantes del Gobierno. Como ya se ha escrito, siete de ellos están en quiebra técnica. Es decir, que de ser ciertos los datos, no podrían afrontar las deudas que tienen. Casi todos los demás han declarado un patrimonio llamativamente bajo en comparación con los ingresos que han percibido durante los años que llevan cobrando de las arcas públicas. Mucha gente ha recibido estos datos como una prueba más de la incapacidad para la gestión económica de los componentes del Gobierno. Otros, con la sensación de estar siendo defraudados. Pero en todo caso con la certeza de que el nivel de incompetencia de los políticos es cada vez más generalizado. Y esto, en mi opinión, sí que tiene que ver con que los salarios que perciben nuestros gobernantes sean menores de lo que correspondería a puestos de tanta responsabilidad.
Muchas grandes empresas funcionan de forma más eficiente pagando altos salarios a sus directivos. Lo que procuran es ofrecer un incentivo para atraer a las personas más capacitadas para llevar las riendas del negocio. En circunstancias normales, la diferencia entre tener un directivo de primera línea y uno mediocre dirigiendo una gran empresa es de miles de millones de dólares en la cuenta de resultados, cantidad que queda pequeña al compararla con la diferencia de salario entre ambos.
Este es un concepto que los políticos más populistas utilizan de forma demagógica cuando les conviene electoralmente, que es casi siempre. En la actual crisis financiera no podía ser menos. Escribió el prestigioso economista Thomas Sowell en Libertad Digital que si todos los directivos de banca hubieran pactado trabajar gratis, eso no sería suficiente para rebajar los rescates financieros ni en un 1%. Sin embargo, los políticos se han preocupado más de ese punto porcentual que del restante 99%.
El Estado no es una empresa, pero los actos del Gobierno y de las cámaras legislativas ponen en juego la riqueza de los ciudadanos todos los días. Actualmente, la política no atrae a los mejor preparados porque está peor pagada que una carrera como directivo. Es el mismo motivo por el que los mejores ingenieros que salen de la universidad tienden a entrar en banca de inversión o en consultoría estratégica: porque está mucho mejor pagado que trabajar en el sector de la ingeniería. Y, salvo excepciones, la gente suele buscar la carrera profesional que más beneficios le va a aportar a lo largo de su vida.
Si la política premiara a los mejores con buenas remuneraciones, los mediocres no tendrían cabida. Pagando a los políticos en la misma proporción en la que se paga a un directivo de responsabilidades similares atraeríamos a gente mucho más eficiente, y es probable que la inversión nos saliera rentable a partir de la primera ocurrencia política que lográramos evitar. Es cierto que, salvo excepciones, la mayor parte de los políticos que hay en activo no merece ni el sueldo que gana actualmente. El problema es que, como dice Thomas Sowell, los políticos baratos son los que más caros nos salen.