Aunque parezca mentira, porque es ahí donde fundamentalmente se han cargado las tintas, el problema del cierre de Garoña no es que sus trabajadores se vayan a quedar en el paro. Por supuesto eso supone una tragedia personal que no conviene olvidar, pero sin obviar tampoco cuál es el verdadero coste que subyace a esta arbitraria decisión política.
Los trabajadores pueden recolocarse con cierta facilidad, tal y como se ha apresurado en remarcar el Gobierno. Trabajos potenciales los hay infinitos, y no es la escasez de tareas a realizar lo que genera un desempleo estructural. No.
El problema del cierre de Garoña es que se destruye un negocio que estaba generando riqueza y, como consecuencia, se destruyen unos puestos de trabajo que estaban orientados en la dirección adecuada: producir energía barata.
La oposición a la absurda decisión socialista ha insistido en las familias que se quedarán sin un salario, pero eso es un error. Ahí está un "generoso" Zapatero (siempre con el dinero ajeno, el de los contribuyentes, claro) presto a recolocar en un Parador Nacional o en cualquier otra descabellada ocurrencia los empleos que ha destruido. ¿Entonces? Entonces la diferencia estriba en que Zapatero se ha cargado empleos que eran capaces de pagarse sus propios salarios y pasará a crear otros puestos de trabajo que, precisamente por estar ubicados en actividades insostenibles sin la subvención pública, tienen que obtener sus remuneraciones de la riqueza que otros han generado.
Es la perversa lógica del Plan E: creemos empleos donde sea porque lo relevante no es a qué se dedique ese empleo, sino mantener a la gente ocupada en "algo", gastando o malgastando su tiempo y sus energías.
A los políticos les cuesta entender que los beneficios de la división del trabajo emergen de que cada uno se especialice en producir bienes y servicios que otros desean a cambio de que esos otros produzcan los bienes que ese uno demanda. Si empezamos a producir bienes y servicios caros e inútiles, la división del trabajo se quiebra, porque nadie está dispuesto a ofrecer su mercancía de calidad a cambio de unos cacharros averidos. El mercado tiende a readaptarse hasta lograr coordinar a las distintas personas. Pero el Gobierno puede bloquear ese proceso espontáneo de ajuste. Y ahí es donde interviene el Ejecutivo con sus subvenciones: dado que a una parte de la sociedad le impide ganarse el pan en esa división del trabajo, tiene que rapiñar a los que sí siguen generando riqueza para mantener a quienes ha arruinado.
Puro ABC del intervencionismo económico.