El Gobierno parece que finalmente empieza a caerse de la burra y se muestra dispuesto a hablar de reforma laboral. Ojalá sus intenciones sean algo más que eso porque la economía española, que va camino de los cinco millones de parados, no puede seguir destruyendo empleo a mansalva –como lo viene haciendo desde hace un año– ni permitir que ese drama social que es encontrarse tanto sin trabajo como sin esperanzas de tenerlo pronto siga yendo a más. Es algo que va en contra no sólo de la salud de la economía española, sino del más mínimo sentido de cohesión de una sociedad. Lo malo es que todo apunta a que, al final, podría tratarse de una nueva operación de imagen, de transmitir la idea de que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible pero sin llegar, en verdad, a tomar las decisiones que hay que tomar. Y es que cuando las cosas se supeditan al diálogo social –que bien está que lo haya pero sin que sirva de excusa para que el Gobierno renuncie a gobernar– poco se puede esperar y menos aún cuando, ya de antemano y por razones ideológicas, se deja fuera de la mesa de negociaciones el primer punto: el coste del despido.
El Gobierno, lanzado como está a la más absoluta de las demagogias sociales, con eso de que los costes de la crisis no van a pagarlos los de siempre, o sea, los trabajadores, y de que quienes abogan por abaratar el despido son aquellos que tienen sus contratos blindados y no temen verse abocados a tener que lidiar personalmente con semejante drama socioeconómico, no quiere oír ni hablar para nada de abaratar las indemnizaciones por despido. Pero tanto el Ejecutivo como quienes asienten a sus argumentos se equivocan de plano porque sin una reforma laboral que incluya ese punto, los costes de la crisis van a seguir pagándolos los de siempre. Por muy mal que vayan las cosas, siempre habrá empresas trabajando y, por tanto, seguirán necesitando contables, directores financieros, jefes de venta, responsables de planificación y estrategia, directores de marketing y publicidad... porque por mucho que decaiga su actividad, mientras la compañía tenga alguna, seguirá necesitando a todo este tipo de personas. En cambio, si vende menos, el ajuste lo hará por quienes se encargan de producir esos bienes y servicios con los que comercia, es decir, trabajadores y personal administrativo, básicamente. Dicho de otro modo, "los de siempre", como ahora les ha dado en llamarlos a Zapatero y a Leire Pajín, son los que están soportando y sufriendo la mayor parte de la carga de la crisis.
¿Por qué es así? En buena medida por la propia naturaleza de las cosas, pero también porque como el coste del despido en España es tan elevado las empresas exprimen al máximo la contratación temporal, que les permite librarse de trabajadores sin coste alguno: sólo necesitan esperar a que venza el contrato y no renovarlo. Por esta razón, desde que se inició la crisis las cifras de paro en España se han disparado. Y es que cuando el 32% de los ocupados tienen, o tenían, contratos temporales, es muy fácil prescindir de ellos y, en muchos casos, esa decisión se toma casi de oficio, sin esperar a ver cómo evolucionan las cosas y sin considerar previamente otras opciones para reducir costes. Con un despido más barato, esos elevados índices de temporalidad que dicen los sindicatos –y ahora también la propia vicepresidenta económica, Elena Salgado– que tanto les preocupan habría crecido tanto y tan rápido porque las empresas no tendrían tantas facilidades para prescindir de personal.
Además, la carestía del despido se convierte, también, en uno de los principales obstáculos a la creación de empleo y, con ello, en uno de los lastres más pesados para superar la crisis. En medio de la que está cayendo, las empresas, a pesar de todas las dificultades con las que tienen que lidiar día a día, luchan por sobrevivir y siguen operando. En ocasiones se encuentran con que necesitan, o podrían necesitar, personal pero ante las enormes incertidumbres económicas que rodean su actividad no se atreven a hacerlo porque si luego tienen que prescindir de esas personas, ese coste puede resultar difícil de asumir. No hay que olvidar que el 90% del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas, donde todas estas cuestiones son muy sensibles. Así es que, teniendo en cuenta que por desgracia la actual crisis financiera va a ser larga y profunda, el coste del despido va a provocar que lo sea aún más.
En economía todo se relaciona con todo, y el coste del despido no sólo tiene que ver con que haya más o menos parados, sino con la propia situación económica en su conjunto. Si la gente encuentra trabajo, o no lo pierde, puede pagar sus créditos y, por tanto, los problemas de morosidad de los bancos y las cajas de ahorros se reducen. Si cuentan con un trabajo, pagan impuestos y no hay que abonarles prestación por desempleo alguna, esto redunda en beneficio de las cuentas públicas. Si trabajan, consumen y ahorran, se promueve la inversión, el crecimiento económico y el mantenimiento de otros puestos de trabajo, además de generar beneficios para las empresas con los cuales también pagan impuestos. Sin olvidar las cotizaciones a la Seguridad Social tanto del trabajador como de su empleador. Por tanto, la resolución de los problemas estructurales del mercado laboral es una de las piezas fundamentales para afrontar la actual crisis. No es la panacea, pero si se toman las medidas adecuadas, el impacto de la crisis se suavizará y será menos duradero, al tiempo que España empezaría a dejar de ser la fábrica de parados de Europa, porque nueve de cada diez personas de la UE que se quedan sin empleo están en nuestro país.