Los despropósitos del Gobierno en la gestión de la crisis económica no tienen fin, ni conocen límite alguno si ello supone que Zapatero tenga que enfrentarse con algunos grupos de presión, ya sean sindicatos, comunidades autónomas o partidos nacionalistas. Con tal de evitar el conflicto y permanecer razonablemente cómodo en su poltrona, el presidente del Gobierno está dispuesto a entregarlo todo, incluso a desarticular lo poco que queda ya del Estado español. El último ejemplo acaba de proporcionarlo la disposición de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a negociar el Fondo de Rescate Ordenado de la Banca con las autonomías.
Dicha negociación rompe algunos de los principios básicos de todo Estado, incluso de las federaciones más descentralizadas del mundo. El primero de ellos es el que se refiere a la supervisión del sistema financiero y la gestión de las quiebras que puedan producirse en el mismo. En prácticamente todos los países del mundo, ya sean centralistas o sigan un modelo federal, esa es una competencia privativa del Estado central, que nadie discute, porque es uno de los mecanismos para poder articular una política económica de alcance nacional. Ni siquiera en Estados Unidos los trece bancos que componen la Reserva Federal pueden actuar en este terreno a su libre albedrío. Por el contrario, tienen que someterse a los dictados del Comité de la Fed y del Tesoro estadounidense. Pues bien, aquí, con tal de que Zapatero no tenga que enfrentarse con algunas comunidades autónomas, como Cataluña, o con algunos partidos cuyos votos necesita para seguir gobernando, como Esquerra Republicana de Catalunya, está dispuesto a hacer una nueva dejación de los deberes de todo gobierno central y a sentarse a negociar con los gobiernos regionales el FROB y sus actuaciones. Todo porque los caciques regionales quieren seguir teniendo bajo su control esas cajas de ahorros a las que han llevado a la ruina y tratan de impedir que entidades de otras autonomías las absorban.
El disparate es aún mayor si se tiene en cuenta que el dinero del FROB lo pone el Estado, no los ejecutivos autonómicos. Éstos no se rascan el bolsillo ni para salvar a sus cajas de ahorros, a esas entidades financieras que tanto les interesa conservar bajo su control con el fin de poder seguir haciendo de las suyas. Son, por tanto, los recursos del Estado los que se van a invertir, o dilapidar, en operaciones de salvamento más que cuestionables, porque la forma más rápida de superar el estrangulamiento financiero que padece la economía española es dejar que quiebre quien tenga que quebrar. Pues bien, el Gobierno central va a pagar los platos rotos por las autonomías y, encima, va a renunciar a su potestad de poner orden en todo el sistema financiero, potestad que es Constitucional pero que, además, es lógica teniendo en cuenta que es él el que paga los desastres que han ocasionado otros. Inaudito.
En todo sistema político descentralizado, una de las obligaciones del Estado central es articular las políticas económicas fundamentales con el fin de promover un desarrollo económico equilibrado y preservar la integridad del mercado único. En este sentido, la política centralizada de supervisión del sistema financiero juega un papel fundamental, entre otras cosas porque evita lo que está ocurriendo en estos momentos en España: que los gobiernos regionales, al hacer de las suyas, destrocen algo tan delicado para el buen funcionamiento de toda economía como son las entidades crediticias. La financiación, no lo olvidemos, es a la economía lo que la savia a un árbol o la sangre al cuerpo humano. A Zapatero, sin embargo, todo esto le importa un bledo. Con él no valen argumentos de eficiencia ni de cualquier otro tipo, por mucho que lo mejor sea despolitizar las cajas y una buena forma de hacerlo sea a través de fusiones interregionales que arrebaten su control a los políticos autonómicos de turno. A Zapatero lo que le importa es que ERC le siga apoyando en el Parlamento para no verse de repente en minoría e incapacitado para gobernar y para esto está dispuesto a entregarlo todo, incluso a vender el Estado, con tal de lograr ese puñado de votos que le permitan seguir disfrutando del poder (y más ahora que se ve como gran líder internacional, con la próxima visita a Obama, la asistencia a la cumbre del G-20 en Pittsburg y, a partir de enero, con el semestre de presidencia española de la Unión Europea).
Siendo muy, pero que muy, generosos, uno podría entender que, a causa de unos postulados ideológicos tan erróneos como trasnochados, ZP desmantele buena parte del Estado para cambiar el modelo territorial del mismo. Pero la renuncia al ejercicio de una competencia fundamental para todo Estado descentralizado como es la supervisión financiera lo sobrepasa todo.