La orgía de gasto público con la que Zapatero pretende conjurar la crisis económica no tiene fin. Cuando todas las luces rojas se encienden por el meteórico crecimiento del déficit público español, el Gobierno pone en marcha una reforma del sistema de financiación autonómica con un coste próximo a los 12.000 millones de euros. Con este dinero pretende comprar la estabilidad parlamentaria necesaria para poder terminar la legislatura. Pero lo que los ciudadanos tienen que tener muy presente es que la permanencia de Zapatero en La Moncloa la terminarán pagando ellos con sus impuestos. A este ritmo lo terminarán pagando ellos, sus hijos y sus nietos, porque la herencia de Zapatero será un Estado en quiebra.
El reparto de esos 12 mil millones adicionales a las comunidades no puede haber sido además más injusto. El criterio es que el que más tiene, más cobra. El principio de solidaridad territorial salta así por los aires en manos de un gobierno socialistas rehén de sus socios independentistas. Pero Zapatero destruye algo aún más importante que ese principio de solidaridad. En realidad está poniendo en juego la viabilidad financiera del Estado. Porque no es posible sostener en el tiempo un crecimiento acelerado del gasto mientras se desploman los ingresos.
La negociación no puede haber sido además más opaca. El agravio es tan evidente para algunas comunidades que el Gobierno ni siquiera se atreve a dar las cifras. Así, cada comunidad interpreta los criterios en su favor, pero la suma de las cantidades anunciadas no cuadra con la cifra total que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. A estas alturas la única que tiene certeza de cuanto va a recibir es la Generalitat de Cataluña. Da la impresión de que el reparto lo hubiera hecho en realidad el Gobierno catalán. Los demás parecen meras comparsas. Y al que proteste se le dejan fuera de la fiesta.
El Gobierno convierte ahora cualquier crítica al nuevo sistema en una afrenta a Cataluña. Pero el problema en este caso no es que el Gobierno catalán pelee por obtener los mayores recursos posibles. El problema es que hay un Gobierno de España que es incapaz de mantener un principio de solidaridad entre comunidades, que antepone su interés partidista a los intereses generales de España y que da muestras de una absoluta irresponsabilidad en el gasto público. El sistema no falla porque cada parte reclame más dinero, sino porque no hay un gobierno capaz de defender el interés general de todos.
En todo caso, ya tiene mérito gastarse 12 mil millones de euros para no dejar contento a nadie, con la única excepción del gobierno catalán y en menor medida del andaluz. Es verdad que todas las comunidades deberán aceptar en última instancia el nuevo sistema como un mal menor, pero el sentimiento de injusticia ha calado en muchos ciudadanos. No es solo la quiebra financiera del Estado lo que está en juego, sino la quiebra misma de una Nación basada en los principios de igualdad y solidaridad entre sus ciudadanos.