Admitir la existencia de un problema es condición necesaria para resolverlo, pero no suficiente porque el mero hecho de admitir que algo no funciona como debe no garantiza que lo que se plantee hacer sea lo más correcto. Esta reflexión viene a cuento del reconocimiento que acaba de hacer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, acerca de que el sistema público de pensiones es "insostenible". Algo parecido dijo no hace mucho tiempo el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el Gobierno casi en pleno se le echó encima cual fieras dispuestas a devorar su presa. Esperemos que ahora nadie desde Moncloa y sus aledaños salga negando las palabras de quien mejor conoce en nuestro país el verdadero estado de salud de la Seguridad Social (cosa que puede ocurrir teniendo en cuenta que estamos en vísperas de elecciones, porque el análisis de situación que ha realizado Granados tiene mucho sentido: refleja la verdadera situación del sistema y su reconocimiento es necesario para empezar a resolver el problema). Una nueva negación de esta situación no hará más que provocar que se siga perdiendo un tiempo precioso que después se va a tener que pagar muy caro.
Ahora bien, como digo, una cosa es admitir que hay un problema y otra muy distinta que la propuesta de soluciones que acompaña a ese reconocimiento sea la más adecuada. Así, Octavio Granados habla de que es necesario incrementar la tasa de empleo porque con ello se generan más ingresos para la Seguridad Social. Totalmente de acuerdo. El problema es que vivimos en un país que tiene un presidente del Gobierno, el señor Zapatero, que a base de intentar ser el campeón del socialismo se ha convertido en el gran triunfador en la carrera por la destrucción de puestos de trabajo. Conviene recordar que nueve de cada diez empleos que se están perdiendo en la Unión Europea desaparecen en España y así, desde luego, ni se van a resolver los problemas de la Seguridad ni nada que se le parezca. Es más, mientras para los demás países de la UE todo el mundo pronostica el inicio de la recuperación el año próximo, aquí nadie se atreve a poner fecha porque las características propias de nuestra crisis, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y las disparatadas políticas de ZP de por medio, están provocando que, además de intensa, la crisis vaya a ser muy larga. Hay quien cifra el fin de la misma en el 2016 y no se habla más que de la continuidad del aumento del paro, que puede llegar a alcanzar al 25% de la población activa. Así, desde luego, no se van a resolver los problemas.
Por otro lado, tampoco hay que llamarse a engaño. Aunque las cosas relacionadas con la crisis fueran diferentes y la recuperación pudiera iniciarse el próximo año, ni la economía española tiene ya la capacidad de crear un millón anual de puestos de trabajo ni aunque la tuviera el problema iba a desaparecer: sólo se retrasaría en el tiempo la llegada de la crisis. En consecuencia, se necesita otro tipo de soluciones. Granados apuesta por lo de siempre: poner coto a las jubilaciones anticipadas, retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación y ahora, incluso, hasta que los becarios coticen a la Seguridad Social –¿quién va a contratarlos entonces?–, mientras entre propuesta y propuesta se cuela de rondón la ampliación del periodo de cómputo para calcular el importe de la pensión, lo que implica su recorte. Pero todo esto no son más que parches cuyo resultado final es que habrá que prolongar la vida laboral y, de una u otra forma, rebajar las pensiones futuras para tratar de salvar el sistema. Porque eso es lo que se plantean nuestros políticos, no el cambio del mismo que es lo que de verdad se necesita, algo de lo que no quieren oír hablar porque ni es de izquierdas ni resulta demasiado popular.
No obstante, lo que verdaderamente se necesita es esa reforma, ese cambio de sistema que debería empezar por el impulso a los planes privados de pensiones. Pero aquí aparecen otra vez los problemas relacionados con la nefasta gestión de Zapatero en materia económica. Por un lado, como está tirando tanto dinero público y endeudando al Estado hasta las cejas de manera absurda, el margen presupuestario que podría haber para sustituir cotizaciones sociales por aportaciones presupuestarias para pagar las pensiones ha desaparecido: ese dinero va a tener que destinarse a satisfacer los intereses de la deuda. Y eso siempre y cuando el Gobierno no opte por eso que ha dicho recientemente la número 3 de los socialistas, Leire Pajín, de subir los impuestos a los más ricos, o sea, lo de siempre, que paguen los que más tienen. Por otro, porque con unas familias endeudadas hasta la coronilla, a causa de la locura de la burbuja inmobiliaria, y con más de cuatro millones de parados, camino ya de los cinco y de los seis millones, es difícil que muchos ciudadanos puedan tener margen para pagarse un plan privado de pensiones. En estas circunstancias, es lógico que el cambio de modelo sea impopular, además de que tanto los políticos como los sindicatos se niegan a perder un elemento de poder tan importante como el sistema público de pensiones.
Aún así, hay que hacer esa reforma, cueste lo que cueste y, además, tiene que venir acompaña de una política drástica de saneamiento presupuestario, cosa que tampoco sería tan difícil si se empezara a poner coto a la forma en que tanto el Estado como, y sobre todo, las autonomías tiran el dinero. El problema es quién le pone el cascabel al gato porque estos socialistas, por principios ideológicos, no quieren hacerlo y al PP siempre le ha dado miedo abordar la reforma de las pensiones por el temor al enfrentamiento con unos sindicatos a los que ellos, erróneamente, les devolvieron a la vida cuando estaban prácticamente destruidos. Ahora pagan las consecuencias, como vimos el otro día en la Asamblea de Madrid.