El Wall Street Journal acaba de poner a España como ejemplo de los riesgos del euro. No cabe duda de que pasar en cuestión de tres años de funcionar con tipos de interés a corto plazo superiores al 9% y a largo plazo del entorno del 14% a niveles del 3% y el 5% pueden suponer un fuerte impulso al crecimiento económico y alimentar todo tipo de burbujas. Pero también es verdad que lo que ha ocurrido con la economía española en los últimos años podría haberse evitado.
El primer problema se encuentra en la inflación. España entró en el euro con una tasa de inflación similar a la media de la Unión Europea. Sin embargo, a medida que los bajos tipos de interés estimularon el crecimiento económico, los precios empezaron a crecer en nuestro país por encima del promedio comunitario, provocando, por un lado, la pérdida constante de competitividad de nuestras empresas y, por otro, que las entidades de crédito encontraran muchos incentivos para endeudarse en el exterior a tipos más bajos y luego prestar aquí. Por su parte, con una inflación superior a los tipos de interés, para las familias era mejor endeudarse que ahorrar porque la revisión de los salarios de acuerdo con la evolución de los precios de consumo reducía progresivamente el peso de los créditos sobre los ingresos familiares. Así se alimentó la burbuja inmobiliaria, como recuerda el prestigioso rotativo financiero estadounidense. Ahora bien, si en España hubiera continuado el proceso de reformas estructurales que se inició en 1996, las cosas podrían haber sido distintas. Entre esas reformas se encuentra la liberalización de sectores clave de la economía española en donde la competencia no es total y que provocan que la inflación en nuestro país sea superior al promedio comunitario. Es el caso de los alimentos, o de la distribución de hidrocarburos. Por desgracia, la puesta en marcha de dichas reformas sólo se puede hacer cuando hay voluntad política para ello y aquí, desde hace algunos años, esa voluntad brilla por su ausencia.
Con el PP, hay que reconocerlo, se hicieron reformas importantes, pero insuficientes. El proceso debería haber continuado, pero en cuanto se dio el pistoletazo de salida a la carrera por la sucesión de Aznar, se detuvo en seco porque los competidores rechazaron adoptar medidas impopulares que pudieran deteriorar sus posibilidades y porque el propio Aznar dejó de ejercer ese liderazgo en política económica promotor de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar su Gobierno. De todas formas, algo habían hecho. El problema mayor vino cuando Zapatero ganó las elecciones de 2004. Entonces, ZP directamente no hizo nada porque para él la economía no era lo importante, sino la política y, sobre todo, la popularidad entre sus electores, con lo que paralizó por completo el necesario proceso de reformas y así ahora estamos en la que estamos.
Además, desde el primer momento se empezó a ver claramente que la reducción de los tipos de interés y la fortaleza del crecimiento económico y de la creación de empleo a que estaba dando lugar, estaba alimentado un fuerte crecimiento de los precios de los activos inmobiliarios, que también podría haberse evitado. ¿Cómo? Por ejemplo, resolviendo de una vez por todas una de las grandes asignaturas económicas pendientes de nuestra democracia, esto es, la financiación municipal, para que los ayuntamientos no tuvieran que especular con el suelo para conseguir ingresos. Por ejemplo, con un pacto de Estado entre todos los niveles de la Administración para liberalizar el suelo. Por ejemplo, también, con un cambio legislativo que devolviera las competencias en materia de política de suelo al Estado, para que el Gobierno pudiera actuar en este sentido sin tener que depender de unas comunidades autónomas que no han hecho nada al respecto, excepto agravar el problema. El PP lo intentó, pero no lo consiguió; los socialistas de Zapatero, por su parte, pasaron completamente del tema porque cuando llegaron al poder el sector de la construcción era el gran motor del crecimiento y la creación de empleo y mientras siguiera funcionando les evitaba tener que tomar medias que ZP no quería aprobar.
El Gobierno, además, podía haber hecho otra cosa. Ya que la supervisión del sistema financiero está en sus manos, puesto que el Banco de España depende de él en esta materia, debería haber empezado a forzar a bancos y cajas de ahorros a que fueran cerrando de forma progresiva el grifo de la financiación fácil a familias y promotores, por una simple razón: la cartera crediticia vinculada con el sector inmobiliario de muchas entidades financieras estaba superando con creces los niveles de riesgo propios de una administración sana. Sin embargo, Zapatero dejó hacer, quiso dejar hacer, para que nada desdibujara las envidiables cifras de crecimiento y empleo con las que se pavoneaba a lo largo y ancho de Europa, sin pararse a pensar que todo tiene un límite y que, en el caso español, dicho límite ya se estaba sobrepasando con amplitud.
Evidentemente, el euro ha supuesto un riesgo para España porque no era una economía perfectamente preparada para vivir con él; pero también podría haber sido todo lo contrario si los distintos gobiernos hubieran hecho sus deberes. Y es que, al final, en nuestro país, el verdadero problema no es el grado de flexibilidad de nuestra economía, ni tan siquiera su estructura social; el verdadero problema ha sido y es el Gobierno. Así nos luce el pelo.