El Gobierno acaba de pedir a patronal y sindicatos que reanuden el diálogo social. La pregunta es para qué y en qué condiciones.
No cabe la menor duda de que este país necesita urgentemente medidas que afecten al mercado laboral para frenar la sangría del paro y abrir posibilidades de generar puestos de trabajo. Y estaría muy bien que las políticas que se precisan contaran con el acuerdo de todas las partes implicadas para su puesta en marcha, porque entonces serían aún más efectivas. Si el diálogo social sirviera para eso, teniendo en cuenta que el grave problema de empleo que tiene este país va a empeorar aún más si cabe este otoño y que la economía tardara varios años en recuperar en parte su capacidad de crear empleos, desde luego que habría que darle la bienvenida. Sin embargo, si de lo que se trata es de una nueva maniobra del Gobierno de Zapatero para dar la imagen de que hace algo para resolver la crisis, pero sin un compromiso verdadero por su parte de hacer lo que hay que hacer, para eso es mejor dejar las cosas como están.
No olvidemos que la ruptura del diálogo social antes de las vacaciones de verano se produjo por culpa de la intervención del Gobierno en el mismo, en un doble sentido. Por una parte, el Ejecutivo trazó unas líneas rojas que, a su juicio, no se debían traspasar en las conclusiones de las negociaciones entre empresarios y sindicatos cuando, precisamente, lo que estaba al otro lado de dichas líneas rojas eran las medidas que de verdad se necesitan. Por otro, porque desde el primer momento este Ejecutivo que quiere ser tan social pero crea legiones de parados, se puso del lado de los sindicatos –no de quienes crean empleo– y trató que los empresarios pasaran por el aro con el fin de dar la imagen de que la nefasta política laboral de Zapatero es la única y la mejor posible.
En realidad, si el Gobierno quiere que se reanude el diálogo social y que este sea algo más que una nueva operación de marketing de Zapatero, lo que tendría que hacer el Ejecutivo es quitarse de en medio y dejar que sean empresarios y sindicatos los que negocien libremente la reforma del mercado de trabajo. Sin el Ejecutivo respaldando a los sindicatos y diciéndoles a todo que sí por el miedo cerval que tiene ZP a que le convoquen una huelga general, dudo mucho de que las centrales sindicales pudieran mantener la posición de intransigencia, irresponsabilidad e insolidaridad que sostuvieron en los pasados meses: en ese caso tendrían que dar muchas explicaciones que no tienen a los millones de parados que hay en España, a quienes temen perder su empleo y a quienes padecen unas condiciones laborales precarias a causa de la rigidez de nuestro mercado. Si no lo hicieran, que no podrían, y se negaran a llegar a un acuerdo negociado con la CEOE, entonces serían ellos quienes aparecerían como culpables de la ruptura del diálogo social y como corresponsables de la catástrofe laboral que asola España. Y ni Méndez ni Toxo quieren que les cuelguen ese sambenito.
Dicho esto, lo que tampoco puede hacer el Ejecutivo de Zapatero es esconderse detrás del diálogo social para evitarse el coste de tomar las medidas duras e impopulares a corto plazo, pero muy benéficas a medio y largo, que pide a gritos la economía española. El gobierno está para gobernar, con o sin acuerdo de los agentes sociales, y si no hay acuerdo su obligación es hacer lo que tiene que hacer, con independencia de su coste. Eso es tener sentido de Estado, que debería ser lo que dominase en el Ejecutivo en estos momentos de grave crisis económica y laboral, no los intereses partidistas de los socialistas.