Hace ahora un año, Libertad Digital recogía la posible quiebra de los Tres Grandes de Detroit. Por entonces, el desplome de las ventas, la sequía del crédito y el abultado endeudamiento de General Motors (GM), Chrysler y Ford obligaron a dichas compañías a rogar al Gobierno la concesión de un crédito blando próximo a los 40.000 millones de dólares para evitar la quiebra.
Tras diversos rescates públicos, constantes inyecciones de liquidez y planes de reestructuración dictados por los políticos, GM y Chrysler se han declarado en bancarrota. De nada ha servido la intervención gubernamental para salvar a estos gigantes de la automoción estadounidense. El mercado manda y, tarde o temprano, impone su sabia ley: la oferta se tiene que ajustar a la demanda y la mala gestión empresarial acaba pasando factura.
General Motors se ha convertido en la mayor quiebra industrial de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pese al rotundo fracaso del Gobierno, Obama ha decidido nacionalizar la compañía con el falaz pretexto de evitar una "catástrofe" económica. Así, el 70% de la nueva empresa pasará a manos de las autoridades públicas. Nace, pues, la Government Motors (GM).
Parece que los políticos no aprenden. De hecho, vamos de mal en peor. El auxilio estatal prestado hasta el momento a los Grandes de Detroit ya se ha cobrado una elevadísima factura para el bolsillo de los contribuyentes. En concreto, tras la intervención pública de GM, cuyo coste asciende a 30.000 millones de dólares, el Ejecutivo ha despilfarrado ni más ni menos que 110.000 millones de dólares en la industria de la automoción: 50.700 millones para GM, 15.500 para Chrysler y más de 14.000 millones de dólares para rescatar a sus respectivas financieras –dedicadas a conceder créditos–, entre otras ayudas.
Para que se hagan una idea, tal cifra equivale al 10% del PIB de España. Un valioso dinero que ha sido tirado a la basura. Ambas compañías han quebrado y su necesaria reestructuración será inevitable. La costosa intervención del Gobierno tan sólo ha prolongado la agonía a cargo de los contribuyentes.
Lo peor, sin embargo, es que ahora el Estado se ha convertido en el gran motor de la industria automovilística del país tras la nacionalización de GM y Chrysler. Washington también fabricará coches. Obama preside en estos momentos la mayor empresa de automoción del mundo (el Tesoro es accionista mayoritario). Así pues, los problemas aún no han terminado.
Y es que, coches y Gobierno constituyen una "mala mezcla", tal y como advierte Jeffrey Tucker. El sesgo político no sólo desvirtúa necesariamente toda gestión empresarial sino que, además, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo se extiende por igual a todas las empresas que acaban bajo el control del Gobierno. La planificación política no opera con precios de mercado, señales básicas para el empresario.
Por ello no es de extrañar que este tipo de experimentos acabe en rotundos fracasos. ¿Es que acaso es necesario recordar la historia de la marca Dacia en la Rumanía comunista de Nicolae Ceaucescu? ¿O la maravilla del Trabant en la Alemania Oriental? ¿O el ahora prestigioso Jaguar bajo la dirección del Gobierno británico antes de su privatización? El zar de la automoción rumana bajo el yugo socialista refleja a la perfección sus experiencias.
Lo mismo sucede en otros sectores. ¿Se han preguntado por qué TVE siempre ha sido y será deficitaria? ¿O las pérdidas de Telefónica cuando era propiedad del Estado? ¿La inoperancia de la Seguridad Social? ¿El coste de las renovables? ¿El agujero negro de la agricultura subsidiada?
Y ahora me pregunto... ¿asistirá Estados Unidos al nacimiento de un nuevo coche del pueblo (Volkswagen) al estilo hitleriano? Visto lo visto, nada parece ya descartable.