El País de este sábado publica una noticia titulada: "Hacienda cita a directivos de grandes empresas para mejorar el pago de impuestos". El cuerpo de la noticia concreta que las citadas son las 28 empresas más importantes del país, que, al parecer, aportan más de la mitad de los recursos. Como no hay forma de entender qué significa "mejorar el pago de impuestos", Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, lo aclara: "se trata de aumentar la trasparencia fiscal" y de prevenir, en un momento de dificultad, "la tentación de no atender a sus pagos".
Se queda uno perplejo. ¿Qué pasa aquí? ¿Hacienda sabe que las grandes empresas se proponen defraudarla? ¿Cómo lo sabe? ¿Es habitual que Hacienda te inspeccione preventivamente? ¿Qué pensarían ustedes si reciben una carta de la Agencia Tributaria para convocarles y decirles que mucho cuidado en la próxima declaración? ¿Es esto serio? Más bien, parece que Hacienda se propone cambiar, a la hora de revisar las declaraciones fiscales de estas empresas, la interpretación de las normas que regulan los impuestos que pagan. Como el que avisa no es traidor, las convoca para decirles qué gastos y desgravaciones que antes colaban, ya no lo harán.
Es sencillamente escandaloso que, sin cambiar las normas fiscales, la Agencia Tributaria esté en condiciones de mejorar la recaudación a base de cambiar la interpretación que venía haciendo de las leyes. Es ya escandaloso que tales normas sean tan oscuras que los asesores fiscales tengan que atenerse a la práctica de la inspección para recomendar a sus clientes qué gastos pueden deducirse y cuáles, no. Pero lo es mucho más que la Agencia, abusando de esa oscuridad, se proponga no atenerse a la interpretación que hasta ahora venía haciendo y que, para "facilitar" las declaraciones de estos grandes contribuyentes, tenga el detalle de advertirles que ya no podrán seguir declarando como lo hacían porque el Estado necesita dinero y hay que recaudar más.
Naturalmente, el propósito de la Agencia no es altruista. Lo hace porque, avisando, da ocasión a que los contribuyentes advertidos, estas 28 grades empresas españolas, se avengan voluntariamente a soportar estos cambios interpretativos. De otro modo, el Estado, para recaudar el dinero extra que necesita, tendría que esperar a que se realicen las correspondientes inspecciones, se levanten las subsiguientes actas y se agoten todos los recursos que los gabinetes fiscales y jurídicos de estas corporaciones sin duda promoverían. Zapatero no puede esperar tanto. Por otro lado, siempre existe la posibilidad en un recurso de que los jueces le acaben dando la razón a las empresas por entender que la Agencia les ha exigido más de lo que legalmente puede.
Encima, la noticia añade que las empresas convocadas no podrán estar representadas por sus asesores fiscales, sino que los que acudan deberán ser miembros del Consejo de Administración. ¿Qué es lo que tiene que decirles Hacienda a estas empresas que no pueda hacerlo a sus asesores fiscales? Claro que, si el mensaje va a ser que hay que pagar más y es mejor para ti que lo hagas voluntariamente, la persona adecuada para recibir un recado de esta naturaleza no puede ser un asesor fiscal, sino que tendrá que ser un consejero. Y a ver quién es el guapo que dice que no.