El precio de la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de la economía española. A pesar de que el parque de pisos vacíos en nuestro país se cuenta con cifras de siete dígitos, de que la economía española se encuentra inmersa en una muy profunda crisis, los precios de los activos inmobiliarios no se están reduciendo al ritmo que cabría esperar para poder finalizar el ajuste e inicarse el proceso de recuperación del sector. De hecho, sólo en Madrid, el broker inmobiliario Aguirre Newman estima que los precios aún deben de recortarse un 33%. ¿Por qué no se produce dicha bajada cuando en otros países que también han sufrido una burbuja inmobiliaria y su posterior estallido el ajuste de precios se está produciendo de forma más rápida? Una velocidad de ajuste, ésa, que permitirá a dichas naciones superar antes la crisis. Respuestas hay para todos los gustos. Para unos, la culpa es de la propia recesión económica española, que retrae a los posibles compradores ante las incertidumbres que pueden rodear su futuro laboral. Otros, en cambio, prefieren acusar a los bancos y cajas de ahorros porque están restringiendo el crédito con el fin de evitar correr riesgos innecesarios. Muy pocos, sin embargo, apuntan a Zapatero y sus políticas como uno de los principales responsables cuando sus culpas son muchas.
Zapatero se ha empeñado en que en España no puede quebrar ninguna entidad financiera porque, a su juicio, perjudicaría su imagen cuando nuestro país se haga cargo de la presidencia de turno de la Unión Europea el 1 de enero de 2010. Para ello está arbitrando todo tipo de medidas y ayudas con tal de que los bancos y cajas salgan adelante, incluso aquellas entidades incapaces de sobrevivir por sí mismas si no es con la ayuda del Estado. Con ello se está evitando que sus carteras de activos inmobiliarios, engrosadas en muchos casos con las viviendas procedentes de embargos por impago del crédito hipotecario, salgan al mercado a precios muy inferiores a los actuales. Se trata con ello, en última instancia, de evitar que bancos y cajas tengan que anotar en sus cuentas las pérdidas ocasionadas por esa venta, que debilitarían aún más sus ratios de capital e incrementarían sus números rojos y sus dificultades para salir adelante.
Lo mismo cabe decir de las medidas que el Gobierno está tomando para tratar de ayudar a los promotores inmobiliarios, los primeros que se niegan a asumir pérdidas por las inversiones realizadas en la compra de suelo y la edificación de viviendas. En su momento, sus representantes ya amenazaron con que si tenían que vender con pérdidas los pisos que hoy tienen vacíos, quienes les concedieron los créditos sufrirían las consecuencias. Vamos, que amenazaron a los bancos y cajas con el impago de esos créditos e, indirectamente, al Ejecutivo con hacer saltar por los aíres su estrategia de impedir que en España quiebre una sola entidad financiera.
De esta forma, Zapatero, prisionero de sus propias decisiones y sus propias acciones, está contribuyendo a prolongar innecesariamente el ajuste del sector inmobiliario y, con ello, a retrasar la salida de la crisis a costa de los españoles: a costa de quienes están en paro o se van a ir a él en los próximos meses y a costa, también, de quien necesite y pueda adquirir una vivienda en estos momentos por la cual va a tener que pagar un precio muy superior al que abonaría si se dejara que las cosas discurrieran por su curso natural. Son las consecuencias de gobernar pensando en los intereses particulares del presidente –que ya ni siquiera de su partido– y de dar la espalda a los más generales de la sociedad.