Tras varios años de intensa negociación, el Gobierno ha puesto encima de mesa el nuevo modelo de financiación autonómica. Para contentar a sus aliados políticos, y así garantizarse la permanencia en el poder hasta final de legislatura, Salgado ha aumentado en 2.000 millones de euros la dotación extra a repartir frente al sistema que planteaba su antecesor, Pedro Solbes. De este modo, las autonomías percibirán 11.000 millones de euros adicionales hasta 2012.
Pese a que el nuevo modelo pretende contentar a todos, parece que los únicos plenamente satisfechos son los nacionalistas catalanes de ERC y sus socios en la Generalidad, los socialistas del PSC. No es de extrañar si se tiene en cuenta que Cataluña percibirá casi el 35% del nuevo pastel autonómico, dando así holgado cumplimiento al compromiso de inversión pública que establece el Estatuto catalán.
Sin embargo, lo preocupante del nuevo sistema no radica tanto en el cuánto sino en el cómo del reparto. Por un lado, resulta evidente que el Gobierno ha aplicado la huida hacia adelante en este ámbito. Con el fin de satisfacer a los nacionalistas, incrementa la cuantía a repartir con el riesgo, más que plausible, de tener que acudir a un mayor déficit público para sufragar el gasto.
Por otro lado, amplía la cesión de impuestos a las comunidades autónomas: en el IRPF pasa del 30% al 50%; en el IVA, del 35% al 50%; y en los impuestos especiales del 40% al 58%. La dotación de mayor autonomía fiscal es algo positivo, ya que la competencia tributaria entre autonomías se ha traducido en bajada e, incluso, eliminación de tributos.
La artífice de este milagro ha sido la Comunidad de Madrid. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre con la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Hasta tal punto esto es así, que regiones de todo color político se han visto obligadas a copiar esta iniciativa con el fin de evitar la fuga de capitales (empresas y contribuyentes) de sus respectivas regiones.
El nuevo sistema, sin embargo, está ideado para desincentivar la "competencia fiscal a la baja". Esto es, las rebajas tributarias a nivel autonómico. De este modo, el Gobierno se guarda un as en la manga, ya que podrá castigar con menos recursos a aquellas regiones que no hagan uso de toda su capacidad para recaudar impuestos.
Zapatero cumple así otra de las peticiones planteadas desde el PSC. A saber, que el Estado central ejerza de árbitro para evitar la "dañina" competencia fiscal que ejercen autonomías como la de Madrid a las arcas catalanas, tal y como reclamó en 2007 Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalidad. De hecho, el nuevo sistema abre la puerta a la fijación de una base mínima en Sucesiones y Donaciones.
Además, el Gobierno dispondrá de dos fondos adicionales –el de Competitividad y el de Cooperación– para repartir a su antojo un importante volumen de recursos, sin necesidad de tener que aplicar una metodología concreta. Esta arbitrariedad garantiza el uso de la financiación autonómica con fines meramente partidistas y electorales. Y es que, dicho modelo constituye una herramienta más de control e influencia política.
La solidaridad interterritorial se ha convertido en la excusa perfecta para asegurarse apoyos en el Parlamento y mantener regiones enteras subsidiadas durante décadas gracias a la aportación coactiva de los contribuyentes que trabajan en las regiones más ricas y prósperas del país. Un modelo de financiación idóneo, pues, para el mantenimiento de las corruptelas y para contrarrestar las escasas políticas liberales de algunas autonomías avanzadas, como la de Madrid. En resumen, más de lo mismo, sólo que peor.